Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119085
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.085, "Olguín, Viviana Marcela contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad Profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan , Soria, Genoud, Torres, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, por mayoría, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada, atento -en lo sustancial- su condición de vencida (v. fs. 187/203).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 210/228 y 228/234, respectivamente), los que, rechazados por el citado tribunal a fs. 236 y vta., fueron concedidos por esta Suprema Corte (v. fs. 330/331 vta.) al hacer lugar al recurso de queja interpuesto a fs. 296/325 vta.
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 337/338 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 347), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas desarrolladas para la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Viviana Marcela Olguín padece disfonía funcional irreversible (denunciada el día 22 de octubre de 2004), que le provoca una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del 20,05% del índice de la total obrera -incluyendo los factores de ponderación-, conforme fuera dictaminado por la comisión médica interviniente el día 23 de enero de 2012.
Asimismo, que Provincia ART S.A. le abonó a la accionante (en dos cuotas, con fechas 8 y 13 de febrero de 2012) la suma total de $17.019,25 en concepto de prestación dineraria de pago único en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. vered., fs. 188 vta.).
Declaró también, que si bien la primera manifestación invalidante de la patología se verificó el día 22 de octubre de 2004, la consolidación definitiva del daño se produjo al determinarse el grado incapacitante otorgado por la comisión médica el 23 de enero de 2012 (v. vered., fs. 189).
Consideró -además- que el valor mensual del ingreso base, teniendo en cuenta las remuneraciones percibidas por la actora en el año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante, asciende a $795,26; y que dicho guarismo, incluyendo los rubros considerados como no remunerativos alcanza la suma de $1.250,66 (v. vered., fs. 189 vta.).
En lo que resulta especialmente relevante para la resolución de la litis, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por no incluir dicha norma para el cálculo del valor mensual del ingreso base a rubros denominados no remunerativos.
En ese orden de ideas, expresó que resulta ostensible la configuración de una notoria diferencia generada por la aplicación de las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557, frente a las sumas reconocidas en el ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando el hecho productor del daño no es un accidente o una enfermedad profesional, sino un accidente o enfermedad denominada "inculpable" (art. 208, LCT) en tanto garantizan al trabajador impedido de laborar la percepción de una suma equivalente a su retribución.
Sobre la base de estas premisas, concluyó que existían en autos elementos suficientes que llevaban a la convicción cierta de que la metodología de cálculo del art. 12 de la ley 24.557 no se ajusta a parámetros por los que se arribe a un resultado razonable, sino que -por el contrario- mediante su aplicación se produce una clara vulneración del derecho de propiedad. De allí que el dispositivo legal impugnado entra en frontal colisión con los principios contenidos en los arts. 19 y 21 inc. 2 de la Constitución nacional, así como con los principios de integralidad y progresividad previstos en los arts. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana -"Protocolo de San Salvador"-, que justifica su declaración de inconstitucionalidad (v. sent., fs. 195/197 vta.).
Sin embargo, no hizo lo propio en cuanto la citada norma, al definir la base de cálculo, alude a los haberes percibidos durante el año anterior a la primera manifestación invalidante (v. fs. 197 vta./198 vta.).
Con arreglo -entonces- al ingreso así determinado ($1.250,66) y al porcentaje de incapacidad ya definido, se dispuso el a quo a calcular el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 para determinar las diferencias existentes a favor de la reclamante, estimando aquellas en la suma de $26.048,67 ($1.250,66 x 53 x 20,05% x 1,96; v. sent., fs. 199).
Sobre tal suma, el juzgador hubo de descontar los $17.019,26 oportunamente percibidos, alcanzando un monto final de $9.029,41 (v. sent., fs. 199 vta.).
Luego, dispuso aplicar intereses sobre el capital de condena a cargo del Fisco (autoasegurado) -desde la fecha de consolidación del daño (23 de enero de 2012) y hasta la fecha de sentencia- a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito (pasiva) a través del sistema "Banca Internet Provincia" a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 199 vta. y 200).
Finalmente, desestimó la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773 peticionada en el alegato por tratarse de una contingencia cuya primera manifestación invalidante data del 22 de octubre de 2004 (v. sent., fs. 200 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial local y de la doctrina legal que identifica.
En lo sustancial, sostiene que el pronunciamiento de grado omitió expedirse sobre una cuestión esencial sometida a juzgamiento, cual es: la pretensión asentada en el mantenimiento del valor del módulo salarial base de cálculo de la prestación dineraria a la fecha de fijación de la incapacidad laboral de la trabajadora.
Señala que, para determinar el importe de la prestación de la reclamante, la aseguradora tomó como referencia un salario base (vigente al momento de la primera manifestación invalidante, conf. art. 12, cit.) que no tiene relación con sus verdaderos ingresos, pues el tiempo transcurrido entre la denuncia de la enfermedad y el dictamen de la comisión médica provocó la completa pulverización del crédito.
Argumenta que si bien el a quo declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto a los rubros a tomar en cuenta para calcular el ingreso base salarial -incluyendo los conceptos no remunerativos para su determinación-, no lo hizo en lo tocante al momento en que la norma dispone que debe ser computada.
Recuerda que en el momento procesal oportuno peticionó paliar los efectos nocivos y distorsivos del tiempo mediante la aplicación del índice de ajuste RIPTE entre la fecha de la denuncia de la contingencia (22 de octubre de 2004) y la del pago que se reputó insuficiente (13 de febrero de 2012), planteo que resultó rechazado por el juzgador pese a tratarse del único previsto por el sistema asistencial especial, sin siquiera aplicar intereses moratorios por el referido período (v. fs. 220 vta./228).
III. El recurso no ha de prosperar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General (v. fs. 337/338 vta.).
En efecto, contrariamente a lo que se denuncia en el escrito impugnativo, no advierto que se haya preterido el tratamiento de una cuestión esencial para la suerte del litigio en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, ya que la pretensión dirigida a obtener el mantenimiento del valor del ingreso base a la fecha de fijación de la incapacidad laboral de la trabajadora para calcular adecuadamente la prestación dineraria, ha sido materia de expreso tratamiento por parte del a quo , conforme lo ilustra el relato de los antecedentes.
Al respecto, el tribunal interviniente -reitero- decidió expresamente no declarar la invalidez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 respecto del tópico, e indicó -en lo esencial- que la voluntad del legislador en oportunidad del dictado de la citada norma no ha sido otra que la de fijar un límite concreto y definido sobre la generación de la afección (tal como lo es la denuncia en los términos del art. 43 de la LRT), ya que el hecho de haberse tomado conocimiento sobre la existencia de una posible invalidez, coloca al empleador en una situación de obligarse frente a la eventual contingencia (v. sent., fs. 197 vta./198 vta.).
Asimismo, descartó luego la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773 atento la fecha de la primera manifestación invalidante (v. fs. 200 y vta.).
En ese orden, tiene reiteradamente dicho esta Corte que la omisión de tratamiento de una cuestión esencial que provoca la nulidad del fallo (art. 168 de la Constitución provincial) es aquella que se configura por descuido o inadvertencia del juzgador, situación que no acontece si el tópico fue expresamente abordado y resuelto en la sentencia de grado, aunque en forma negativa a las pretensiones del impugnante, resultando ajeno al ámbito del remedio procesal intentado el acierto jurídico de esa decisión (causas L. 96.748, "Callejo", sent. de 25-VIII-2010; L. 100.492, "Pérez", sent. de 10-III-2011 y L. 106.682, "Vilchez", sent. de 8-VIII-2012; e. o.).
Resta indicar que la eventual infracción de la garantía constitucional que se denuncia (vinculada al derecho de defensa en juicio, consagrado en el art. 18 de la Constitución nacional) resulta ajena al recurso extraordinario de nulidad (causas L. 87.795, "Carvani", sent. de 24-II-2010; L. 97.240, "Menéndez", sent. de 25-VIII-2010 y L. 101.558, "Tarascón", sent. de 3-V-2012; e. o.).
IV. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de nulidad debe ser rechazado, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria, Genoud, Torres, Borinsky y Violini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la legitimada activa denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17 y 19 de la Constitución nacional; 7 y 12 de la ley 24.557 y de la doctrina legal que identifica.
Objeta la sentencia en cuanto desestimó la pretensión de que se utilizara para el cálculo indemnizatorio un módulo salarial equivalente al percibido a la fecha del dictamen de incapacidad laboral (23 de enero de 2012) y de que, a tal efecto, se declarara -en ese aspecto- la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.
En concreto, se agravia de que el juzgador ubicara la consolidación jurídica del daño en el momento en que la comisión médica interviniente estableció el porcentaje de incapacidad, mientras que -continúa- para calcular la prestación dineraria se valió del salario -incluyendo los conceptos no remunerativos- que percibía la actora a la fecha de la denuncia de la contingencia (22 de octubre de 2004).
Con tal sustento cuestiona que el a quo desestimara la pretensión de ajustar el capital adeudado en función del índice RIPTE previsto en la ley 26.773, a los fines de corregir los efectos del tiempo y subsanar la situación de iniquidad. Tampoco acogió -añade- el pedido subsidiario de aplicar intereses entre la fecha de la contingencia y la del pago de la -insuficiente- prestación.
Al respecto, denuncia que el tribunal de trabajo interpretó erróneamente el art. 7 apartado 2 de la ley 24.557 por cuanto, ante la inexistencia de un alta médica o de la determinación de la incapacidad laboral permanente, la consolidación del daño debió ubicarse al transcurrirse un año de la primera manifestación invalidante, es decir: el 11 de marzo de 2005 y, desde dicho momento habría de haberse liquidado intereses.
Advierte que la aplicación de las pautas establecidas en el art. 12 de la ley 24.557 para determinar el ingreso base, tanto en lo tocante a los rubros tomados en cuenta como en lo relativo a la fecha de los haberes que se consideran a tales efectos, resultan inconstitucionales al afectar -entre otros- el derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución nacional.
En concreto, expresa que en autos se suscita una situación muy particular derivada del hecho de que la incapacidad de la actora fue determinada por la comisión médica más de siete años luego de que se denunciara la dolencia ante la aseguradora, y la prestación asistencial se calculó en base a un ingreso base mensual obtenido en función de los salarios nominales percibidos por la actora durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, cuando la remuneración se había incrementado notoriamente.
Finalmente, solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 con los alcances expresados en el escrito de demanda y en el recurso en tratamiento (v. fs. 228/234).
II. El recurso no prospera.
II.1. De modo liminar, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por la diferencia existente entre el importe reclamado en la demanda en concepto de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (ajustado, según indica, al 23 de enero de 2012) y aquel por el cual prosperó- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Ac. 3.748/15)- sin que corresponda adicionar -contrariamente a lo sostenido por la interesada (v. fs. 229)- intereses a dicha suma (causas L. 90.108, "Rodríguez", sent. de 30-IX-2009 y L. 96.351, "Bonifacich", sent. de 6-IV-2011), por no haber sido materia de agravio concreto en la vía examinada, razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte se circunscribe a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; L. 103.432, "Zanuttini", sent. de 6-XI-2012; L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e. o.). En consecuencia, esta Suprema Corte debería, en principio, limitar su intervención a constatar si efectivamente se ha violado la doctrina invocada por la recurrente.
Empero, no puede soslayarse que el agravio que porta el remedio extraordinario deducido (por el que se pretende la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (conf. su versión anterior a la reforma de la ley 27.348), en lo tocante al momento tomado en cuenta para definir el ingreso base del trabajador involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En ese sentido, ha declarado este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490, in re "Strada"; Fallos: 311:2478, in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
II.2. Aclarado ello, advierto que el embate no resulta atendible.
II.2.a. En lo que interesa, juzgó acreditado el tribunal que el ingreso base mensual de la actora -tomando en cuenta los rubros denominados no remunerativos- era de $1.250,66 al momento de la primera manifestación invalidante (v. vered., fs. 189 vta.).
En la etapa de sentencia, y tras declarar la invalidez constitucional de la norma examinada por no incluir los rubros denominados no remunerativos para el cálculo del valor mensual del ingreso base (v. sent., fs. 195/197 vta.); procedió de modo diferente en aquella parcela de la norma referida al período computable para su cálculo.
Al respecto, entendió que la voluntad del legislador en oportunidad del dictado de la norma no ha sido otra que la de fijar un límite concreto y definido sobre la generación de la afección (tal como es la denuncia en los términos del art. 43 de la Ley de Riesgos del Trabajo). Esto es así, ya que el hecho de haberse tomado conocimiento sobre la existencia de una posible invalidez, coloca al empleador en una situación de obligarse frente a la eventual contingencia. Alterar tal circunstancia -prosiguió- implicaría colocar a la demandada en una posición de inseguridad jurídica, ya que la misma no podría contar con elementos objetivos "estables" que le permitieran cuantificar un eventual resarcimiento.
Agregó que dicha eventualidad refiere al hecho de que la propia ley consagra la existencia de un "período de provisionalidad", en el cual las patologías pueden o no llegar a remitir.
Explicó luego que, ante tal situación, pretender cuantificar un eventual resarcimiento con elementos objetivos posteriores a tal período, resultaría colocar en una situación de inseguridad jurídica y por consiguiente de indefensión a la demandada, quien se encontraría imposibilitada de prever concretamente sobre la dolencia.
Concluyó que, para corregir los efectos nocivos y distorsivos producto del paso del tiempo, se erige la tasa de interés (v. fs. 197 vta./198 vta.).
II.2.b. Ante estas definiciones, la recurrente sustenta su postulación por la que procura la descalificación constitucional del art. 12 de la ley 24.557 en el aspecto señalado, en el cuestionamiento en torno a la fecha en que el juzgador asentó la consolidación jurídica del daño, denunciando la errónea interpretación de la normativa aplicable, en particular, del art. 7 de la ley 24.557.
II.2.c. Sin embargo, como adelanté, no logra la interesada abastecer la carga impuesta por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Esta Corte ha declarado que determinar la fecha de consolidación del daño -en tanto resulta ser una típica cuestión de hecho- corresponde privativamente a los tribunales de grado, y las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria cuando se invoca y se acredita absurdo (causas L. 94.289, "G., D. O.", sent. de 17-XII-2008 y L. 110.778, "Baez", se
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