Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121439
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.439, "Escobar, Liliana Mabel contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani , Genoud, Kogan , Soria, Torres, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas a la parte demanda (v. fs. 221/232).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 237/256).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 277/278 vta.), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas que desarrollara como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Liliana Mabel Escobar padece "disfonía funcional crónica" (denunciada ante la aseguradora el 7-X-2010) por la cual (el día 3-I-2013) la Comisión Médica correspondiente le fijó una incapacidad del 19% del índice de la total obrera. Asimismo, que Provincia ART S.A. le abonó a la accionante la suma de $97.063 en concepto de prestación dineraria por incapacidad permanente parcial en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. vered., fs. 221 y vta.).
Consideró, además, que el valor mensual del ingreso base, teniendo en cuenta el periodo correspondiente al año anterior a la primera manifestación invalidante y computando todas las remuneraciones brutas percibidas, asciende a $6.351 (v. fs. cit.).
En lo que resulta relevante para la resolución de la litis , el órgano judicial de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por no incluir los rubros denominados no remunerativos a los fines de calcular el valor mensual del ingreso base (v. sent., fs. 227 vta./228 vta.).
En ese orden de ideas, con apoyo en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Pérez c/ Disco S.A." y "González c/ Polimat S.A.", expresó que el sistema legal es irrazonable toda vez que "se desentiende de la verdadera ganancia del trabajador en los términos del art. 103 de la LCT y del convenio 95 de la OIT" (v. fs. cit.).
Sobre tales premisas, concluyó que -en el caso- devenía "...ilógico pulverizar el módulo salarial, porque el empleador liquida salarios injustamente desalarizados...", y que "...el dispositivo legal impugnado entra en frontal colisión con los principios contenidos en los arts. 19 y 21 inc. 2 de la Constitución nacional, así como con los principios de integralidad, progresividad y no regresión en materia de seguridad social, contenidos en el artículo 39 inc. 3 de la Constitución provincial , y en los art. 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana –'Protocolo de San Salvador'-, y con la normativa del convenio mro. 95 de la OIT, y art. 28 d ela CN, lo que justifica la inconstitucionalidad..." (fs. cit.).
Seguidamente, desde otroángulo, por mayoría, desestimó la objeción constitucional efectuada por la accionante al citado art. 12, en lo concerniente al periodo computable de las remuneraciones que integran el cálculo del ingreso base, es decir, las devengadas en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante. Señaló que "...luego de la 'primera manifestación invalidante' se da comienzo a un trámite ante la ART que (más allá de distintos cuestionamientos valorativos que no son definitorios en autos) pueden estar constituidos por sustituciones de salarios (ILT), gastos emergentes (prestaciones en especie), etc, a cargo de la ART. Y que la expedición de la Comisión médica está condicionada a su intervención a pedido del interesado, que en autos estuvo motivada por presentación de la actora, recién el 7/10/2010" (sent., fs. 228 vta./229).
Con arreglo -entonces- al ingreso así determinado ($6.351) y al porcentaje de incapacidad ya definido, se dispuso el a quo a calcular el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 para determinar las diferencias existentes a favor de la reclamante, estimando aquella en la suma de $106.164,58. A tal suma, entonces el juzgador descontó los $97.063 oportunamente percibidos, alcanzando un monto final de $9.101,58 (v. sent., fs. cit.).
Por último, le aplicó los intereses moratorios, desde el día 3 de enero de 2013, a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 231).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia la violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 168 de la provincial y 163 inc. 6 del Código de Procedimiento Civil y Comercial.
Afirma que el juzgador de grado omitió pronunciarse acerca de una cuestión a su criterio esencial, cual es el mantenimiento del valor del módulo salarial base de cálculo de la prestación dineraria de manera de permitir una adecuada reparación del daño (v. fs. 246).
Destaca que, con ese objetivo, en el escrito de inicio solicitó: i) que se declare la naturaleza salarial de los rubros no remunerativos que percibía en forma mensual, normal y habitual; ii) calcular la indemnización tomando como referencia el salario mensual bruto que, por todo concepto, percibía a la fecha de la denuncia de la enfermedad profesional (7-X-2010) y ajustar el capital indemnizatorio resultante en función del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) de la ley 26.773; iii) y "como segunda solución, el cálculo del capital indemnizatorio en función del haber mensual bruto vigente a la fecha de la determinación de la incapacidad" (v. fs. 247 vta.).
Añade que "en subsidio, se peticionó la aplicación de intereses compensatorios entre la fecha de la primera manifestación invalidante (7/10/2010) y la del pago insuficiente (18/2/2013), es decir como una pauta de recomposición del crédito de la trabajadora en concepto de capital, tomando como referencia las previsiones de la Res. SRT N° 414/99..." (fs. 248).
Sobre esa base argumental aduce que el sentenciante "omitió considerar otro de los cuestionamientos constitucionales efectuados contra el art. 12 de la ley 24.557: que el valor mensual del IB es el resultado del 'promedio' de las remuneraciones del año anterior al siniestro o manifestación invalidante..." (fs. cit.)
III. En coincidencia con lo dictaminado por el Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.1. Inicialmente, es menester recordar que el remedio extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013; L. 116.854, "Orellano", sent. de 19-II-2014 y L. 117.722, "Sibilla", sent. de 28-X-2015).
En este orden de ideas, cabe señalar que no son cuestiones esenciales, en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, los argumentos expuestos por las partes en apoyo de sus pretensiones (causas L. 33.607, "Romero", sent. de 14-V-1985 y L. 62.767, "Fascinato", sent. de 20-IV-1999).
Las objeciones traídas por la impugnante no revisten el evocado carácter puesto que se orientan a señalar aquellos argumentos que, a su entender, han sido desatendidos por el tribunal de grado, lo que es materia impropia de la presente vía recursiva. Lo cierto es que la cuestión consistente en el mantenimiento del valor del módulo salarial que se usa como base de cálculo de la prestación dineraria, ha sido resuelta por el a quo , aunque en un sentido adverso a la pretensión de la demandante.
En efecto, la jueza que concitó la mayoría de opiniones, al resolver el planteo dirigido a objetar la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 -en cuanto al período computable para el cálculo del valor del Ingreso Base Mensual (IBM)-, señaló que "...luego de la 'primera manifestación invalidante' se da comienzo a un trámite ante la ART que (más allá de distintos cuestionamientos valorativos que no son definitorios en autos) pueden estar constituidos por sustituciones de salarios (ILT), gastos emergentes (prestaciones en especie), etc, a cargo de la ART. Y que la expedición de la Comisión médica está condicionada a su intervención a pedido del interesado, que en autos estuvo motivada por presentación de la actora, recién el 7/10/2010" (sic., sent., fs. 228 vta. y 229).
III.2. Por lo demás, cabe recordar que resultan cuestiones ajenas al remedio en examen, tanto la denuncia de violación de garantías consagradas en la Constitución nacional, como la vinculada a la supuesta "arbitrariedad" del pronunciamiento (causas L. 101.558, "Tarascón", sent. de 3-V-2012; L. 118.696, "Praxair", resol. de 25-II-2015 y L. 118.629, "Paganini", resol. de 24-VI-2015).
III.3. Finalmente, no corresponde examinar la hipótesis prevista en el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pues más allá de la cita efectuada por la recurrente, no se advierte desarrollo de agravios relativos a una eventual ausencia de fundamentación legal del pronunciamiento de origen.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria, Torres , Borinsky y Violini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión planteada también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora denuncia error de interpretación de la ley 24.557.
Objeta que se haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y que, por ese conducto, se desestimara el pedido de calcular el ingreso base tomando en cuenta las remuneraciones devengadas a la fecha en que se determinó la incapacidad laboral que padece.
Señala que el resarcimiento abonado por Provincia ART S.A. resultó absolutamente insuficiente para reparar la pérdida de su capacidad de ganancia, ya que fue calculado en función de una base salarial que no tenía relación con los haberes mensuales que percibía a la fecha de la primera manifestación invalidante (v. fs. 253).
Alega que la única responsable por la demora en la determinación de la incapacidad de la trabajadora fue la aseguradora, debido a que, una vez otorgada el alta médica, esta última no impulsó el trámite ante las Comisiones Médicas, tal como lo dispone la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 744/03 (v. fs. cit.).
Agrega que este incumplimiento trajo aparejado la "pulverización" de su crédito laboral, en virtud del proceso inflacionario existente durante el tiempo transcurrido (v. fs. cit.).
Sostiene que el citado art. 12 no establece ningún mecanismo de actualización o recomposición salarial, por lo que, ante un eventual incremento salarial con posterioridad al siniestro o aparición de la enfermedad profesional no tiene efecto alguno en el cálculo del ingreso base. De este modo -explica-, se presenta la situación absurda en la que un trabajador que padece una enfermedad inculpable se encuentre en mejor condición que aquel otro que sufrió un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en tanto el primero va a percibir todos los aumentos salariales producidos durante el período de suspensión de sus servicios (v. fs. 254 y vta.).
Denuncia infringidos los principios constitucionales de igualdad ante la ley y alterum non laedere (arts. 16 y 19, Const. nac.), en tanto las indemnizaciones deben procurar una reparación equitativa. Cita en su apoyo varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Nación (v. fs. cit.).
Finalmente, manifiesta que la indemnización a la que resulta acreedora la trabajadora es una deuda de valor, por lo cual "...para indemnizar las pérdidas de ingresos futuros..." se deben tener en cuenta "...los ingresos que la víctima dejó de percibir, y no un salario fijado a la fecha de la primera manifestación invalidante..." (fs. 255 y vta.).
Asimismo, sostiene que la sentencia de grado viola la doctrina de esta Corte sentada en las causas L. 36.062, "Durand de Bazan" (sent. de 1-VII-1986) y L. 40.484, "Nogueira" (sent. de 6-XII-1988), donde -en el marco de la ley 9.688- se estableció que el salario determinado en atención a un período anterior a la época en que el trabajador adquirió conocimiento de la incapacidad que lo afecta, debe traducirse a valores constantes hasta esta última fecha (v. fs. cit.).
II. El recurso no prospera.
II.1.a. Liminarmente, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no excede el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen solo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; L. 116.461, "Arriola", sent. de 31-VII-2013; L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; e.o.).
II.1.b. Empero, no puede soslayarse que el agravio dirigido a rebatir el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (en su versión anterior a la ley 27.348) -en cuanto ordena calcular el ingreso base tomando como módulo los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante- involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
II.2. El agravio que objeta la decisión del tribunal de grado que descartó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -respecto al período computable para el cálculo del ingreso base- debe ser rechazado.
II.2.a. Por un lado, cuadra señalar que, utilizando una técnica recursiva equivocada, la recurrente pretende que se reemplace el mecanismo de fijación del ingreso base previsto en la ley (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante) por el que considera más adecuado a sus intereses (a la fecha en que se determinó su incapacidad laboral), limitándose a señalar que el precepto impugnado viola los arts. 14 bis, 16, 17 y 19 de la Constitución nacional, mas soslaya fundamentar, con la profundidad que es exigible a un planteo dirigido a descalificar la validez constitucional de una norma legal, de qué manera habrían sido conculcadas en el caso dichas garantías constitucionales.
Al respecto, ha declarado este Tribunal que debe ser desestimado por insuficiente el planteo de inconstitucionalidad si la articulación ha sido vertida de manera genérica, incumpliendo el interesado con la carga impugnatoria que le es propia (causas B. 57.842, "Antonietti", sent. de 23-V-2001 y L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012).
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006; L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.), de allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012 y L. 117.127, "L., J. M.", sent. de 16-VII-2014).
II.3. Finalmente, cabe desestimar el agravio fundado en la denuncia de violación de doctrina legal (causas L. 36.062, "Durand de Bazan", sent. de 1-VII-1986 y L. 40.484, "Nogueira" sent. de 6-XII-1988), en tanto no resultan de aplicación en la especie, pues han sido elaboradas sobre la base de presupuestos jurídicos diversos a los verificados en autos (causas L. 91.414, "Fulco", sent. de 19-X-2011; L. 98.777, "Trujillo", sent. de 21-III-2012; L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015; e.o.).
Asimismo, en cuanto entiende infringida la delineada en la causa "Ac. 44.415" (fs. 255), pues cabe advertir que los datos aportados no permiten individualizar correctamente dicho pronunciamiento.
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289 del CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el señor Juez doctor Pettigiani en los puntos II.1.a. y II.1.b. de su voto.
I.2. Sentado ello, considero que -en el caso concreto sometido a análisis- acierta la recurrente al objetar la desestimación del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (conf. texto anterior a la sanción de la ley 27.348, B. O. de 24-II-2017), en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base mensual.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.