Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120617
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.617, "Prieto, Sandra Rosana contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria , Kogan , Pettigiani , Torres, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 327/337).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 342/358 vta.), los que fueron concedidos por el órgano de grado a fs. 359.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 369/371), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas que desarrollara como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Sandra Rosana Pietro contrajo una enfermedad profesional diagnosticada como "disfonía funcional irreversible" (denunciada ante la aseguradora el 2-VIII-2010) por la cual (el día 5-XI-2013) la Comisión Médica correspondiente le fijó una incapacidad del 17,5% del índice de la total obrera.
Asimismo, que Provincia ART S.A. le abonó a la accionante la suma total de $82.742,36 en concepto de prestación dineraria de pago único en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Declaró también que la consolidación definitiva del daño se produjo el día 20 de diciembre de 2012, en oportunidad de determinarse el grado incapacitante reconocido por la Comisión Médica (v. vered., fs. 327 vta./328 vta.).
Consideró -además- que el valor mensual del ingreso base, teniendo en cuenta las remuneraciones percibidas por la actora en el año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante, asciende a $6.450,58; y que dicho guarismo, en caso de incluir los rubros considerados como no remunerativos alcanza la suma de $7.157,08 (v. vered., fs. 328 vta.).
En lo que resulta especialmente relevante para la resolución de la litis, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por no incluir los rubros denominados no remunerativos a los fines de calcular el IBM -Ingreso Base Mensual- (v. sent., fs. 332 y vta.).
En ese orden de ideas, con apoyo en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Pérez c/ Disco S.A." y "González c/ Polimat S.A.", expresó que el sistema legal es irrazonable por desentenderse de la verdadera ganancia del trabajador en los términos del art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo y del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo.
Sobre la base de esas premisas, concluyó que -en el caso- devenía ilógico "pulverizar el módulo salarial, porque el empleador liquida salarios injustamente ‘desalarizados’", toda vez que el dispositivo legal impugnado entra en frontal colisión con los principios contenidos en los arts. 19 y 21 inc. 2 de la Constitución nacional, así como con los principios de integralidad y progresividad previstos en los arts. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana -"Protocolo de San Salvador"-, lo que justifica su declaración de inconstitucionalidad.
Seguidamente, desde otroángulo, por mayoría, desestimó la objeción constitucional efectuada por la accionante al citado art. 12 del régimen de infortunios laborales en lo concerniente al período computable de las remuneraciones que integran el cálculo del ingreso base, es decir, las devengadas en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante. Señaló que "...luego de la ‘primera manifestación invalidante’ se da comienzo a un trámite ante la ART que (más allá de distintos cuestionamientos valorativos que no son definitorios en autos) pueden estar constituidos por sustituciones de salarios (ILT), gastos emergentes (prestaciones en especie), etc., a cargo de la ART. Y que la expedición de la Comisión médica está condicionada a su intervención a pedido del interesado, que en autos estuvo motivada por presentación de la actora, recién el 2 de agosto de 2010" (sent., fs. 332 vta. y 333).
Con arreglo -entonces- al ingreso así determinado ($7.157,08) y al porcentaje de incapacidad ya definido, se dispuso el a quo a calcular el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 para determinar las diferencias existentes a favor de la reclamante, estimando aquella en la suma de $91.607,04 ($7.157,08 x 53 x 1,38 x 17,5%; v. sent., fs. 333 vta.).
Sobre tal suma, el juzgador hubo de descontar los $82.742,36 oportunamente percibidos, alcanzando un monto final de $8.864,68 (v. sent., fs. cit.).
Luego dispuso aplicar intereses sobre el capital de condena -desde la fecha de consolidación del daño (5-XI-2013) y hasta su efectivo pago- a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito (pasiva) a través del sistema "Banca Internet Provincia" a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 333).
Finalmente, desestimó la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773 peticionada a fs. 127 y en el alegato por tratarse de una contingencia cuya primera manifestación invalidante data del 2 de agosto de 2010 (v. sent., fs. 333 vta./334 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 342/358 vta.).
En sustento del primero de los remedios procesales citados, refiere que el a quo transgredió los arts. 18 de la Constitución nacional; 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial local y la doctrina legal que identifica.
Afirma que el juzgador de grado omitió pronunciarse acerca de una cuestión a su criterio esencial, cual es el mantenimiento del módulo salarial base de cálculo de la prestación dineraria a la fecha de fijación de la incapacidad laboral de la trabajadora, de manera de permitir una adecuada reparación del daño y reflejar adecuadamente la pérdida de la capacidad de ganancia de la trabajadora (v. rec., fs. 342 vta./353 vta.).
Por otro lado, plantea que la sentencia de origen es arbitraria, porque -alega- su razonamiento escapa a las leyes lógico formales, en tanto debió haber declarado la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 para mantener el valor del salario y lograr la reparación del daño sufrido.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el recurso no puede prosperar.
III.1. Inicialmente, es menester recordar que el remedio extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013; L. 116.854, "Orellano", sent. de 19-II-2014 y L. 117.722, "Sibilla", sent. de 28-X-2015).
En este orden de ideas, cabe señalar que no son cuestiones esenciales, en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, los argumentos expuestos por las partes en apoyo de sus pretensiones (causas L. 33.607, "Romero", sent. de 14-V-1985 y L. 62.767, "Fascinato", sent. de 20-IV-1999).
Las objeciones traídas por la impugnante no revisten el evocado carácter puesto que se orientan a señalar aquellos argumentos que, a su entender, han sido desatendidos por el tribunal de grado, lo que es materia impropia de la presente vía recursiva. Lo cierto es que la cuestión consistente en el mantenimiento del valor del módulo salarial que se usa como base de cálculo de la prestación dineraria, ha sido resuelta por el a quo , aunque en un sentido adverso a la pretensión la demandante.
En efecto, el juzgador de la instancia de origen, al resolver el planteo dirigido a objetar la constitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -en cuanto al período computable para el cálculo del valor del IBM-, señaló que "...luego de la ‘primera manifestación invalidante’ se da comienzo a un trámite ante la ART que (más allá de distintos cuestionamientos valorativos que no son definitorios en autos) pueden estar constituidos por sustituciones de salarios (ILT), gastos emergentes (prestaciones en especie), etc, a cargo de la ART. Y que la expedición de la Comisión médica está condicionada a su intervención a pedido del interesado, que en autos estuvo motivada por presentación de la actora, recién el 2 de agosto de 2010" (sic., sent., fs. 332 vta. in fine y 333).
III.2. Por lo demás, cabe recordar que resultan cuestiones ajenas al remedio en examen, tanto la denuncia de violación de garantías consagradas en la Constitución nacional, como la vinculada a la supuesta "arbitrariedad" del pronunciamiento (causas L. 101.558, "Tarascón", sent. de 3-V-2012; L. 118.696, "Praxair", resol. de 25-II-2015 y L. 118.629, "Paganini", resol. de 24-VI-2015).
III.3. Finalmente, no corresponde examinar la hipótesis prevista en el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Más allá de la cita efectuada por el recurrente, no se advierte desarrollo de agravios relativos a una eventual ausencia de fundamentación legal del pronunciamiento de origen.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani, Torres , Borinsky y Violini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora denuncia error de interpretación de la ley 24.557.
I.1. Objeta que se haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y que, por ese conducto, se desestimara el pedido de calcular el ingreso base tomando en cuenta las remuneraciones devengadas a la fecha en que se determinó la incapacidad laboral de la actora.
Señala que el resarcimiento abonado por Provincia ART S.A. resultó absolutamente insuficiente para reparar su pérdida de capacidad de ganancia, ya que fue calculado en función de una base salarial que no tenía relación con los haberes mensuales que percibía al momento en que la Comisión médica fijó el grado de invalidez de la trabajadora.
Alega que la única responsable por la demora en la determinación de la incapacidad de la trabajadora fue la aseguradora, debido a que, una vez otorgada el alta médica, esta última no impulsó el trámite ante las Comisiones Médicas, tal como lo dispone la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 744/03 (v. rec., fs. 354 y vta.).
Agrega que este incumplimiento trajo aparejado la "pulverización" de su crédito laboral, en virtud del proceso inflacionario existente durante el tiempo transcurrido.
Sostiene que el citado art. 12 no establece ningún mecanismo de actualización o recomposición salarial, por lo que, ante un eventual incremento salarial con posterioridad al siniestro o aparición de la enfermedad profesional no tiene efecto alguno en el cálculo del ingreso base. De este modo -explica-, se presenta la situación absurda en la que un trabajador que padece una enfermedad inculpable se encuentre en mejor condición que aquel otro que sufrió un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en tanto el primero va a percibir todos los aumentos salariales producidos durante el período de suspensión de sus servicios.
Denuncia infringidos los principios constitucionales de igualdad ante la ley y alterum non laedere (arts. 16 y 19, Const. nac.), en tanto las indemnizaciones deben procurar una reparación equitativa. Cita en su apoyo varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Nación (v. fs. 355 vta.).
I.2. Por otro lado, cuestiona que el a quo haya establecido como fecha de consolidación jurídica del daño el día en que la Comisión médica fijó la incapacidad laboral de la trabajadora (5-XI-2013). Con cita del art. 7 de la ley 24.557 aduce que tal supuesto aconteció el día 2 de agosto de 2011, luego de transcurrir un año desde la primera manifestación invalidante (2-VIII-2010).
I.3. Finalmente, manifiesta que la indemnización a la que resulta acreedora la trabajadora es una deuda de valor, por lo cual "...para indemnizar las pérdidas de ingresos futuros..." se deben tener en cuenta "...los ingresos que la víctima dejó de percibir, y no un salario fijado a la fecha de la primera manifestación invalidante..." (v. fs. 357 vta. in fine y 358).
Asimismo, sostiene que la sentencia de grado viola la doctrina de esta Corte sentada en las causas L. 36.062, "Durand de Bazan", sentencia de 1-VII-1986 y L. 40.484, "Nogueira", sentencia de 6-XII-1988, donde -en el marco de la ley 9.688- se estableció que el salario determinado en atención a un período anterior a la época en que el trabajador adquirió conocimiento de la incapacidad que lo afecta, debe traducirse a valores constantes hasta esta última fecha.
II. El recurso no prospera.
II.1.a. Liminarmente, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no excede el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013; L. 116.461, "Arriola", sent. de 31-VII-2013; L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; e.o.).
II.1.b. Empero, no puede soslayarse que el agravio dirigido a rebatir el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348- (en cuanto ordena calcular el ingreso base tomando como módulo los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante) involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2.478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
II.2. El agravio que objeta la decisión del tribunal de grado que descartó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -respecto al período computable para el cálculo del ingreso base- debe ser rechazado.
II.2.a. Por un lado, cuadra señalar que, utilizando una técnica recursiva equivocada, la recurrente pretende que se reemplace el mecanismo de fijación del ingreso base previsto en la ley (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante) por el que considera más adecuado a sus intereses (a la fecha en que se determinó la incapacidad laboral), limitándose a señalar que el precepto impugnado viola los arts. 14 bis, 16, 17 y 19 de la Constitución nacional (v. fs. 355 vta. y 356), más soslaya fundamentar, con la profundidad que es exigible a un planteo dirigido a descalificar la validez constitucional de una norma legal, de qué manera habrían sido conculcadas en el caso dichas garantías constitucionales.
Al respecto, ha declarado este Tribunal que debe ser desestimado por insuficiente el planteo de inconstitucionalidad si la articulación ha sido vertida de manera genérica, incumpliendo el interesado con la carga impugnatoria que le es propia (causas B. 57.842, "Antonietti", sent. de 23-V-2001; L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012; e.o.).
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN, Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.), de allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012 y L. 117.127, "L., J. M.", sent. de 16-VII-2014).
II.3. Respecto al agravio que refiere a la determinación de la fecha de consolidación del daño, el mismo resulta inatendible.
Tal como ya lo ha sostenido esta Suprema Corte, en el marco excepcional previsto por el art. 55 de la ley 11.653, corresponde el rechazo de la crítica que contenga el recurso cuando no se ha denunciado a su respecto la vulneración de doctrina legal alguna, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por dicha vía (causas L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 115.488, "Cahuapé Pereyra", sent. de 10-IX-2014 y L. 118.436, "Llanos", sent. de 15-VI-2016).
Asimismo, en cuanto entiende infringida la delineada en la causa "Ac. 44.415 10/11/07" (v. fs. 356 vta.), cabe advertir que los datos aportados no permiten individualizar correctamente dicho pronunciamiento.
Resta decir que la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte, y no la que proviene de los fallos
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