Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120648
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.648, "Amaya, Adriana Elizabeth contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (Empleador Autoasegurado). Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas a la accionada (v. fs. 203/214).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 219/247 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 266/268), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar a la acción deducida por la señora Adriana Elizabeth Amaya y condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonarle la suma que especificó en concepto de diferencia por la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 203/214).
Para así decidir, juzgó acreditado que como consecuencia de las tareas que desarrollara como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la actora padece "disfonía funcional irreversible" presentando una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 25% del índice de la total obrera; que la consolidación jurídica del daño operó en fecha 22 de octubre de 2012, cuando la Comisión Médica que intervino determinó aquel porcentaje (v. vered., fs. 204).
También consideró probado, que Provincia ART S.A. abonó a la accionante la suma de $100.385,62 en concepto de prestación dineraria de pago único en razón de la referida incapacidad (v. vered., fs. 204 vta.).
Por otro lado, afirmó que el valor mensual del ingreso base, teniendo en cuenta las remuneraciones percibidas por la actora en el año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante, situada el día 31 de mayo de 2010, incluyendo rubros no remunerativos ascendía a la suma de $5.320,87 y atendiendo solamente a los remunerativos a $4.773,38 (v. vered., fs. 205).
Luego, en lo que resulta especialmente relevante, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por no incluir a los rubros denominados no remunerativos en el cálculo del ingreso base mensual (v. sent., fs. 208 y vta.).
En ese orden de ideas, expresó que el sistema legal es irrazonable por desentenderse de la verdadera ganancia del trabajador en los términos del art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo y del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo con apoyo en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Pérez c/ Disco S.A." y "González c/ Polimat S.A.". Agregó, que el dispositivo legal impugnado colisiona con los arts. 19 y 21 inc. 2 de la Constitución nacional, así como con los principios de integralidad y progresividad previstos en los arts. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana -"Protocolo de San Salvador"-, (v. sent., fs. 208 vta.).
Desde otroángulo, desestimó la objeción constitucional efectuada por la accionante al citado art. 12 del régimen de infortunios laborales en lo concerniente al período computable de las remuneraciones que integran el cálculo del ingreso base. Para ello, señaló que "...luego de la 'primera manifestación invalidante' se da comienzo a un trámite ante la ART que (más allá de distintos cuestionamientos valorativos que no son definitorios en autos) pueden estar constituidos por sustituciones de salarios (ILT), gastos emergentes (prestaciones en especie), etc, a cargo de la ART. Y que la expedición de la Comisión médica está condicionada a su intervención a pedido del interesado, que en autos estuvo motivada por presentación de la actora, recién el 31/05/2010" (sent., fs. 209).
Con arreglo -entonces- al ingreso base determinado ($5.320,87) y al porcentaje de incapacidad ya referido, el a quo calculó el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y determinó las diferencias existentes en favor de la reclamante, arribando a la suma final de $11.006,79, producida de descontar de la prestación de $111.392,41 liquidada, la suma de $100.385,62 percibida por la trabajadora (v. sent., fs. 209 vta.).
Luego, aplicó intereses sobre el capital de condena -desde la fecha de consolidación del daño (22-X-2012) y hasta su efectivo pago- a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito (pasiva) a través del sistema "Banca Internet Provincia" a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 209 y vta.).
Finalmente, desestimó la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773 referidas al ajuste por medio del empleo del índice de Remuneración Imponible Promedio de los trabajadores Estables (RIPTE) peticionada, por tratarse de una contingencia cuya primera manifestación invalidante data del 31 de mayo de 2010 (v. sent., fs. 209 vta./210 vta.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia la violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. fs. 219/235).
Afirma, que el a quo omitió el tratamiento de una cuestión esencial para la correcta solución del litigio: el planteo formulado en el escrito de inicio vinculado con el mantenimiento del valor del módulo salarial sobre cuya base debía calcularse la prestación dineraria.
En ese sentido, argumenta que en el pronunciamiento no se consideró el salario mensual devengado por la trabajadora al momento de la denuncia de la contingencia, sino el que resultó del promedio obtenido de todas las remuneraciones del año anterior a esa fecha, y tampoco se ajustó el capital indemnizatorio en función del índice RIPTE de la ley 26.773.
En la inteligencia de que ello también resultó soslayado por el tribunal, sostiene que como "segunda solución" la demandante propuso calcular el importe indemnizatorio en función del salario vigente a la fecha de pago de la prestación dineraria, o eventualmente, reconocer intereses compensatorios entre la fecha de la primera manifestación invalidante y la del pago insuficiente tomando como referencia las previsiones de las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99 y 287/01.
En ese marco, insiste en manifestar que no se brindó respuesta alguna a la argumentación plasmada en demanda por la que se puso de relieve que el art. 12 de la ley 24.557 provoca el congelamiento del salario del trabajador.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 266/268), considero que el recurso no puede prosperar.
III.1. El agravio referido a la preterición de cuestiones esenciales se desentiende de lo resuelto por el juzgador en cuanto, a tenor de las razones que desplegó, consideró que en el caso no correspondía declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, en lo que respecta al período computable para el cálculo del ingreso base (v. sent., fs. 209); también de lo juzgado en lo tocante al índice RIPTE y su inaplicabilidad (v. sent. fs. 209 vta. y 210).
Siendo ello así, el planteo que porta el recurso no es idóneo, pues la cuestión que se denuncia omitida ha sido tratada por el tribunal de grado, aunque en sentido adverso a sus pretensiones; sin que importe en el ámbito del medio de impugnación en análisis el mérito de la decisión (causas L. 89.223, "Jiménez", sent. de 5-III-2008; L. 94.183, "Giorello", sent. de 9-XII-2009; L. 112.990, "Sánchez", resol. de 24-XI-2010; e.o.).
III.2. Dable es aquí recordar, además, que la eventual infracción de las garantías constitucionales invocada (vinculadas con la supuesta "arbitrariedad" del pronunciamiento, derecho de propiedad y los principios de igualdad ante la ley y alterum non laedere , consagrados en los arts. 16, 17 y 19, Const. nac.), resulta ajena al recurso extraordinario de nulidad (causas L. 87.795, "Carvani", sent. de 24-II-2010; L. 101.558, "Tarascón", sent. de 3-V-2012; e.o.).
III.3. Finalmente, y pese a su denuncia, no se advierte el desarrollo de agravios vinculados con una eventual falta de fundamentación legal del pronunciamiento (art. 171, Const. prov.). Aun así, puede observarse que la sentencia impugnada posee expreso respaldo en normas legales, no correspondiendo examinar aquí su grado de acierto (causas L. 98.144, "Cejas", sent. de 2-III-2011; L. 97.648, "Sánchez", sent. de 9-XII-2015; L. 119.636, "Medina", sent. de 28-II-2018; e.o.).
IV. Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, propongo rechazar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani, Torres, Borinsky y Violini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 235 vta./247), la parte actora plantea los siguientes agravios:
I.1. Cuestiona que el tribunal haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto computa como módulo para cuantificar las prestaciones dinerarias el promedio de los salarios devengados en el año anterior a la primera manifestación invalidante.
Señala que el resarcimiento abonado por Provincia ART S.A. resultó absolutamente insuficiente para reparar la pérdida de capacidad de ganancia de la accionante, ya que fue calculado en función de una base salarial que no tenía relación con los haberes mensuales que percibía a la fecha en que se determinó la incapacidad laboral. Alega que la única responsable por la demora en esa determinación de la incapacidad fue la aseguradora, pues, una vez otorgada el alta médica, no impulsó el trámite ante las Comisiones Médicas, dentro de los treinta días; este incumplimiento -agrega- trajo aparejado la "pulverización" de su crédito laboral, en virtud del proceso inflacionario existente durante el tiempo transcurrido (v. fs. 236 vta. y 237).
Sostiene que el citado art. 12 no establece ningún mecanismo de actualización o recomposición salarial, por lo que, ante un eventual incremento salarial con posterioridad al siniestro o aparición de la enfermedad profesional no tiene efecto alguno en el cálculo del ingreso base. De este modo -explica-, se presenta la situación absurda en la que un trabajador que padece una enfermedad inculpable se encuentre en mejor condición que aquel otro que sufrió un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en tanto el primero va a percibir todos los aumentos salariales producidos durante el período de suspensión de sus servicios.
Denuncia infringidos los principios constitucionales de igualdad ante la ley y alterum non laedere (arts. 14 bis, 16, 17 y 19, Const. nac.), en tanto afirma que las indemnizaciones deben procurar una reparación equitativa. Cita en su apoyo varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Nación (v. fs. 238 y vta.).
I.2. Impugna lo resuelto por el a quo en tanto estableció como fecha de consolidación del daño el día en que la Comisión médica fijó la incapacidad laboral de la trabajadora (22-X-2012). Refiere que de conformidad con lo establecido por el art. 7 de la ley 24.557, en el caso, la consolidación jurídica del daño se produjo el día en que se otorgó el alta médica a la actora, esto es: el 17 de diciembre de 2010.
I.3. Objeta que el tribunal de origen hubiera desestimado la aplicación de las disposiciones de la ley 26.773.
Explica que aun cuando dicha normativa entró en vigor con posterioridad a la primera manifestación invalidante, las prestaciones derivadas del infortunio no habían sido canceladas en su totalidad a aquella fecha. Así, sostiene que la aplicación inmediata de las mejoras de la ley 26.773 al presente caso repara equitativa y adecuadamente el perjuicio sufrido por la actora y no importa una violación del principio de irretroactividad de la ley.
Con diversas citas jurisprudenciales, manifiesta que el art. 3 del Código Civil permite la aplicación inmediata de una norma a las consecuencias de una situación jurídica existente con anterioridad a su sanción en tanto las obligaciones emergentes de esa situación se encuentren pendientes de satisfacción al momento de entrar en vigencia la nueva disposición.
En función de lo expuesto, peticiona la aplicación al caso de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 y el ajuste de la indemnización reclamada según el índice RIPTE publicado entre la fecha de la denuncia de la enfermedad profesional y la del pronunciamiento atacado.
En subsidio, y para el caso de que esta Corte interprete que el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 no permite la aplicación de los arts. 8 y 17 apartado 6 del mismo cuerpo legal a contingencias ocurridas con anterioridad a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, solicita que aquel sea declarado inconstitucional, ello, pues en su opinión el citado artículo contradice los fines sociales y protectorios que amparan al trabajo subordinado, afectando el derecho de propiedad y los principios de igualdad ante la ley de no regresión (arts. 14 bis, 16, 17 y 75, inc. 23, Const. nac.; v. fs. 245 vta./246).
I.4. Por último, manifiesta que la indemnización a la que resulta acreedora la trabajadora es una deuda de valor y no dineraria, por lo tanto el deudor queda expuesto a la variación del precio del bien y no del signo monetario.
Expresa que en las deudas de valor "lo determinante es el salario como sujeto o módulo del que deviene el precio del valor. La lógica racional indica que para indemnizar las pérdidas de ingresos futuros, se atienda a los ingresos que la víctima dejó de percibir, y no a un salario anclado a la fecha de la primera manifestación invalidante de la dolencia..." (fs. 246 vta.).
II. El recurso no prospera.
II.1. Cabe resaltar que, en la especie, el valor de lo cuestionado, no excede el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen solo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.283, "Guzmán", sent. de 24-IX-2014; L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.782, "Galarza", sent. de 7-IX-2016).
Sin embargo, y teniendo en consideración que el recurrente evidencia que el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del mentado art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348) efectuado en la instancia involucra una cuestión federal (v. rec., fs. 219 vta. y 236), corresponde tratar este aspecto de la impugnación sin la restricción que impone la ley adjetiva laboral en razón del valor de lo cuestionado; conclusión que no ha de proyectarse sobre los demás agravios, que serán abordados en el excepcional marco de revisión que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 85.710, "Aguirre", sent. de 26-IX-2007 y L. 117.338, "Tognoni", sent. de 4-III-2015).
II.2. Aclarado ello, el mentado planteo debe ser rechazado.
El impugnante no se hace cargo de rebatir los argumentos que brindó el tribunal de grado para resolver sobre el punto (v. sent., fs. 209).
Lejos de ello, endilgándole al sentenciante supuestas omisiones, solo se limita a expresar que la aplicación de la norma cuestionada afectaría diversos derechos constitucionales (v.gr. propiedad, igualdad), sin embargo, bajo las concretas aristas que exhibe el caso, no aporta fundamentos aptos para acreditar tales afirmaciones.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2.333; e.o.), de allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012 y L. 117.127, "L., J. M.", sent. de 16-VII-2014).
Luego, las genéricas reflexiones que desarrolla el interesado, no reúnen los recaudos propios de este tipo de planteos.
II.3. No resulta atendible la crítica referida a la determinación de la fecha de consolidación del daño.
Como lo ha sostenido esta Suprema Corte, en el marco excepcional previsto por el art. 55 de la ley 11.653, corresponde el rechazo de la crítica que carece de la ineludible denuncia de vulneración de doctrina legal presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por dicha vía (causas L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 115.488, "Cahuapé Pereyra", sent. de 10-IX-2014 y L. 118.436, "Llanos", sent. de 15-VI-2016).
II.4. Tampoco merece favorable recepción el cuestionamiento por el que se pretende la aplicación del índice RIPTE previsto en la ley 26.773.
II.4.a. Sobre este concreto aspecto del caso, el recurrente no ha alegado la configuración de ningún supuesto que conduzca a desplazar el recaudo relativo a la cuantía económica del asunto.
Y en este contexto, en modo alguno demuestra que el tribunal de grado haya trasgredido la doctrina legal. Antes bien, el criterio que expone contrasta con el adoptado por este Tribunal a partir de la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), oportunidad en la que se estableció que -salvo excepción consagrada que aquí no concurre- las mejoras introducidas en la referida ley 26.773 solo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia; lineamientos reiterados en otros precedentes (causas L. 118.738, "Noguera", sent. de 17-V-2017; L. 118.038, "Díaz", sent. de 5-VII-2017; L. 118.061, "Astorri", sent. de 9-VIII-2017; L. 118.771, "Lucero", sent. de 20-IX-2017; e.o.) y que concuerdan con los esgrimidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.