Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120328
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.328, "Alegre, Mónica Beatriz contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Kogan, Torres, Genoud, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 268/278).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 283/302).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 316/319 vta.), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas que desarrollara como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la señora Mónica Beatriz Alegre contrajo una enfermedad profesional diagnosticada como "disfonía funcional irreversible" (denunciada ante la aseguradora el día 3 de abril de 2010) por la cual (el día 16 de agosto de 2011) la Comisión Médica correspondiente le fijó una incapacidad del 18,5% del índice de la total obrera -incluyendo los factores de ponderación-.
Asimismo, que Provincia ART S.A. le abonó a la accionante la suma total de $74.995,51 en concepto de prestación dineraria de pago único en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Declaró también que la consolidación jurídica del daño se produjo al determinarse el grado incapacitante otorgado por la Comisión Médica el día 16 de agosto de 2011 (v. vered., fs. 269 y vta.).
Consideró -además- que el valor mensual del ingreso base, teniendo en cuenta las remuneraciones percibidas por la actora en el año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante, ascendió a $5.944,72; y que dicho guarismo, incluyendo los rubros considerados como no remunerativos alcanzó la suma de $6.462,13 (v. vered., fs. 268 vta.).
En lo que resulta relevante para la resolución de la litis, el juzgador de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por no incluir dicha norma, para el cálculo del valor mensual del ingreso base, los rubros denominados no remunerativos (v. fs. 273 y vta.).
En ese orden de ideas, expresó que el sistema legal es irrazonable por desentenderse de la verdadera ganancia del trabajador en los términos del art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo y del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -con apoyo en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Pérez c/ Disco S.A." y "González c/ Polimat S.A."-.
Sobre la base de estas premisas, concluyó que -en el caso- devenía ilógico "...pulverizar el módulo salarial, porque el empleador liquida salarios injustamente 'desalarizados'".
De allí que el dispositivo legal impugnado entra en frontal colisión con los principios contenidos en los arts. 19 y 21 inc. 2 de la Constitución nacional, así como con los principios de integralidad y progresividad previstos en los arts. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana -"Protocolo de San Salvador"-, que justifica su declaración de inconstitucionalidad.
Seguidamente, desde otroángulo, por mayoría, desestimó la objeción constitucional efectuada por la accionante al citado art. 12 del régimen de infortunios laborales, en lo concerniente al período computable de las remuneraciones que integran el cálculo del ingreso base, es decir, las devengadas en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante. Señaló que "...luego de la 'primera manifestación invalidante' se da comienzo a un trámite ante la ART que (más allá de distintos cuestionamientos valorativos que no son definitorios en autos) pueden estar constituidos por sustituciones de salarios (ILT), gastos emergentes (prestaciones en especie), etc, a cargo de la ART. Y que la expedición de la Comisión médica está condicionada a su intervención a pedido del interesado, que en autos estuvo motivada por presentación de la actora, recién el 20/08/2010" (sic, v. sent., fs. 290).
Con arreglo -entonces- al ingreso así determinado ($6.462,13) y al porcentaje de incapacidad ya definido, dispuso el a quo calcular el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 para determinar las diferencias existentes a favor de la reclamante, estimándola en la suma de $82.369,54 ($6.462,13 x 53 x 1,3 x 18,5%; v. sent., fs. 274 vta.).
Sobre tal suma, el juzgador hubo de descontar los $74.995,51 oportunamente percibidos, alcanzando un monto final de $7.374,03 (v. sent., fs. cit.).
Luego, dispuso calcular los intereses moratorios -desde la fecha de consolidación del daño (16 de agosto de 2011) y hasta la sentencia- a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 274 y vta.).
Finalmente, desestimó la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773 peticionada en el alegato por tratarse de una contingencia que se consolida el día 16 de agosto de 2011, cuando la norma no se encontraba vigente (v. sent., fs. 275 vta.).
II. Contra la decisión de grado se alza la parte actora mediante recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 283/302).
En sustento del primero de los remedios procesales citados, refiere que el a quo transgredió los arts. 18 de la Constitución nacional; 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial local, y la doctrina legal que identifica.
Afirma que el juzgador de grado omitió pronunciarse acerca de una cuestión, a su criterio esencial, cual es el mantenimiento del módulo salarial base de cálculo de la prestación dineraria a la fecha del pago de la prestación dineraria efectuada por la aseguradora (9 de septiembre de 2011), de manera de permitir una adecuada reparación del daño y reflejar adecuadamente la pérdida de la capacidad de ganancia de la trabajadora (conf. art. 19, Const. nac.; v. rec., fs. 294 vta.).
Sostiene que el tribunal nada dijo acerca de las propuestas de actualización propiciadas, tanto en el escrito de inicio como en el alegato, a saber: i) calcular la indemnización de la trabajadora tomando como referencia el salario mensual "bruto" que, por todo concepto, percibía a la fecha de la primera manifestación invalidante (3 de abril de 2010) con más la aplicación de intereses moratorios desde esa fecha y hasta la del efectivo pago que se reputó insuficiente; y ii) ajustar el capital indemnizatorio correspondiente mediante la aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
III. A diferencia de lo dictaminado por el señor Subprocurador General, entiendo que el recurso no debe prosperar.
III.1. Ello así, en tanto el agravio referido a la preterición de cuestiones esenciales se desentiende de la respuesta integral que el juzgador brindó en relación con la tacha de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.
En efecto, el a quo , en un párrafo (v. sent., fs. 273 vta. y 274), expuso las razones por las cuales consideró que -en el caso- no correspondía la descalificación constitucional de la norma, en cuanto en ella se impone, para determinar el ingreso base, calcular el promedio de los haberes percibidos en el año anterior a la primera manifestación invalidante. Siendo así, el planteo introducido por la accionante no es idóneo para anular el pronunciamiento, pues la cuestión que se denuncia omitida ha sido expresamente tratada por el tribunal de grado, aunque en sentido adverso a sus pretensiones, sin que importe -a los fines de la procedencia del recurso intentado- el acierto o mérito de la decisión (causas L. 112.990, "Sánchez", sent. de 24-XI-2010; L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VI-2014; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015 y L. 118.110, "Goluza", sent de 8-VIII-2018; e.o.), o la extensión que al análisis se haya dado (causas L. 88.336, "Peloso", sent. de 24-II-2010; L. 97.784, "Pagano", sent. de 10-VIII-2011 y L. 104.325, "Roldán", sent. de 22-VIII-2012; e.o.).
También resultan ajenas a la excepcional vía de la nulidad, las restantes cuestiones invocadas, en tanto encierran -en rigor de verdad- la imputación de errores de juzgamiento, los que solo pueden ser canalizados a través de la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 117.273, "Delias", sent. de 24-IX-2014 y L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017; e.o.).
III.2. Por último, resta indicar que la eventual infracción de las garantías constitucionales que se denuncia (vinculadas a la supuesta "arbitrariedad" del pronunciamiento, al derecho de propiedad y los principios de igualdad ante la ley y alterum non laedere , consagrados en los arts. 16, 17 y 19, Const. nac.) resulta ajena al recurso extraordinario de nulidad (causas L. 87.795, "Carvani", sent. de 24-II-2010 y L. 101.558, "Tarascón", sent. de 3-V-2012; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Genoud , Borinsky y Violini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte actora denuncia la errónea interpretación y aplicación de la ley 24.557, así como la transgresión de los arts. 14 bis, 16, 17 y 19 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita.
En concreto, ensaya los siguientes agravios:
I.1. Inicialmente cuestiona la definición de grado que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo en cuanto establece que, a los efectos de calcular el valor mensual del ingreso base, corresponde promediar los haberes percibidos por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante.
Alega que la única responsable por la demora en la determinación de la incapacidad de la actora fue la aseguradora, debido a que, una vez otorgada el alta médica, esta última no impulsó el trámite ante las Comisiones Médicas, tal como lo dispone la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 744/03.
Agrega que este incumplimiento trajo aparejado la "pulverización" de su crédito laboral, en virtud del proceso inflacionario habido en ese tiempo transcurrido.
Sostiene que el citado art. 12 no establece ningún mecanismo de actualización o recomposición salarial, por lo que, ante un eventual incremento salarial en el período que transcurre entre la fecha del siniestro o la aparición de la enfermedad y el momento del pago, no tiene efecto alguno en el cálculo del ingreso base. De este modo -sostiene-, se presenta la situación absurda de que un trabajador que padece una enfermedad inculpable se encuentre en mejor condición que aquel otro que sufrió un accidente de trabajo o enfermedad profesional, desde que el primero va a percibir todos los aumentos salariales que hubo durante el período de interrupción de sus servicios.
Denuncia que dicha norma infringe los principios constitucionales de igualdad ante la ley y alterum non laedere , así como el derecho de propiedad (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.), en tanto las indemnizaciones deben procurar una reparación equitativa. Cita en apoyo de su postura varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Nación (v.gr. causas "Aquino"; "Milone"; "Lucca de Hoz"; etc.).
I.2. Por otro lado, manifiesta que la indemnización a la que resulta acreedora la trabajadora es una deuda de valor, por lo cual "...para indemnizar las pérdidas de ingresos futuros..." se deben tener en cuenta los que "...la víctima dejó de percibir, y no un salario anclado a la fecha de la primera manifestación invalidante..." (fs. 300 vta. y 301).
Asimismo, sostiene que la sentencia de grado viola la doctrina de esta Corte sentada en las causas L. 36.062, "Durand de Bazan", sentencia de 1-VII-1986 y L. 40.484, "Nogueira", sentencia de 6-XII-1988, donde -en el marco de la ley 9.688- se estableció que el salario determinado en atención a un período anterior a la época en que el trabajador adquirió conocimiento de la incapacidad que lo afecta, debe traducirse a valores constantes hasta esta última fecha.
II. El recurso no prospera.
II.1.a. Liminarmente, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no excede el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013; L. 116.461, "Arriola", sent. de 31-VII-2013 y L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; e.o.).
II.1.b. Empero, no puede soslayarse que -como evidencia el impugnante- el agravio dirigido a rebatir el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (versión anterior a la reforma de la ley 27.348)- en cuanto ordena calcular el ingreso base tomando como módulo los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante- involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2.478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
II.2. El agravio que objeta la decisión del tribunal de grado que descartó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -respecto al período computable para el cálculo del ingreso base- debe ser rechazado.
El interesado intenta evidenciar un desencaje constitucional en el mecanismo de fijación del ingreso base mensual previsto en el referido dispositivo de la ley 24.557 (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante), lo hace con un planteo que luce insuficiente a la luz de los recaudos exigibles para transitar con éxito la casación (art. 279, CPCC).
También he de observar que el impugnante le endilga al tribunal de grado haber omitido considerar ciertos "cuestionamientos constitucionales" que -a su juicio- se habrían formulado en el escrito de demanda. Sin embargo, y aun cuando pudiese considerarse que tal objeción se identifica con las causales que son propias de esta concreta vía de impugnación, en modo alguno se encarga de evidenciar la configuración del vicio de absurdo en la ponderación llevada a cabo por el órgano jurisdiccional de la mentada pieza procesal, carga de cumplimiento ineludible a tenor del contenido de la crítica (causas L. 97.912, "Cabrera", sent. de 14-X-2009 y L. 111.903, "Mobili", sent. de 10-XII-2014).
Además, soslaya controvertir las razones que esgrimió el tribunal de grado en el pronunciamiento para desestimar el planteo de inconstitucionalidad efectuado en la instancia (v. fs. 273 vta. y 274). Luego, resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de inhábil al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir adecuada y eficazmente las conclusiones medulares del pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo decidido en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 94.850, "Vargas", sent. de 3-III-2010; L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014 y L. 119.096, "Centurión", sent. de 5-IV-2017).
II.3. Finalmente, cabe desestimar el agravio fundado en la denuncia de violación de doctrina legal (causas L. 36.062, "Durand de Bazan", sent. de 1-VII-1986 y L. 40.484, "Nogueira", sent. de 6-XII-1988), en tanto no resultan de aplicación en la especie, pues han sido elaboradas sobre la base de presupuestos jurídicos diversos a los verificados en autos (causas L. 91.414, "Fulco", sent. de 19-X-2011; L. 98.777, "Trujillo", sent. de 21-III-2012 y L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015; e.o.).
Asimismo, en cuanto entiende infringida la delineada en la causa "Ac. 44.415 10/11/07" (fs. 300 vta.), cabe advertir que los datos aportados no permiten individualizar correctamente dicho pronunciamiento.
Para más, la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte, y no la que proviene de los fallos de otros tribunales (causas L. 101.885, "V., N. N.", sent. de 10-III-2011 y L. 96.241, "Montoya", sent. de 9-V-2012).
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en el punto II.1. de su voto.
I.2. Luego, también coincido en que el agravio que objeta la decisión del tribunal de grado que descartó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (conf. texto anterior a la modificación introducida por la ley 27.348) -respecto al período computable para el cálculo del ingreso base- debe ser rechazado.
Utilizando una técnica recursiva equivocada, la recurrente pretende que se reemplace el mecanismo de fijación del ingreso base previsto en la ley (en cuanto toma en cuenta el promedio de los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante) por el que considera más adecuado a sus intereses (la remuneración mensual perci
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