Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120542
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.542, "Segura, Olga Beatriz contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 284/294).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 301/317 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 329/330), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas que desarrollara como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la señora Olga Beatriz Segura contrajo una enfermedad profesional diagnosticada como "disfonía funcional irreversible" -denunciada ante la aseguradora el día 20 de agosto de 2010- por la cual -el día 20 de diciembre de 2012- la Comisión Médica correspondiente le fijó una incapacidad del 18,5% del índice de la total obrera -incluyendo los factores de ponderación-.
Asimismo, que Provincia ART S.A. le abonó a la accionante la suma total de $94.133,27 en concepto de prestación dineraria de pago único en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Declaró también que la consolidación definitiva del daño se produjo en oportunidad de determinarse el grado incapacitante reconocido por la Comisión Médica el día 20 de diciembre de 2012 (v. vered., fs. 284/285 vta.).
Consideró -además- que el valor mensual del ingreso base (IBM), teniendo en cuenta las remuneraciones percibidas por la actora en el año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante, asciende a $8.282,72, y que dicho guarismo, en caso de incluir los rubros considerados como no remunerativos alcanza la suma de $8.833,97 (v. vered., fs. 286).
En lo que resulta especialmente relevante para la resolución de la litis, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por no incluir a los rubros denominados no remunerativos a los fines de calcular el ingreso base mensual (v. sent., fs. 289 y vta.).
En ese orden de ideas, expresó que el sistema legal es irrazonable por desentenderse de la verdadera ganancia del trabajador en los términos del art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo y del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -con apoyo en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Pérez c/ Disco S.A." y "González c/ Polimat S.A."-.
Sobre la base de esas premisas, concluyó que -en el caso- devenía ilógico "...pulverizar el módulo salarial, porque el empleador liquida salarios injustamente 'desalarizados'", toda vez que el dispositivo legal impugnado entra en frontal colisión con los principios contenidos en los arts. 19 y 21 inc. 2 de la Constitución nacional, así como con los principios de integralidad y progresividad previstos en los arts. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana -"Protocolo de San Salvador"-, lo que justifica su declaración de inconstitucionalidad.
Seguidamente, desde otroángulo, desestimó la objeción constitucional efectuada por la accionante al citado art. 12 del régimen de infortunios laborales en lo concerniente al período computable de las remuneraciones que integran el cálculo del ingreso base, es decir, las devengadas en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante. Señaló que "...luego de la 'primera manifestación invalidante' se da comienzo a un trámite ante la ART que (más allá de distintos cuestionamientos valorativos que no son definitorios en autos) pueden estar constituidos por sustituciones de salarios (ILT), gastos emergentes (prestaciones en especie), etc, a cargo de la ART. Y que la expedición de la Comisión médica está condicionada a su intervención a pedido del interesado, que en autos estuvo motivada por presentación de la actora, recién el 20/08/2010" (sic., sent., fs. 290).
Con arreglo -entonces- al ingreso así determinado ($8.833,97) y al porcentaje de incapacidad ya definido, se dispuso el a quo a calcular el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 para determinar las diferencias existentes a favor de la reclamante, estimando aquella en la suma de $100.475,80 ($8.833,97 x 53 x 1,16 x 18,5%; v. sent., fs. 290 vta.).
Sobre tal suma, el juzgador hubo de descontar los $94.133,27 oportunamente percibidos, alcanzando un monto final de $6.342,53 (v. sent., fs. cit.).
Luego dispuso aplicar intereses sobre el capital de condena -desde la fecha de consolidación del daño (20 de diciembre de 2012) y hasta su efectivo pago- a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito (pasiva) a través del sistema "Banca Internet Provincia" a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 290 y vta.).
Finalmente, desestimó la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773 peticionada en la demanda y el alegato por tratarse de una contingencia cuya primera manifestación invalidante data del día 20 de agosto de 2010 (v. sent., fs. 290 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 301/317 vta.).
En sustento del primero de los remedios procesales citados, refiere que el a quo transgredió los arts. 18 de la Constitución nacional; 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial local y la doctrina legal que identifica.
Afirma que el juzgador de grado omitió pronunciarse acerca de una cuestión a su criterio esencial, cual es el mantenimiento del módulo salarial base de cálculo de la prestación dineraria a la fecha de fijación de la incapacidad laboral de la trabajadora, de manera de permitir una adecuada reparación del daño y reflejar adecuadamente la pérdida de la capacidad de ganancia de la trabajadora (v. rec., fs. 301/312).
Por otro lado, plantea que la sentencia de origen es arbitraria, porque -alega- su razonamiento escapa a las leyes lógico formales, en tanto debió haber declarado la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 para mantener el valor del salario y lograr la reparación del daño sufrido.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el recurso no puede prosperar.
III.1. Inicialmente, es menester recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013; L. 116.854, "Orellano", sent. de 19-II-2014 y L. 117.722, "Sibilla", sent. de 28-X-2015).
En este orden de ideas, cabe señalar que no son cuestiones esenciales, en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, los argumentos expuestos por las partes en apoyo de sus pretensiones (causas L. 33.607, "Romero", sent. de 14-V-1985 y L. 62.767, "Fascinato", sent. de 20-IV-1999).
Los cuestionamientos traídos por el impugnante no revisten tal entidad de esencialidad, sino que se orientan a señalar aquellos argumentos que, a su entender, han sido desatendidos por el tribunal de grado, lo que es materia impropia de la presente vía recursiva. Lo cierto es que la cuestión consistente en el mantenimiento del valor del módulo salarial que se usa como base de cálculo de la prestación dineraria, ha sido resuelta por el a quo , aunque en un sentido adverso a la pretensión la demandante.
En efecto, el juzgador de la instancia de origen, al resolver el planteo dirigido a objetar la constitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -en cuanto al período computable para el cálculo del valor del IBM-, señaló que "...luego de la 'primera manifestación invalidante' se da comienzo a un trámite ante la ART que (más allá de distintos cuestionamientos valorativos que no son definitorios en autos) pueden estar constituidos por sustituciones de salarios (ILT), gastos emergentes (prestaciones en especie), etc, a cargo de la ART. Y que la expedición de la Comisión médica está condicionada a su intervención a pedido del interesado, que en autos estuvo motivada por presentación de la actora, recién el 20/08/2010" (sic., sent., fs. 290).
III.2. Por lo demás, cabe recordar que resultan cuestiones ajenas al remedio en examen, tanto la denuncia de violación de garantías consagradas en la Constitución nacional, como la vinculada a la supuesta "arbitrariedad" del pronunciamiento (causas L. 101.558, "Tarascón", sent. de 3-V-2012; L. 118.696, "Praxair", resol. de 25-II-2015 y L. 118.629, "Paganini", resol. de 24-VI-2015).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani, Torres, Borinsky y Violini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora denuncia error de interpretación de la ley 24.557.
I.1. Objeta que se haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y que, por ese conducto, se desestimara el pedido de calcular el ingreso base tomando en cuenta las remuneraciones devengadas a la fecha en que se determinó la incapacidad laboral de la actora.
Señala que el resarcimiento abonado por Provincia ART S.A. resultó absolutamente insuficiente para reparar su pérdida de capacidad de ganancia, ya que fue calculado en función de una base salarial que no tenía relación con los haberes mensuales que percibía a la fecha en que se determinó la incapacidad laboral de la actora.
Alega que la única responsable por la demora en la determinación de la incapacidad de la trabajadora fue la aseguradora, debido a que, una vez otorgada el alta médica, esta última no impulsó el trámite ante las comisiones médicas, tal como lo dispone la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 744/03 (v. rec., fs. 313 y vta.).
Agrega que este incumplimiento trajo aparejado la "pulverización" de su crédito laboral, en virtud del proceso inflacionario existente durante el tiempo transcurrido.
Sostiene que el citado art. 12 no establece ningún mecanismo de actualización o recomposición salarial, por lo que, ante un eventual incremento salarial con posterioridad al siniestro o aparición de la enfermedad profesional no tiene efecto alguno en el cálculo del ingreso base. De este modo -explica-, se presenta la situación absurda en la que un trabajador que padece una enfermedad inculpable se encuentre en mejor condición que aquel otro que sufrió un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en tanto el primero va a percibir todos los aumentos salariales producidos durante el período de suspensión de sus servicios.
Denuncia infringidos los principios constitucionales de igualdad ante la ley y alterum non laedere (arts. 16 y 19, Const. nac.), en tanto las indemnizaciones deben procurar una reparación equitativa. Cita en su apoyo varios pronunciamientos de la Corte Suprema de la Nación (v. fs. 314 vta.).
I.2. Por otro lado, cuestiona que el a quo haya establecido como fecha de consolidación del daño el día en que la Comisión Médica fijó la incapacidad laboral de la trabajadora (20 de diciembre de 2012). Refiere que de conformidad a lo establecido por el art. 7 de la ley 24.557, en el caso, la consolidación jurídica del daño se produjo el día en que se otorgó el alta médica a la actora, esto es: el 9 de noviembre de 2010.
I.3. Finalmente, manifiesta que la indemnización a la que resulta acreedora la trabajadora es una deuda de valor, por lo cual "...para indemnizar las pérdidas de ingresos futuros..." se deben tener en cuenta "...los ingresos que la víctima dejó de percibir, y no un salario fijado a la fecha de la primera manifestación invalidante..." (fs. 316 vta. y 317).
Asimismo, sostiene que la sentencia de grado viola la doctrina de esta Corte sentada en las causas L. 36.062, "Durand de Bazan", sentencia de 1-VII-1986 y L. 40.484, "Nogueira", sentencia de 6-XII-1988, donde -en el marco de la ley 9.688- se estableció que el salario determinado en atención a un período anterior a la época en que el trabajador adquirió conocimiento de la incapacidad que lo afecta, debe traducirse a valores constantes hasta esta última fecha.
II. El recurso no prospera.
II.1. En primer lugar, habré de señalar que el impugnante no se ocupa de demostrar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia supere el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, soslayando así cumplimentar uno de los requisitos esenciales a los que hace alusión dicha norma.
Tal falencia no puede ser salvada por esta Corte, pues es el recurrente quien tiene la carga procesal de acreditar que el valor del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 96.737, "Coccioli", sent. de 1-X-2008; L. 100.898, "Olazar", sent. de 3-III-2010; L. 107.973, "Cale", sent. de 4-VII-2012; L. 115.072, "Cipolletti", sent. de 28-VII-2013 y L. 117.480, "Chaparro", sent. de 11-III-2015).
II.2. Siendo ello así, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el presente medio de impugnación en el marco de la excepción contemplada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 103.432, "Zanuttini", sent. de 6-XI-2012; L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.283, "Guzmán", sent. de 24-IX-2014; L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.782, "Galarza", sent. de 7-IX-2016).
Empero, no puede soslayarse que -como lo evidencia el recurrente- el agravio dirigido a poner en tela de juicio la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348) involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, ameritan la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
II.3. Aclarado ello, entiendo que el agravio que objeta la decisión del tribunal de grado que descartó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -respecto al período computable para el cálculo del ingreso base- debe ser rechazado.
El interesado intenta evidenciar un desencaje constitucional en el mecanismo de fijación del ingreso base mensual previsto en el referido dispositivo de la ley 24.557 (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante), lo hace con un planteo que luce insuficiente a la luz de los recaudos exigibles para transitar con éxito la casación (art. 279, CPCC).
También he de observar que el impugnante le endilga al tribunal de grado haber omitido considerar ciertos "cuestionamientos constitucionales" que -a su juicio- se habrían formulado en el escrito de demanda. Sin embargo, y aun cuando pudiese considerarse que tal objeción se identifica con las causales que son propias de esta concreta vía de impugnación, en modo alguno se encarga de evidenciar la configuración del vicio de absurdo en la ponderación llevada a cabo por el órgano jurisdiccional de la mentada pieza procesal, carga de cumplimiento ineludible a tenor del contenido de la crítica (causas L. 97.912, "Cabrera", sent. de 14-X-2009 y L. 111.903, "Mobili", sent. de 10-XII-2014).
Además, soslaya controvertir las razones que esgrimió el tribunal de grado en el pronunciamiento para desestimar el planteo de inconstitucionalidad efectuado en la instancia (v. fs. 290). Luego, resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de inhábil al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir adecuada y eficazmente las conclusiones medulares del pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo decidido en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 94.850, "Vargas", sent. de 3-III-2010; L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014 y L. 119.096, "Centurión", sent. de 5-IV-2017).
II.4. Respecto al agravio que refiere a la determinación de la fecha de consolidación del daño, no resulta atendible.
Tal como lo ha sostenido esta Suprema Corte, en el marco excepcional previsto por el art. 55 de la ley 11.653, corresponde el rechazo de la crítica que contenga el recurso cuando no se ha denunciado a su respecto la vulneración de doctrina legal alguna, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por dicha vía (causas L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 115.488, "Cahuapé Pereyra", sent. de 10-IX-2014 y L. 118.436, "Llanos", sent. de 15-VI-2016).
Asimismo, en cuanto entiende infringida la delineada en la causa "Ac. 44.415 10/11/07" (v. fs. 315 vta.), cabe advertir que los datos aportados no permiten individualizar correctamente dicho pronunciamiento.
II.5. Finalmente, cabe desestimar el agravio fundado en la denuncia de violación de doctrina legal (causas L. 36.062, "Durand de Bazan", sent. de 1-VII-1986 y L. 40.484, "Nogueira", sent. de 6-XII-1988), en tanto no resultan de aplicación en la especie, pues han sido elaboradas sobre la base de presupuestos jurídicos diversos a los verificados en autos (causas L. 91.414, "Fulco", sent. de 19-X-2011; L. 98.777, "Trujillo", sent. de 21-III-2012 y L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015; e.o.).
Por las mismas consideracion
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