Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120521
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.521, "Monchiero, Marcelo Darío contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani, Torres, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada (v. fs. 292/304 vta.).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 312/328 vta.), siendo concedido por el citado tribunal solamente el mencionado en último término (v. fs. 330 y vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Marcelo Darío Monchiero y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de diferencias correspondientes a la prestación dineraria por incapacidad laboral, parcial y permanente prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 304 y vta.).
Para así decidir, tuvo por no controvertido que el promotor del juicio padece una incapacidad del 16,8% del índice de la total obrera -dictaminada por la Comisión Médica 10C el 13 de agosto de 2014- como consecuencia de la enfermedad profesional denunciada el día 3 de agosto de 2005, por la que la aseguradora le abonó la suma de $30.240, con fecha 28 de agosto de 2014 (v. vered., fs. 292/293 vta.).
Con la pericia contable juzgó acreditado que el valor del ingreso base mensual, sin contemplar los ítems no remuneratorios, ascendía al importe $2.481,86, en tanto su inclusión arrogaba la suma de $3.112,28 (v. vered., últ. fs. cit.).
En sentencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (en su otrora redacción) por limitar el cálculo del señalado ingreso base a rubros sujetos a aportes y contribuciones. En cambio, a diferente solución arribó en cuanto al planteo articulado en torno al período salarial considerado a esos fines (v. sent., fs. 297/300).
Conforme lo antedicho, determinó que la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 alcanzaba el monto de $43.784,55 ($3.112,28 -IBM- x 53 x 1,58 -65/41- x 16,8%; v. sent., fs. 300 vta.).
Asimismo, tras cotejar ese resultado con el tope establecido en el decreto 1.278/00, procedió a declarar su inconstitucionalidad, por hallarse en pugna con los arts. 14 bis de la Constitución nacional, 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y 31 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, y los principios de equidad, solidaridad y justicia social, fundamentos enunciados en los precedentes "Ascua", "Vizzoti", "Aquino", "Milone", "Perez" -entre otros- de la Corte nacional (v. sent., fs. 300 vta. y 301).
A partir de ello, hizo lugar -como se anticipó- al reclamo por diferencias en la prestación dineraria por incapacidad parcial permanente en la suma de $13.544,55, con más intereses moratorios calculados desde el 13 de agosto de 2014 (fecha que entendió como de "consolidación definitiva del daño"; v. vered., fs. 292 vta./293 vta.), con arreglo la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días denominada "tasa pasiva digital" (v. sent., fs. 301 vta./302 vta.), previa declaración de invalidez de la ley 14.399.
Finalmente, con sustento en la doctrina sentada en la causa L. 118.695, "Staroni", (sent. de 24-V-2016), dejando a salvo su opinión, rechazó la pretensión del accionante de aplicar al caso la ley 26.773.
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 323 vta./328), la legitimada activa plantea los siguientes agravios.
II.1. En primer lugar, objeta que el tribunal haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto al período a considerar para calcular el ingreso base mensual (v. fs. 324/325 vta.).
Al respecto, manifiesta que el resarcimiento abonado por Provincia ART S.A. resultó absolutamente insuficiente para reparar su pérdida de capacidad de ganancia, ya que fue calculado en función de una base salarial que no tenía relación con los haberes mensuales que venía percibiendo al momento del pago insuficiente, y -alega- ni siquiera con el percibido a la fecha de la primera manifestación invalidante.
Señala que la única responsable por la demora en la determinación de la incapacidad de la actora fue la aseguradora de riesgos del trabajo, debido a que, una vez otorgada el alta médica, esta última no impulsó el trámite ante las Comisiones Médicas, tal como lo dispone la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 744/03.
Agrega que este incumplimiento trajo aparejado la pulverización de su crédito laboral, en virtud del proceso inflacionario existente durante el tiempo transcurrido.
Sostiene que el citado art. 12 no establece ningún mecanismo de ajuste del módulo salarial, por lo que, un eventual incremento en la remuneración en el período que transcurre entre la fecha del siniestro y el momento del pago, no tiene efecto alguno en el cálculo del ingreso base.
De este modo -explica- se presenta la situación absurda en la que un trabajador que padece una enfermedad inculpable se encuentra en mejor condición que aquel otro que sufrió un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en tanto el primero va a percibir todos los aumentos salariales producidos durante el período de suspensión de sus servicios.
Denuncia que dicha norma infringe los principios constitucionales de igualdad ante la ley y alterum non laedere , así como el derecho de propiedad (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.), en tanto las indemnizaciones deben procurar una reparación equitativa. Cita en apoyo de su postura varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Nación (v.gr. "Aquino", "Milone", "Ascua", etc.).
II.2. Se agravia -también- de la fecha a partir de la cual el a quo dispuso que se calcularan los intereses (dictamen de incapacidad del 13 de agosto de 2014).
Sostiene, en principio, que si bien el juzgador dispuso que no correspondía declarar la invalidez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto al lapso considerado para calcular el ingreso base mensual, en tanto los intereses debían corregir los efectos distorsivos del paso del tiempo, al momento de fijarlos, lo hizo a partir del dictamen de la Comisión Médica, que entendió era el de consolidación jurídica del daño (v. rec., fs. 325 vta./327 vta.).
Asimismo, alega que el tribunal de grado arribó a dicha conclusión a partir de una errónea interpretación del art. 7, apartado segundo, de la ley 24.557, en el que se establecen los supuestos en los que cesa la situación de incapacidad laboral temporaria (v. rec., fs. 325 vta. y 326).
Aduce la norma debe interpretarse armónicamente, por lo que -entiende- la "consolidación del daño" se produce por la declaración del alta médica o por la determinación de incapacidad permanente, siempre que alguno de esos supuestos ocurriese antes de transcurrido el año de la primera manifestación invalidante; pero si cualquiera de esos eventos se produce con posterioridad, entonces el señalado hito (de naturaleza jurídica), se habría producido por el transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante (v. rec., últ. fs. cit.).
Plantea que la sentencia de origen no da solución a la pulverización del crédito del trabajador, producido por los efectos corrosivos y distorsivos del paso del tiempo entre la primera manifestación invalidante y aquella en que se determinó la incapacidad, demora que no puede imputarse ni perjudicar al trabajador (v. rec., últ. fs. cit.).
En definitiva, sostiene, en el caso la denominada "consolidación del daño" se produjo con el alta médica, momento en que cesó la incapacidad laboral temporaria y dejó de percibir la prestación dineraria de pago mensual del art. 13 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. rec., fs. 326 vta.).
Con cita de fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, remarca que, del juego armónico de los arts. 7 y 9, apartado segundo, de la ley 24.557 surge que el paso de la incapacidad temporaria a la permanente es en el que se concreta el derecho del actor y que, por ende, los intereses deben calcularse desde el alta médica, que fue cuando se consolidó jurídicamente el daño (v. rec., fs. 327 y vta.).
II.3. Por último, manifiesta que la indemnización a la que resulta acreedor el trabajador es una deuda de valor y no dineraria, por lo cual "...para indemnizar las pérdidas de ingresos futuros..." se deben tener en cuenta "...los ingresos que la víctima dejó de percibir, y no un salario fijado a la fecha de la primera manifestación invalidante...".
Asimismo, sostiene que la sentencia de grado viola la doctrina de esta Corte sentada en las causas L. 36.062, "Durand de Bazan" (sent. de 1-VII-1986) y L. 40.484, "Nogueira" (sent. de 6-XII-1988), en las cuales -en el marco de la ley 9.688- se estableció que el salario determinado en atención a un período anterior a la época en que el trabajador adquirió conocimiento de la incapacidad que lo afecta, debe traducirse a valores constantes hasta esta última fecha.
III. El recurso no prospera.
III.1. Considero que el planteo dirigido a controvertir el rechazo de la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo en lo relativo al período salarial computado para determinar el valor mensual del ingreso base, debe ser desestimado.
Utilizando una técnica recursiva equivocada, el recurrente pretende que se reemplace el mecanismo de fijación del ingreso base previsto en la ley (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante) por el que considera más adecuado a sus intereses (computar la remuneración devengada al momento de ser abonada la prestación), limitándose a señalar que el precepto impugnado viola los arts. 14 bis, 16, 17 y 19 de la Constitución nacional, mas soslaya fundamentar, con la profundidad que es exigible a un planteo dirigido a descalificar la validez constitucional de una norma legal, de qué manera habrían sido conculcadas en el caso dichas garantías constitucionales.
Al respecto, ha declarado este Tribunal que debe ser desestimado por insuficiente el planteo de inconstitucionalidad si la articulación ha sido vertida de manera genérica, incumpliendo el interesado con la carga impugnatoria que le es propia (causas B. 57.842, "Antonietti", sent. de 23-V-2001; L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014).
III.2. La crítica referida al momento a partir del cual se dispuso la estimación de los acrecidos tampoco prospera.
Al respecto, cabe recordar que determinar la fecha de exigibilidad del crédito y el inicio del cómputo de los intereses -en tanto resultan ser típicas cuestiones de índole fáctica- corresponden privativamente a los tribunales de grado, y las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria cuando se acredita el absurdo (causas L. 86.872, "Sánchez", sent. de 27-VI-2007; L. 94.289, "G., D.", sent. de 17-XII-2008; L. 104.828, "Arenillas", sent. de 29-VI-2011; L. 110.778, "Báez", sent. de 31-X-2012; e.o.), vicio que no ha sido siquiera denunciado por el recurrente, lo que sella definitivamente la suerte adversa de esta parte de la impugnación.
Sentado lo anterior, si bien no se me escapa que el agravio se apoya en la denuncia de infracción de los arts. 7 apartado segundo y 9 apartado segundo, de la ley 24.557, lo cierto es que -desde esta óptica- tampoco cumple el interesado con el cometido del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, máxime teniendo en consideración que el enfoque del cuestionamiento que porta el recurso se exhibe novedoso a la luz del contenido que, en subsidio, trae en la demanda.
Al respecto, tiene dicho esta Corte que si la cuestión que estructura el agravio fue invocada en los escritos de inicio con una dimensión y enfoque diferentes a los que se observan en la impugnación que porta el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -resultando por ende novedosa y extemporánea-, su planteo es improcedente para habilitar idóneamente la vía recursiva (causas L. 103.001, "Cantero", sent. de 16-II-2011; L. 104.919, "Roncayoli", sent. de 21-XII-2011; L. 117.099, "Schlotthaver", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.127, "García Maglione", sent. de 28-VI-2017).
III.3. Finalmente, igual suerte ha de correr el reproche fundado en la denuncia de violación de doctrina legal emanada de las causas L. 36.062, "Durand de Bazan" (sent. de 1-VII-1986) y L. 40.484, "Nogueira" (sent. de 6-XII-1988), en tanto ha sido elaborada sobre la base de presupuestos jurídicos diversos a los que se verifican en la presente litis (causas L. 98.777, "Trujillo", sent. de 21-III-2012 y L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015).
IV. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. El embate inaugural no es de recibo.
El interesado intenta evidenciar un desencaje constitucional en el mecanismo de fijación del ingreso base mensual previsto en el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante), lo hace con un planteo que luce insuficiente a la luz de los recaudos exigibles para transitar con éxito la casación (art. 279, CPCC).
Sin perjuicio de coincidir con las reflexiones que despliega aquí el doctor Genoud, he de observar que el impugnante le endilga al tribunal de grado haber omitido considerar ciertos "cuestionamientos constitucionales" que -a su juicio- se habrían formulado en el escrito de demanda. Sin embargo, y aun cuando pudiese considerarse que tal objeción se identifica con las causales que son propias de esta concreta vía de impugnación, en modo alguno se encarga de evidenciar la configuración del vicio de absurdo en la ponderación llevada a cabo por el órgano jurisdiccional de la mentada pieza procesal, carga de cumplimiento ineludible a tenor del contenido de la crítica (causas L. 97.912, "Cabrera", sent. de 14-X-2009 y L. 111.903, "Mobili", sent. de 10-XII-2014).
Además, soslaya controvertir las razones que esgrimió el tribunal de grado en el pronunciamiento para desestimar el planteo de inconstitucionalidad efectuado en la instancia (v. fs. 299/300). Luego, resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de inhábil al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir adecuada y eficazmente las conclusiones medulares del pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo decidido en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 94.850, "Vargas", sent. de 3-III-2010; L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014 y L. 119.096, "Centurión", sent. de 5-IV-2017).
I.2. En lo demás, adhiero a lo expuesto por el colega ponente en los puntos III.2. y III.3. de su opinión.
II. Con todo, suscribo la solución a la que se arriba en el apartado final del sufragio que abre este acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Considero que, en el caso concreto sometido a análisis, acierta el recurrente al objetar la desestimación del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (conf. texto anterior a la sanción de la ley 27.348, B.O. de 24-II-2017), en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base mensual (IBM).
I.1.a. Quedó acreditado en autos -mediante la pericial contable- que el total de las remuneraciones devengadas por el señor Monchiero en los doce meses anteriores a la fecha de la primera manifestación invalidante (3 de agosto de 2005) alcanzan un promedio mensual de $3.112,28 (v. vered., fs. 293 vta.); mientras que si se considera el correspondiente al año anterior a la fecha del pago insuficiente (más de nueve años luego) se elevaría hasta $25.747,54 (v. pericia contable, fs. 217 vta. y 218).
Desde esa perspectiva de análisis, fácil es advertir que el módulo salarial que surge de contemplar los doce meses anteriores al pago insuficiente resulta varias veces superior a aquel otro que se reconoce en la sentencia, diferencia que -a su vez- se proyecta sobre el importe final de la prestación sistémica.
I.1.b. Para resolver la cuestión aquí debatida, estimo de utilidad considerar los parámetros que la Corte Suprema de Justicia de la Nación aplicara al fallar en el conocido caso "Vizzoti", criterio que este Tribunal -por mayoría- hubo de seguir a partir del precedente L. 79.366, "Bravo Elizondo" (sent. de 28-VI-2006), en el que emití mi voto en primer término.
Recordé en aquella oportunidad que en la citada causa "Vizzoti", la Corte federal declaró que la indemnización por despido injustificado debe, necesariamente, guardar cierta proporcionalidad con el salario que percibía el dependiente antes de la extinción del contrato y que resulta confiscatorio que la base salarial que se utiliza para calcular la indemnización -de acuerdo a las pautas legales- sea inferior a un 67% de la remuneración efectivamente percibida (pauta porcentual que remite a jurisprudencia del Alto Tribunal relativa a que la confiscatoriedad se produce cuando la presión fiscal excede el 33% de la remuneración). En ese sentido, ha sostenido -en criterio que comparto- que no resulta justo ni equitativo que el salario se vea reducido en un porcentaje superior al señalado, estableciendo, por así decirlo, un nuevo límite a la base de cálculo del resarcimiento, diferente del propiciado por el propio art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
I.1.c. Como adelanté, entiendo que dicha postura, aun aplicada a una hipótesis diferente y diferenciable de la que aquí nos ocupa, resulta trasladable a un supuesto como el de autos, deviniendo indispensable analizar en cada caso concreto si la prestación asistencial compensa, de modo equitativo y razonable, las expectativas, goces y derechos conculcados por la contingencia.
Así las cosas, advierto que en la especie, la reparación que resulta de aplicar lisa y llanamente el art. 12 de la ley 24.557 -utilizando una base de cálculo desactualizada por tomarse en cuenta las remuneraciones devengadas más de nueve años antes de la fecha de pago-, al exceder holgadamente el porcentual citado, no atempera satisfactoriamente el daño padecido, provocando una injustificada reducción del crédito de carácter alimentario, vulnerando los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional.
I.1.d. En tales condiciones, corresponde en este caso concreto declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en lo relativo al período computable para calcular el ingreso base mensual (IBM), el que deberá determinarse con arreglo al 67% del promedio salarial que percibía el trabajador durante el año anterior a la fecha del pago insuficiente.
Y, si bien no se me escapa que el planteo introducido por la impugnante en su escrito de inicio -y reiterado ante esta instancia- se asienta en la pretensión de que se tome en consideración la última remuneración percibida por la trabajadora a la fecha de pago de la prestación
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