Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119400
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.400, "Novoa, Rosana Claudia contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani , Genoud, Kogan, Torres, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 217/233).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 241/272), habiendo sido concedido por el citado tribunal solo el último de ellos (v. fs. 274 y vta.).
Dictada a la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, dada la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar a la acción deducida por Rosana Claudia Novoa y condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonarle la suma que especificó en concepto de diferencia por la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 217/233).
Para así decidir, juzgó acreditado que la actora sufre "disfonía funcional irreversible crónica" como consecuencia de las tareas que desarrollara como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires; que por esa dolencia la Comisión Médica que intervino determinó que padece una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 19% del índice de la total obrera; que la primera manifestación invalidante se produjo el día 29 de abril de 2010 y que la consolidación del daño operó cuando la Comisión Médica determinó el porcentaje de incapacidad y definitividad del daño el 15 de noviembre de 2011 (v. fs. 223).
En lo que resulta relevante para resolver la controversia, el órgano de mérito declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 peticionada por la actora, en cuanto dicho precepto, a fin de determinar el valor mensual del ingreso base empleado para establecer las prestaciones dinerarias, excluye los rubros no remunerativos.
Con apoyo en la doctrina que identificó, señaló que la prestación dineraria mensual, por ser sustitutiva de la remuneración, no debería tener otro objetivo que no sea que el trabajador accidentado perciba durante el período en que no pueda prestar tareas un reemplazo de los que, hasta el día del accidente, fueron sus ingresos remuneratorios (v. sent., fs. 224 vta.). Precisó que el mantenimiento del valor del salario constituye un objetivo que apunta a la reparación del daño sufrido; y en ese orden -destacó- el citado precepto presenta un déficit que lo torna irrazonable, porque a diferencia de lo que acontece con el régimen de enfermedades inculpables (art. 208, LCT), no garantiza al dependiente el mantenimiento de sus ingresos cuando mediare un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
Manifestó que en tales condiciones resultaba ostensible la configuración de una diferencia -por disminución- generada por la aplicación de las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557, frente a las sumas reconocidas en el ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando el hecho productor del daño no es un accidente de trabajo o enfermedad profesional, sino un accidente o enfermedad denominada "inculpable", no profesional, anomalía que torna irrazonable el régimen y, por lo tanto, sujeto a su declaración de inconstitucionalidad (v. sent., fs. 225).
Concluyó que en el caso existían elementos suficientes que llevan a la convicción de que la metodología de cálculo prevista en el art. 12 de la ley citada no conducía a un resultado razonable, sino que mediante su aplicación se produciría una clara vulneración del derecho de propiedad. Entendió que en el caso el dispositivo legal impugnado colisionaba con los arts. 19 y 21 inc. 2 de la Constitución nacional, así como con los principios de integralidad, progresividad -y no regresión- en materia de seguridad social, contenidos en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial y en los arts. 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana -Protocolo de San Salvador-.
Seguidamente, desde otroángulo, desestimó la objeción constitucional efectuada por la accionante al citado art. 12 del régimen de infortunios laborales en lo concerniente al período computable de las remuneraciones que integran el cálculo del ingreso base, es decir, las devengadas en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante. Expresó que la voluntad del legislador, en ese sentido, fue fijar un límite concreto y definido sobre la generación de la afección. Remarcó que el hecho de haberse tomado conocimiento sobre la existencia de una posible invalidez, coloca al empleador en la situación de obligarse frente a la eventual contingencia. Alterar tal circunstancia -dijo- implicaría colocar a la demandada en una posición de inseguridad jurídica, ya que la misma no podría contar con elementos objetivos "estables" que le permitieran cuantificar un eventual resarcimiento. Destacó, además, que la eventualidad apuntada refiere al hecho que la propia ley consagra la existencia de "un período de provisionalidad" en el cual las patologías pueden o no llegar a remitir.
Por ello, -continuó- pretender cuantificar el eventual resarcimiento con elementos objetivos posteriores a tal período, significaría colocar en una situación de inseguridad jurídica y, por consiguiente, de indefensión a la demandada, quien se encontraría imposibilitada de prever concretamente sobre la dolencia. Reiteró que la voluntad del legislador no ha sido otra que la de poner términos claros y concretos sobre los cuales las partes puedan delimitar y cuantificar derechos y obligaciones (v. sent., fs. 227).
Añadió que debido a que la alteración en la salud de la trabajadora proviene de hechos anteriores a la primera manifestación invalidante, por elemental lógica, corresponde para su cuantificación, tomar los salarios percibidos -al menos en parte- en el período en que se fue produciendo tal daño, pues para corregir los efectos nocivos y distorsivos producidos por el paso del tiempo existe la tasa de interés.
En consecuencia, en ese entendimiento, computó como ingreso base la suma de $2.958,03 incluyendo rubros remunerativos y no remunerativos correspondiente al año anterior a la primera manifestación invalidante (mayo de 2009 a abril de 2010; v. fs. 227 vta.)
En otro orden, rechazó la aplicación en el caso de las disposiciones de la ley 26.773, tal como había sido solicitado por la demandante, pues ello -dijo- importaría la aplicación retroactiva de la normativa teniendo en cuenta que la contingencia de autos es anterior a la entrada en vigencia de la ley (v. fs. 227 vta./229 vta.).
Despejadas tales cuestiones, el juzgador determinó la prestación según la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley de Riesgos del Trabajo (dec. 1.694/09) en la suma de $43.787,42, de ese importe dedujo la suma de $34.889,90, resultando la condena de $8.897,52.
A dicho capital ordenó adicionar intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "home banking" (también llamado: plazo fijo digital), descartando en el caso -en orden a la pretensión actoral- la aplicación de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99, en virtud de los argumentos brindados por este Superior tribunal en la causa L. 113.328, "M., O. E." (sent. de 23-IV-2014), a los que remitió (v. sent., fs. 230 y vta.).
Finalmente, efectuó algunas consideraciones respecto de las manifestaciones de la accionante con relación a si el ajuste de los salarios por el plazo que se extiende desde la denuncia del siniestro hasta la determinación de incapacidad y el pago de las prestaciones establecidas en la Ley de Riesgos del Trabajo constituye una deuda de valor o de dinero (v. fs. 230 vta.)
Señaló el juzgador de origen que durante el lapso que transcurre desde la denuncia ("primera manifestación invalidante"), se inicia un trámite ante la aseguradora de riesgos del trabajo que -más allá de distintos cuestionamientos- puede estar constituido por sustituciones de salarios (prestaciones por ILT), gastos emergentes (prestaciones en especie), etc., a cargo de aquella. La trabajadora, en el caso, -señaló- gozó de licencias, prestaciones en especie y sustitución de salarios determinados mediante el mecanismo del art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo (conforme decreto 1.694/09).
Por otra parte -remarcó- si bien originariamente las prestaciones intentan resarcir un valor, la tarifación las transforma en "deudas dinerarias" y como tal regidas bajo las normas 23.928 y 25.561 -no cuestionadas en su validez constitucional-, por lo que el monto nominal de las indemnizaciones-prestaciones y de condena, no puede apartarse del principio "nominalista" que dichas normas imponen cuya constitucionalidad han ratificado la Corte nacional y provincial.
Lo dicho -señaló- no significa compartir el sostenimiento del principio mencionado en época de inflación como las que vive el país ni el desconocimiento de la categoría de "deudas de valor" que -subrayó- se hallan fuera del marco legal referido impuesto por las leyes 23.928 y 25.561. Las únicas obligaciones en las que impera el ya mencionado nominalismo, son en las de "dinero", como en la de autos (art. 772, Cód. Civ. y Com.). Por ello, concluyó, destacando el carácter "dinerario" de la obligación en cuestión, el daño por la mora en el pago se determina con intereses moratorios (v. sent., fs. 230 vta./231 vta.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 258 vta./272).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En sustancia, cuestiona el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto computa como módulo para cuantificar las prestaciones dinerarias el promedio de los salarios devengados en el año anterior a la primera manifestación invalidante.
Alega que esta pauta no resulta adecuada en procesos inflacionarios como el actual y de periódicos aumentos salariales, provocando una degradación del valor del ingreso base mensual. Sostiene que el dispositivo legal citado no establece ningún mecanismo de ajuste del módulo salarial, por lo cual, un eventual incremento de la remuneración para todos los trabajadores, resuelto con posterioridad al siniestro o a la aparición de la enfermedad profesional, no tiene efecto alguno en el ingreso base, produciéndose el congelamiento del salario del trabajador siniestrado o enfermo afectado al régimen de la ley 24.557.
De este modo -afirma- se presenta la absurda situación que un trabajador que padece una enfermedad inculpable se encuentra en mejor condición que aquel otro que sufrió un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en tanto el primero percibirá los aumentos salariales habidos durante el período de interrupción de sus servicios.
Concluye que la aplicación de la fórmula del art. 12 impide una adecuada reparación del daño sufrido por la trabajadora, transgrediendo, de ese modo, los arts. 14 bis, 16, 17 y 19 de la Constitución nacional.
II.2.a. Objeta que el tribunal de origen hubiera desestimado la aplicación de las disposiciones de la ley 26.773.
Explica que aun cuando dicha normativa entró en vigor con posterioridad a la primera manifestación invalidante, las prestaciones derivadas del infortunio no habían sido canceladas en su totalidad a aquella fecha. Afirma que la aplicación inmediata de las mejoras de la ley 26.773 al presente caso repara equitativa y adecuadamente el perjuicio sufrido por la actora (art. 19, Const. nac.) y no importa una violación del principio de irretroactividad de la ley sino su aplicación inmediata (v. fs. 265).
Con diversas citas jurisprudenciales, manifiesta que el art. 3 del Código Civil permite la aplicación inmediata de una norma a las consecuencias de una situación jurídica existente con anterioridad a su sanción en tanto las obligaciones emergentes de esa situación se encuentren pendientes de satisfacción al momento de entrar en vigencia la nueva disposición.
En función de lo expuesto, peticiona que se declare la aplicación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 al caso y se ajuste la indemnización reclamada según el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) entre la fecha de la denuncia de la enfermedad profesional y la del pronunciamiento atacado.
II.2.b. En subsidio de su pretensión, cuestiona la validez constitucional del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
II.3. Controvierte la fecha a partir de la cual el a quo determinó el cómputo de los intereses.
Señala que la sentencia impugnada fijó intereses desde la fecha de la determinación del porcentaje de incapacidad por la Comisión Médica (15-XII-2011) cuando -a su juicio- debió computarlos desde la fecha de la primera manifestación invalidante que sitúa en fecha 29 de abril de 2010 (v. rec., fs. 271).
II.4. Por último, manifiesta que la indemnización a la que resulta acreedora la trabajadora es una deuda de valor y no dineraria, por lo tanto, el deudor queda expuesto a la variación del precio del bien y no del signo monetario.
Expresa que en las deudas de valor "lo determinante es el salario como sujeto o módulo del que deviene el precio del valor. La lógica racional indica que para indemnizar las pérdidas de ingresos futuros, se atienda a los ingresos que la víctima dejó de percibir, y no a un salario anclado a la fecha de la primera manifestación invalidante de la dolencia..." (fs. 271 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde efectuar una primera consideración sobre la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, y particularmente, en lo referido al valor del litigio.
III.1.a. El tribunal de origen al llevar a cabo el juicio de admisibilidad del recurso deducido concluyó que en el caso, el valor de lo cuestionado no superaba el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial; sin perjuicio de ello, en lo tocante al agravio vinculado con el art. 12 de la ley 24.557, determinó que debía concederse sin las restricciones establecidas por la legislación procesal pues el recurrente había planteado una "...cuestión federal por violación de ley" (v. fs. 274 y vta.), decisión que no mereció objeciones.
III.1.b. Siendo ello así, y en efecto, teniendo en consideración que el recurrente -a dicha objeción circunscribe su argumentación- evidencia que el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del mentado art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo efectuado en la instancia involucra una cuestión federal (v. rec., fs. 241 vta. y 259 y vta.), corresponde tratar este aspecto de la impugnación sin la restricción que impone la ley adjetiva laboral en razón del valor de lo cuestionado; conclusión que no ha de proyectarse sobre los demás agravios, que serán abordados en el excepcional marco de revisión que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 85.710, "Aguirre", sent. de 26-IX-2007 y L. 117.338, "Tognoni", sent. de 4-III-2015).
III.2. El embate inaugural no es de recibo.
El interesado intenta evidenciar un desencaje constitucional en el mecanismo de fijación del ingreso base mensual previsto en el referido dispositivo de la ley 24.557 -en su versión anterior a las modificaciones de la ley 27.348- (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante), lo hace con un planteo que luce insuficiente a la luz de los recaudos exigibles para transitar con éxito la casación (art. 279, CPCC).
Le endilga al tribunal de grado haber omitido considerar ciertos "cuestionamientos constitucionales" que -a su juicio- se habrían formulado en el escrito de demanda. Sin embargo, y aun cuando eventualmente pudiese considerarse que tal objeción se identifica con las causales que son propias de esta concreta vía de impugnación, en modo alguno se encarga de evidenciar la configuración del vicio de absurdo en la ponderación llevada a cabo por el órgano jurisdiccional de la mentada pieza procesal, carga de cumplimiento ineludible a tenor del contenido de la crítica (causas L. 97.912; "Cabrera", sent. de 14-X-2009 y L. 111.903, "Mobili", sent. de 10-XII-2014).
Además, soslaya controvertir las razones que esgrimió el tribunal de grado en el pronunciamiento para desestimar el planteo de inconstitucionalidad efectuado en la instancia (v. fs. 226 vta. y 227), sintetizadas en el primer apartado de la presente. Luego, resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de inhábil al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir adecuada y eficazmente las conclusiones medulares del pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo decidido en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 94.850, "Vargas", sent. de 3-III-2010; L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014 y L. 119.096 "Centurión", sent. de 5-IV-2017).
III.3. Tampoco puede prosperar el embate con relación a la pretendida aplicación de la ley 26.773 en la especie.
El pronunciamiento al respecto no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534 "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308: 1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
El caso entonces, debe ser resuelto por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente.
Siendo ello así, siguiendo la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria- en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-IV-2016) y ceñido al abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia juzgó el caso, entiendo que no le asiste razón al recurrente.
III.3.a. En efecto, la ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B. O. de 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
Es indudable que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones pertinentes, la reforma de la ley 26.773 ha mantenido el criterio adoptado por las normas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00 y 1
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.