Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127097
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, decretó la caducidad de la instancia en la acción entablada por Luis Alberto Ayala contra Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas de la enfermedad profesional que denuncia padecer (v. pronunciamiento de fecha 21-XII-2020).
Para así decidir, en sustancia, juzgó que había transcurrido el plazo establecido en el art. 12 de la ley 11.653, sin que el actor produjera actividad procesal útil para la prosecución del trámite de las actuaciones, a pesar de la intimación cursada al respecto.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de (v. presentación electrónica de 24-XII-2020), concedido por el a quo mediante resolución electrónica de fecha 1 de febrero de 2021.
En su presentación, objeta las restricciones a la admisibilidad del remedio traído vinculadas al valor del litigio, planteando la inconstitucionalidad de los arts. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución provincial; 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, así como la existencia de cuestión federal.
Además, controvierte por arbitraria la sentencia, al tiempo que cita las normas y la doctrina que considera violadas.
En lo esencial, alega que el escrito presentado por su parte, vencido el plazo de intimación, pero con anterioridad al dictado del pronunciamiento atacado, reveló su intención de dar impulso a las actuaciones.
III. El recurso no puede prosperar.
Ello, sin perjuicio de dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los citados arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 123.904, "González", resol. de 18-XII-2019 y L. 125.004, "Fernandez", resol. de 13-X-2020).
III.2. Ahora bien, resultando indudable la insuficiencia del valor del litigio y rechazado el cuestionamiento constitucional de las normas que regulan los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se produce cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.079, "Aranda" y L. 125.380, "Martínez", resols. de 21-XII-2020).
III.3. En ese contexto, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que la crítica contenida en el escrito recursivo remite a cuestiones estrictamente procesales -como lo es la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 98.284, "Sanabria", sent. de 23-V-2010; L. 115.015, "Acevedo", resol. de 10-VII-2013; L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019 y L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020).
Para más, también se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 121.472, "Aguilar", resol. 8-VIII-2018; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021); así como tampoco resulta útil la cita del voto que ha quedado en minoría puesto que sólo traduce la convicción personal de uno de los magistrados, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (causas L. 105.764, "Olivera", sent. de 14-XII-2011; L. 121.976, "Amado", resol. de 26-XII-2018; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.469, "Álvarez", resol. de 12-II-2021).
Finalmente, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos y no la que deriva de los pronunciamientos de otros tribunales de justicia (causas L. 112.025, "Carta", resol. de 22-IX-2010; L. 110.469, "Faramiñan", resol. de 18-V-2011; L. 120.064, "Gómez", resol. de 11-VII-2018 y L. 125.286, "Sanchez Pérez", resol. de 13-XI-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/08/2021 20:30:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/08/2021 10:10:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2021 11:51:28 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 09:12:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 09:47:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia