Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119501
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.501, "Terechovich, Graciela Noemí contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (empleador autoasegurado). Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata acogió parcialmente la demanda deducida, imponiendo las costas a la accionada en su calidad de vencida (v. fs. 174/185).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 190/206 y 206/219 vta., respectivamente).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 414/416), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Graciela Noemí Terechovich y condenó al Fisco provincial -autoasegurado- a pagar la suma que específicamente determinó en concepto de diferencia adeudada por prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva derivada de su enfermedad profesional (conf. art. 14 apartado 2 inc. "a", ley 24.557).
II. La parte actora interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 190/206 y 206/219 vta., respectivamente).
En sustento del primero de los remedios procesales citados, refiere que el a quo transgredió el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, toda vez que omitió el tratamiento de cuestiones que resultaban esenciales para la correcta solución del litigio.
En ese orden, afirma que el tribunal de trabajo soslayó resolver el planteo formulado en el escrito de inicio vinculado al mantenimiento del valor del módulo salarial sobre cuya base debía calcularse la prestación dineraria a la fecha de fijación de la incapacidad laboral.
Argumenta que si bien dicho órgano jurisdiccional declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -en cuanto no incluye para la determinación del ingreso base a sumas de carácter "no remunerativo"-, no consideró el salario mensual devengado por la trabajadora al momento de la denuncia de la contingencia (esto es, el día 26-IV-2010), sino el que resultó del promedio obtenido de todas las remuneraciones del año anterior a esa fecha.
Indica que el sentenciante tampoco recompuso el crédito de la actora durante el período comprendido entre la primera manifestación invalidante (26-IV-2010) y el pago de las prestaciones dinerarias (20-IV-2012), ya sea, mediante la aplicación de intereses o del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773. En este último aspecto argumenta que es erróneo el análisis que de tales normas -y del art. 17 apartado 5 de ese mismo régimen legal- se llevó a cabo en la instancia de grado.
Insiste en manifestar que no se brindó respuesta alguna a la argumentación plasmada en demanda por la que se puso de relieve que el art. 12 de la ley 24.557 provoca el congelamiento del salario del trabajador siniestrado o enfermo, quien se ve doblemente afectado al no computarse, por un lado, los aumentos salariales obtenidos con posterioridad a la fecha de la primera manifestación invalidante, y, por el otro, al quedar subsumidos los incrementos obtenidos en el año anterior al siniestro dentro del promedio del total de las remuneraciones percibidas.
En definitiva, refiere que nunca fue tratada por el tribunal de grado la circunstancia denunciada en la demanda relativa a que el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo fija un módulo salarial que no guarda relación con la remuneración percibida por la trabajadora al momento de fijársele la incapacidad laboral, ni con la que cobraba a la fecha de denuncia de la contingencia, y que tampoco contempla un mecanismo de ajuste teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha de la primera manifestación invalidante y la de pago de la prestación dineraria.
III. El recurso no puede prosperar.
Como lo señala el señor Subprocurador General en su dictamen (v. fs. 235), el agravio referido a la preterición de cuestiones esenciales se desentiende de la respuesta integral que el juzgador brindó en relación a la tacha de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.
En efecto, el a quo expuso las razones por las cuales consideró que -en el caso- no correspondía la descalificación constitucional de la norma, en lo que respecta al período computable para el cálculo del ingreso base (v. sent., fs. 179 vta.).
Siendo ello así, el planteo introducido por la accionante no es idóneo para determinar la anulación del pronunciamiento, pues la cuestión que se denuncia omitida ha sido expresamente tratada por el tribunal de grado, aunque en sentido adverso a sus pretensiones; sin que importe a los fines del remedio procesal intentado el acierto o mérito de la decisión (causas L. 112.990, "Sánchez", resol. de 24-XI-2010; L. 94.183, "Giorello", sent. de 9-XII-2009; L. 89.223, "Jiménez", sent. de 5-III-2008; e.o.).
En lo que respecta a las restantes motivaciones que definen el contenido del presente carril de impugnación, también coincido con el señor Subprocurador General en cuanto sostiene que tales alegaciones configuran la imputación de típicos errores in iudicando , que solo pueden ser canalizados a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 119.066, "H., M.", sent. de 6-IV-2016; L. 117.273, "Delias", sent. de 24-IX-2014; L. 104.325, "Roldán", sent. de 22-VIII-2012; e.o.).
IV. Por lo expuesto, oído el señor Subprocurador General, propongo rechazar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan, los señores Jueces doctores Pettigiani, Torres, Borinsky y Violini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte actora denuncia la errónea interpretación y aplicación de las leyes 24.557 y 26.773, así como la transgresión de los arts. 16, 17 y 19 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita.
I.1. Se agravia inicialmente de la definición de grado que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo en cuanto establece que a los efectos de calcular el valor mensual del ingreso base corresponde promediar los haberes percibidos por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante.
Señala que el resarcimiento abonado por Provincia ART S.A. resultó absolutamente insuficiente para reparar su pérdida de capacidad de ganancia, ya que fue calculado en función de una base salarial que no tenía relación con los haberes mensuales que percibiera a la fecha de la primera manifestación invalidante, debiéndose tomar la remuneración real que corresponda al momento histórico del siniestro o de la denuncia.
Manifiesta que la única responsable por la demora en la determinación de la incapacidad de la actora fue la aseguradora de riesgos del trabajo, debido a que, una vez otorgada el alta médica, esta última no impulsó el trámite ante las Comisiones Médicas, tal como lo dispone la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 744/03.
Agrega que este incumplimiento trajo aparejado la pulverización de su crédito laboral, en virtud del proceso inflacionario habido en ese tiempo transcurrido.
Sostiene que el citado art. 12 no establece ningún mecanismo de actualización o recomposición salarial, por lo que, ante un eventual incremento en la remuneración en el período que transcurre entre la fecha del siniestro y el momento del pago, no tiene efecto alguno en el cálculo del ingreso base. De este modo -explica-, se presenta la situación absurda en la que un trabajador que padece una enfermedad inculpable se encuentre en mejor condición que aquel otro que sufrió un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en tanto el primero va a percibir todos los aumentos salariales producidos durante el período de suspensión de sus servicios.
Denuncia que dicha norma infringe los principios constitucionales de igualdad ante la ley y alterum non laedere , así como el derecho de propiedad (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.), en tanto las indemnizaciones deben procurar una reparación equitativa. Cita en apoyo de su postura varios pronunciamientos de la Corte Suprema de la Nación (v.gr. "Aquino", "Milone", "Ascua", etc.).
I.2. Por otra parte, peticiona que el importe del resarcimiento sea ajustado por el índice RIPTE contemplado por art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, argumentando sobre el particular -con apoyo en precedentes jurisprudenciales y opiniones de los distintos autores que cita- que dicho precepto normativo se refiere a las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente sucedidas durante la vigencia de la ley 24.557 y los decretos 1.278/00 y 1.694/09, al disponer que estas se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme el índice RIPTE, desde el 1 de enero de 2010.
Aduce que la recta interpretación de los apartados 5 y 6 del art. 17 la ley 26.773 conduce a sostener que en dicho régimen especial no se ha seguido el criterio general de aplicación ceñido a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera luego de su publicación, sino que dispone su directa operatividad sobre todas las prestaciones dinerarias adeudadas, es decir, respecto de accidentes o enfermedades del trabajo ocurridos con anterioridad.
Expone que en esa línea de razonamiento también se inscriben las disposiciones contenidas en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto prescriben que las nuevas leyes se aplicarán a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.
En tales condiciones, alega que si bien el hecho antecedente (primera manifestación invalidante) nació cuando estaba vigente la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09, las consecuencias del infortunio no fueron canceladas en su totalidad por lo que corresponde aplicar al caso la nueva normativa.
En subsidio, y para el caso de que esta Corte interprete que el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 no permite la aplicación de los arts. 8 y 17 apartado 6 del mismo cuerpo legal a contingencias ocurridas con anterioridad a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, solicita que el mismo sea declarado inconstitucional.
Ello, con sustento en que el citado artículo contradice los fines sociales y protectorios que amparan al trabajo subordinado, afectando -de este modo- el derecho de propiedad y los principios de igualdad ante la ley de no regresión (arts. 14 bis, 16, 17 y 75, inc. 23, Const. nac.).
I.3. Censura además la fecha desde la cual fueron calculados los intereses en la instancia de grado.
Indica que en el fallo se omite toda referencia a la concreta petición plasmada en la demanda sobre la aplicación de intereses compensatorios desde la fecha de la denuncia de la contingencia hasta la del pago de la prestación dineraria.
Señala que al fijarse intereses moratorios desde la fecha del dictamen de incapacidad (19-III-2012), la sentencia no da solución a la pulverización -verificada en la especie- del crédito de la trabajadora, de naturaleza alimentaria, producido por los efectos distorsivos y corrosivos del paso del tiempo ocurridos desde la primera manifestación invalidante (26-IV-2010).
Refiere que de conformidad con lo establecido por el art. 7 de la ley 24.557, en el caso, la consolidación jurídica del daño se produjo el día en que se otorgó el alta médica a la actora, esto es: el 22 de octubre de 2010, que es el momento en el que cesa el período de incapacidad laboral temporaria, dejando de percibir la trabajadora la prestación dineraria de pago mensual a la que hace alusión el art. 13 de esa misma ley. De allí que, concluye, en todo caso, los intereses debieron computarse a partir de esta última fecha.
I.4. Por último, manifiesta que la indemnización a la que resulta acreedora la trabajadora es una deuda de valor, por lo cual "...para indemnizar las pérdidas de ingresos futuros..." se deben tener en cuenta "...los ingresos que la víctima dejó de percibir, y no un salario fijado a la fecha de la primera manifestación invalidante...".
Asimismo, sostiene que la sentencia de grado viola la doctrina de esta Corte sentada en las causas L. 36.062, "Durand de Bazan", sentencia de 1-VII-1986 y L. 40.484, "Nogueira", sentencia de 6-XII-1988, donde -en el marco de la ley 9.688- se estableció que el salario determinado en atención a un período anterior a la época en que el trabajador adquirió conocimiento de la incapacidad que lo afecta, debe traducirse a valores constantes hasta esta última fecha.
II. El recurso no prospera.
II.1.a. En primer lugar, habré de señalar que la impugnante no se ocupa de demostrar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia supere el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, soslayando así cumplimentar uno de los requisitos esenciales a los que hace alusión dicha norma.
Tal falencia no puede ser salvada por esta Corte, pues es el recurrente quien tiene la carga procesal de acreditar que el valor del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 96.737, "Coccioli", sent. de 1-X-2008; L. 100.898, "Olazar", sent. de 3-III-2010; L. 107.973, "Cale", sent. de 4-VII-2012; L. 115.072, "Cipolletti", sent. de 28-VIII-2013 y L. 117.480, "Chaparro", sent. de 11-III-2015).
II.1.b. Siendo ello así, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el presente medio de impugnación en el marco de la excepción contemplada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 103.432, "Zanuttini", sent. de 6-XI-2012; L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.283, "Guzmán", sent. de 24-IX-2014; L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.782, "Galarza", sent. de 7-IX-2016).
II.1.c. Sin embargo, y teniendo en consideración que el recurrente evidencia que el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del mentado art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (conf. texto anterior a la reforma de la ley 27.348) efectuado en la instancia involucra una cuestión federal, corresponde tratar este aspecto de la impugnación sin la restricción que impone la ley adjetiva laboral en razón del valor de lo cuestionado.
II.2. Aclarado ello, el mentado planteo debe ser rechazado.
El interesado intenta evidenciar un desencaje constitucional en el mecanismo de fijación del ingreso base mensual previsto en el referido dispositivo de la ley 24.557 (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante), lo hace con un planteo que luce insuficiente a la luz de los recaudos exigibles para transitar con éxito la casación (art. 279, CPCC).
Le endilga al tribunal de grado haber omitido considerar ciertos "cuestionamientos constitucionales" que -a su juicio- se habrían formulado en el escrito de demanda. Sin embargo, en modo alguno se encarga de evidenciar la configuración del vicio de absurdo en la ponderación llevada a cabo por el órgano jurisdiccional de la mentada pieza procesal, carga de cumplimiento ineludible a tenor del contenido de la crítica (causas L. 97.912, "Cabrera", sent. de 14-X-2009 y L. 111.903, "Mobili", sent. de 10-XII-2014).
Además, soslaya controvertir las razones que esgrimió el tribunal de grado en el pronunciamiento para desestimar el planteo de inconstitucionalidad efectuado en la instancia (v. fs. 179 vta.). Luego, resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de inhábil al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir adecuada y eficazmente las conclusiones medulares del pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo decidido en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 94.850, "Vargas", sent. de 3-III-2010; L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014 y L. 119.096, "Centurión", sent. de 5-IV-2017).
II.3.a. Tampoco merece favorable recepción el cuestionamiento por el que se pretende la aplicación del índice RIPTE previsto en la ley 26.773.
Sobre este concreto aspecto del caso, el recurrente no ha alegado la configuración de ningún supuesto que conduzca a desplazar el recaudo relativo a la cuantía económica del asunto.
Y en este contexto, en modo alguno demuestra que el tribunal de grado haya trasgredido la doctrina legal. Antes bien, el criterio que expone contrasta con el adoptado por este Tribunal a partir de la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, oportunidad en la que se estableció que -salvo excepción consagrada que aquí no concurre- las mejoras introducidas en la referida ley 26.773, sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia; lineamientos reiterados en otros precedentes (causas L. 118.738, "Noguera", sent. de 17-V-2017; L. 118.038, "Díaz", sent. de 5-VII-2017; L. 118.061, "Astorri", sent. de 9-VIII-2017; L. 118.771, "Lucero", sent. de 20-IX-2017; e.o.) y que concuerdan con los esgrimidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016.
II.3.b. En orden al subsidiario planteado de inconstitucionalidad que efectúa el quejoso del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, este debe ser desestimado pues no cuenta con denuncia de violación de doctrina legal de este Tribunal, y en una mejor hipótesis, contiene análogas falencias a las identificadas en el punto II.2. del presente.
II.4. Las mismas consideraciones que expuse al comienzo del apartado anterior de este voto se extienden para rechazar el agravio que refiere al momento a partir del cual el a quo dispuso la aplicación de intereses, pues el recurrente vincula al embate con la trasgresión de la doctrina sentada en precedentes de las distintas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -ver recurso de fs. 217/218-, siendo ella inidónea para fundamentar el remedio procesal bajo examen.
II.5. Finalmente, debe desestimarse el reproche fundado en la denuncia de violación de doctrina legal emanada de las causas L. 36.062, "Durand de Bazan", sentencia de 1-VII-1986 y L. 40.484, "Nogueira", sentencia de 6-XII-1988, en tanto ha sido elaborada sobre la base de presupuestos jurídicos diversos a los que se verifican en la presente litis (causas L. 98.777, "Trujillo", sent. de 21-III-2012 y L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015).
Asimismo, en cuant
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