Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120543
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.543, "Cortez, Mariel Verónica contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 229/239).
Se interponen, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 244/268).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 292/293 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar a la acción deducida por Mariel Verónica Cortez y condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonarle la suma que especificó en concepto de diferencia por prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 229/239).
Para así decidir, juzgó acreditado que como consecuencia de las tareas que desarrollara como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la actora padece "disfonía funcional irreversible" presentando una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 18,7% del índice de la total obrera; que la consolidación jurídica del daño operó en fecha 4 de octubre de 2012, cuando la comisión médica que intervino determinó aquel porcentaje (v. vered., fs. 230).
También consideró probado, que Provincia ART S.A. abonó a la accionante la suma de $27.859,83 en concepto de prestación dineraria en razón de la referida incapacidad (v. vered., fs. 230 vta.).
Por otro lado, afirmó que el valor mensual del ingreso base, teniendo en cuenta las remuneraciones percibidas por la actora en el año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante, ocurrida el día 28 de noviembre de 2003, incluyendo rubros no remunerativos ascendía a la suma de $1.844,25 y atendiendo solamente a los remunerativos a $1.513,70 (v. vered., fs. 231).
Luego, en la sentencia, con el objeto de determinar el salario computable para el cálculo de la reparación establecida en la Ley de Riesgos del Trabajo, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, en cuanto no incluye los rubros denominados no remunerativos en el cálculo del ingreso base mensual (v. sent., fs. 234 vta.).
En ese orden de ideas, expresó que el sistema legal es irrazonable por desentenderse de la verdadera ganancia del trabajador en los términos del art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo y del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, con apoyo en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Pérez c/ Disco S.A." y "González c/ Polimat S.A.". Agregó, que el dispositivo legal impugnado colisiona con los arts. 19, 21 inc. 2 y 28 de la Constitución nacional, así como con los principios de integralidad y progresividad previstos en los arts. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana -"Protocolo de San Salvador"- (v. sent., fs. cit.).
Desde otroángulo, desestimó la objeción constitucional efectuada por la accionante al citado art. 12 del régimen de infortunios laborales en lo concerniente al período computable de las remuneraciones que integran el cálculo del ingreso base. Para ello, señaló que "...luego de la ‘primera manifestación invalidante’ se da comienzo a un trámite ante la ART que (más allá de distintos cuestionamientos valorativos que no son definitorios en autos) pueden estar constituidos por sustituciones de salarios (ILT), gastos emergentes (prestaciones en especie), etc, a cargo de la ART. Y que la expedición de la Comisión médica está condicionada a su intervención a pedido del interesado, que en autos estuvo motivada por presentación de la actora, recién el 28/11/2003" (sent., fs. 235).
Con arreglo -entonces- al ingreso base determinado ($1.844,25) y al porcentaje de incapacidad ya referido, el a quo calculó el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y determinó las diferencias existentes en favor de la reclamante, arribando a la suma final de $5.955,13, resultante de descontar de la prestación de $33.814,96 liquidada, la suma de $27.859,83 percibida por la trabajadora (v. sent., fs. 235 vta.).
Luego, aplicó intereses sobre el capital de condena -desde la fecha de consolidación del daño (4 de octubre de 2012) y hasta su efectivo pago- a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito (pasiva) a través del sistema "Banca Internet Provincia" a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 235 y vta.).
Finalmente, desestimó la reclamada aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773 referidas al ajuste por medio del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), pues ello -dijo- importaría la aplicación retroactiva de la normativa teniendo en cuenta que la contingencia de autos es anterior a la entrada en vigencia de esa ley (v. fs. 235 vta./236 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia la violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. fs. 244/257 vta.).
Afirma que el a quo omitió el tratamiento de una cuestión esencial para la correcta solución del litigio, cual es, a su juicio, el planteo formulado en el escrito de inicio vinculado con el mantenimiento del valor del módulo salarial sobre cuya base debía calcularse la prestación dineraria.
En ese sentido, argumenta que en el pronunciamiento no se consideró el salario mensual devengado por la trabajadora al momento de la denuncia de la contingencia (28 de noviembre de 2003), sino el que resultó del promedio obtenido de todas las remuneraciones del año anterior a esa fecha, y tampoco se ajustó el capital indemnizatorio en función del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773.
La impugnante sostiene que también propuso calcular el importe indemnizatorio en función del salario vigente a la fecha del dictamen de la incapacidad laboral o, en su caso, del pago de la prestación dineraria, o eventualmente, reconocer intereses compensatorios entre la fecha de la primera manifestación invalidante y la del pago insuficiente, tomando como referencia las previsiones de las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99 y 287/01.
En ese marco, insiste en manifestar que no se brindó respuesta alguna a la argumentación plasmada en la demanda por la que se puso de relieve que el art. 12 de la ley 24.557 provoca el congelamiento del salario del trabajador siniestrado o enfermo, quien se ve doblemente afectado al no computarse, por un lado, los aumentos salariales obtenidos con posterioridad a la fecha de la primera manifestación invalidante, y, por el otro, al quedar subsumidos los incrementos obtenidos en el año anterior al siniestro dentro del promedio del total de las remuneraciones percibidas.
En definitiva, refiere que nunca fue tratada por el tribunal de grado la circunstancia denunciada en la demanda relativa a que el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo fija un módulo salarial que no guarda relación con la remuneración percibida por la trabajadora al momento de determinarse la incapacidad laboral, ni con la que cobraba a la fecha de denuncia de la contingencia, y que tampoco contempla un mecanismo de ajuste teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha de la primera manifestación invalidante y la de pago de la prestación dineraria.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 292/293 vta.), considero que el recurso no puede prosperar.
El agravio referido a la preterición de cuestiones esenciales se desentiende de lo resuelto por el juzgador en cuanto, a tenor de las razones que desplegó, consideró que en el caso no correspondía declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, en lo que respecta al período computable para el cálculo del ingreso base (v. sent., fs. 234 vta. y 235) y también de lo juzgado en lo concerniente a la inaplicabilidad del índice RIPTE (v. sent. fs. 235 vta./236 vta.).
Siendo ello así, el planteo que porta el recurso no es idóneo pues la cuestión que se denuncia omitida ha sido expresamente tratada por el tribunal de grado, aunque en sentido adverso a las pretensiones del recurrente; sin que resulte relevante a los fines del remedio procesal intentado el acierto o mérito de la decisión (causas L. 89.223, "Jiménez", sent. de 5-III-2008; L. 94.183, "Giorello", sent. de 9-XII-2009 y L. 112.990, "Sánchez", resol. de 24-XI-2010; e. o.).
Por lo demás, y en lo que respecta a las demás motivaciones que definen el contenido del presente carril de impugnación, observo que las alegaciones configuran la imputación de típicos errores in iudicando , que sólo pueden ser canalizados a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 104.325, "Roldán", sent. de 22-VIII-2012; L. 117.273, "Delias", sent. de 24-IX-2014 y L. 119.066, "H., M.", sent. de 6-IV-2016).
Finalmente, a mayor abundamiento, cabe recordar que la eventual infracción de las garantías constitucionales invocada (vinculadas a la supuesta "arbitrariedad" del pronunciamiento, al derecho de propiedad y los principios de igualdad ante la ley y alterum non laedere , consagrados en los arts. 16, 17 y 19 de la Constitución nacional), resulta ajena al recurso extraordinario de nulidad (causas L. 87.795, "Carvani", sent. de 24-II-2010 y L. 101.558, "Tarascón", sent. de 3-V-2012).
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani, Torres , Borinsky y Violini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 257 vta./268), la parte actora plantea los siguientes agravios.
I.1. En primer lugar, cuestiona que el tribunal hubiera rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto computa como módulo para cuantificar las prestaciones dinerarias el promedio de los salarios devengados en el año anterior a la primera manifestación invalidante.
Señala que el resarcimiento abonado por Provincia ART S.A. resultó absolutamente insuficiente para reparar la pérdida de capacidad de ganancia de la accionante, ya que fue calculado en función de una base salarial que no tenía relación con los haberes mensuales que percibía a la fecha en que se determinó la incapacidad laboral. Alega que la única responsable por la demora en esa determinación de la incapacidad fue la aseguradora, pues, una vez otorgada el alta médica, no impulsó el trámite ante las Comisiones Médicas, dentro de los treinta días; este incumplimiento -agrega- trajo aparejada la "pulverización" de su crédito laboral, en virtud del proceso inflacionario existente durante el tiempo transcurrido (v. fs. 258 vta. y 259).
Sostiene que el citado art. 12 no establece ningún mecanismo de actualización o recomposición salarial, por lo que, un eventual incremento salarial con posterioridad al siniestro o aparición de la enfermedad profesional no tiene efecto alguno en el cálculo del ingreso base. De este modo -explica-, se presenta la situación absurda en la que un trabajador que padece una enfermedad inculpable se encuentre en mejor condición que aquel otro que sufrió un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en tanto el primero va a percibir todos los aumentos salariales producidos durante el período de suspensión de sus servicios.
Denuncia infringidos los principios constitucionales de igualdad ante la ley y alterum non laedere (arts. 14 bis, 16, 17 y 19, Const. nac.), en tanto afirma que las indemnizaciones deben procurar una reparación equitativa. Cita en su apoyo varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 260).
I.2. Por otro lado, impugna lo resuelto por el a quo en tanto estableció como fecha de consolidación del daño el momento en que la comisión médica fijó la incapacidad laboral de la trabajadora (4 de octubre de 2012). Refiere que de conformidad a lo establecido por el art. 7 de la ley 24.557, en el caso, la consolidación jurídica del daño se produjo al transcurrir el año desde la primera manifestación invalidante, es decir, el día 28 de noviembre de 2004.
I.3. Objeta también que el tribunal de origen hubiera desestimado la aplicación de las disposiciones de la ley 26.773.
Explica que aun cuando dicha normativa entró en vigor con posterioridad a la primera manifestación invalidante, las prestaciones derivadas del infortunio no habían sido canceladas en su totalidad a aquella fecha. Así, sostiene que la aplicación inmediata de las mejoras de la ley 26.773 al presente caso repara equitativa y adecuadamente el perjuicio sufrido por la actora y no importa una violación del principio de irretroactividad de la ley.
Con diversas citas jurisprudenciales, manifiesta que el art. 3 del Código Civil permite la aplicación inmediata de una norma a las consecuencias de una situación jurídica existente con anterioridad a su sanción en tanto las obligaciones emergentes de esa situación se encuentren pendientes de satisfacción al momento de entrar en vigencia la nueva disposición.
En función de lo expuesto, peticiona la aplicación al caso de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 y el ajuste de la indemnización reclamada según el índice RIPTE publicado entre la fecha de la denuncia de la enfermedad profesional y la del pronunciamiento atacado.
En subsidio, y para el caso de que esta Corte interprete que el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 no permite la aplicación de los arts. 8 y 17 apartado 6 del mismo cuerpo legal a contingencias ocurridas con anterioridad a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, solicita que aquel sea declarado inconstitucional, ello, pues en su opinión el citado artículo contradice los fines sociales y protectorios que amparan el trabajo subordinado, afectando el derecho de propiedad y los principios de igualdad ante la ley y de no regresión (arts. 14 bis, 16, 17 y 75, inc. 23, Const. nac.; v. fs. 266 vta. y 267).
I.4. Por último, con sustento en los precedentes de esta Corte que invoca (v. fs. 267), manifiesta que la indemnización a la que resulta acreedora la trabajadora es una deuda de valor y no dineraria, por lo tanto el deudor queda expuesto a la variación del precio del bien y no del signo monetario.
Expresa que en las deudas de valor "lo determinante es el salario como sujeto o módulo del que deviene el precio del valor. La lógica racional indica que para indemnizar las pérdidas de ingresos futuros, se atienda a los ingresos que la víctima dejó de percibir, y no a un salario anclado a la fecha de la primera manifestación invalidante de la dolencia..." (fs. cit.).
II. El recurso no prospera.
II.1. El agravio en el cual se plantea la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348) debe ser rechazado.
La impugnante no se hace cargo de rebatir los argumentos que brindó el tribunal de grado para resolver sobre el punto (v. sent., fs. 234 vta. y 235).
En efecto, sólo se limita a expresar que la aplicación de la norma cuestionada afectaría diversos derechos constitucionales (v.gr. igualdad, propiedad), sin embargo, bajo las concretas aristas que exhibe el caso, no aporta fundamentos aptos para acreditar tales afirmaciones.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1.062; 302:457 y 1.149; 303:1.708; 324:920 y 335:2.333; e. o.), de allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012 y L. 117.127, "L., J. M.", sent. de 16-VII-2014).
Luego, como se señaló inicialmente, las genéricas reflexiones que desarrolla el interesado, no reúnen los recaudos propios de este tipo de planteos.
II.2. Por otro lado, el recurrente no logra conmover la definición del juzgador concerniente al momento en que se consolidó el daño, establecido el día 4 de octubre de 2012 cuando la comisión médica determinó la incapacidad que porta la trabajadora.
La insuficiencia de la impugnación surge nítida en este aspecto pues cabe recordar que determinar la fecha de consolidación del daño constituye una facultad privativa de los jueces de los tribunales de grado, y las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria, en la medida que se invoque y acredite el vicio de absurdo (causas L. 104.828, "Arenillas", sent. de 29-VI-2011; L. 86.872, "Sánchez", sent. de 27-VI-2007 y L. 94.289, "G., D.", sent. de 17-XII-2008; e. o.), que siquiera es alegado por el quejoso.
Si bien lo expuesto resulta suficiente para sellar la suerte adversa de este pasaje del recurso, cabe destacar que las consideraciones puestas de manifiesto por el interesado en relación a la interpretación que propone del art. 7 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en este contexto de análisis y orientadas, en definitiva, a cuestionar la fecha de exigibilidad del crédito, en modo alguno resultan útiles para descalificar las conclusiones del a quo (v. vered., fs. 230; sent., fs. 235) pues son producto de una reflexión tardía que, como tal, no puede ser atendida en esta instancia extraordinaria (causas L. 108.156, "Escobar", sent. de 29-V-2013 y L. 116.553, "Addiechi", sent. de 8-IV-2015).
II.3.a. Tampoco merece favorable recepción la pretendida aplicación al caso de las pautas previstas en la ley 26.773, toda vez que teniendo en cuenta la fecha que el sentenciante -en conclusión firme- juzgó determinante para definir el régimen jurídico aplicable (4 de octubre de 2012; v. sent., fs. 235 vta./236 vta.), la postura del recurrente es contraria a la doctrina legal.
En el marco de lo regulado en la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012), esta Corte tiene dicho que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrad
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