Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122570
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja (v. fs. 601/607 vta.), se imponen a la vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.570, "Pou, Virginia Elba contra Dirección General de Cultura y Educación. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 370/378).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-XI-2018; copia a fs. 568/573 vta.), el que, denegado por el tribunal de origen (v. fs. 574 y vta.), fue concedido por esta Suprema Corte a fs. 612/613 vta., previa deducción de la queja respectiva (v. fs. 601/607 vta.; art. 292, CPCC).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Presidenta del tribunal de trabajo hizo lugar al reclamo articulado por la representante legal del Departamento de Cobro de Honorarios de Peritos Oficiales y Tasa de Justicia (dependiente de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia), e intimó a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires a depositar en la cuenta bancaria destinada a aquellos fines, la suma correspondiente a los honorarios del médico Miguel Ángel Sirna, por su trabajo profesional efectuado en la causa, en su carácter de perito oficial dependiente de la Dirección General de Asesoría Pericial del Poder Judicial provincial (v. fs. 558).
Frente a ello, la Fiscalía de Estado formuló oposición (v. escrito electrónico de fecha 3-X-2018), la que fue desestimada por el tribunal en pleno (v. fs. 566/567 vta.).
Para resolver de ese modo, sostuvo que los honorarios judiciales regulados a peritos oficiales de la Asesoría Pericial dependiente del Poder Judicial de la Provincia resulta una cuestión ajena a lo establecido en el decreto 2.125/62, el que -adujo- legisla sobre la situación de los agentes que se desempeñan en la Administración Pública y de aquellos casos en que aquellos deben actuar en representación del Fisco, como apoderados, patrocinantes, peritos, administradores, interventores o cualquier tipo de actuación judicial o extrajudicial, por la que pueda establecerse o regularse honorarios a su favor.
Afirmó que la ley 5.827 (y modif.) regula el funcionamiento de la Oficina Pericial de los Tribunales de Justicia, estableciendo las funciones de sus integrantes, sus prohibiciones, devengamiento de honorarios en las causas y fueros judiciales, no encontrándose como excepción la situación en que el Fisco de la Provincia de Buenos Aires debe abonar honorarios, sea como condenado en costas o como producto de lo dispuesto en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial local.
Consideró que el Fisco provincial y los peritos oficiales -que prestan servicios en el ámbito del Poder Judicial- pertenecen a distintos poderes del Estado, con autonomía financiera y funcional (conf. arts. 5 y 6 del Acuerdo 1870/79 y modif.), resultando inaplicable respecto de dichos agentes la prohibición del art. 1 del decreto ley 2.125/62, invocada por la parte demandada.
Concluyó que la Provincia de Buenos Aires debe hacerse cargo de cancelar los honorarios por la actuación del perito de la Asesoría Pericial.
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, 57, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1.627 y concordantes del Código Civil; 34 inc. 4, 163 inc. 5, 375, 376, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 26, 29, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 1 y 3 del decreto ley 2.125/62; de la Acordada 1870/79; del decreto ley 8.904 y la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 12 de noviembre de 2018; copia a fs. 568/573 vta.).
Alega quebrantada la doctrina legal del precedente B. 60.505, "Barbalarga, Elvira Anunciada contra Provincia de Buenos Aires (IPS)" (resol. de 21-VIII-2013), en el que se resolvió que "...conforme la condena en costas establecida en el presente (v. fs. 110/124), por imperio de lo normado por el art. 476 del C.P.C. y C., sumado al desinterés manifestado a fs. 42 por la parte demandada y en virtud de lo establecido en el art. 1 del decreto 2125/62, que dispone que cualquier funcionario o empleado de la administración cualquiera sea su vinculación con el Estado- no tendrá derecho a percibir honorarios en aquellos casos en donde deba actuar como perito y su satisfacción recaiga en el Provincia, corresponde al solicitante de la pericia, sufragar los gastos que generó la actuación del experto..." (pág. 6 del escrito recursivo).
Manifiesta que no resulta pertinente que la Provincia de Buenos Aires abone los honorarios regulados a los peritos oficiales, dado que se trata de funcionarios del propio Estado provincial y, que, en tal carácter, perciben un sueldo por parte de éste, por lo que, conforme lo dispuesto por el art. 1 del decreto ley 2.125/62, se encuentra -afirma- imposibilitado de cobrarle sus estipendios al Fisco.
Aduce que el Acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 1870/79 reglamenta lo atinente a los recursos y ejecución de costas devengadas en favor de los peritos de la Asesoría Pericial, pero nada dice cuando el obligado al pago es el mismo Estado, a quien en definitiva, pertenecen los peritos de dicho organismo, y a cuyo patrimonio (el del Estado) van destinados los emolumentos, esto último por cuanto se entiende no caben las distinciones entre los distintos poderes estatales, cuando en la realidad, éste aún bajo el ropaje de descentralizaciones y autarquías, es siempre el mismo (v. pág. 7 del escrito recursivo).
Sostiene que se estaría frente a una situación de confusión -que es causal de extinción de la obligación de pago (conf. art. 724 del Cód. Civ.)-, al reunirse en una única e idéntica persona la calidad de deudor y de acreedor.
Alega que su parte peticionó la intervención de la Asesoría Pericial con la expresa finalidad de evitar erogaciones a cargo de la Provincia de Buenos Aires, mediante la designación de peritos de lista, y el consecuente pago de honorarios. Argumenta que de ese objetivo tuvieron pleno conocimiento los peritos oficiales al momento de aceptar el cargo, por lo que en ese momento la Asesoría Pericial debió oponerse y hacer saber que reclamaría en su oportunidad los estipendios por la labor de sus funcionarios. Ello hubiese permitido a su parte evaluar la postura esgrimida y la designación requerida. De este modo, explica que el acto de aceptación es una conducta jurídicamente relevante a la cual no pueden oponerse al culminar el pleito, reclamando honorarios en forma contradictoria con dicho acto de aceptación (v. pág. 10 del escrito recursivo).
III. El recurso es inadmisible.
III.1. Concedido el remedio extraordinario en tratamiento en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 612/613 vta., resol. de 16-X-2019), la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 95.658, "Duarte", sent. de 20-V-2009; L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010 y L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; e.o.).
III.2. Bajo ese marco -aunque con matices diferentes a los que manifesté en la causa L. 124.732, "Soto" (sent. de 12-II-2021)-, considero que la doctrina legal cuya transgresión se denuncia en la impugnación en estudio no resulta idónea para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero, en tanto fue elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 102.096, "Biondo", sent. de 22-XII-2010; L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2018 y L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; e.o.).
III.2.a. En la doctrina que emerge del precedente B. 60.505, "Barbalarga" (resol. de 21-VIII-2013) -de naturaleza contencioso administrativa- el núcleo de lo determinado fue la revisión de una resolución dictada por este Superior Tribunal que desestimó la ejecución contra el Fisco provincial de los emolumentos fijados al perito contador oficial por su intervención en dichas actuaciones, estableciéndose que debían ser soportados por la demandante oferente de la prueba; el fundamento de la decisión se sustentó en el desinterés de la accionada al contestar la demanda respecto a la producción de la pericial contable ofrecida por la contraria, en lo normado por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial; y teniendo en cuenta que la condena en costas establecida en la sentencia de fecha 27 de octubre de 2004 se estableció en el orden causado. Dicho precedente difiere sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde -en el ámbito de un proceso laboral- la propia demandada si bien se opuso a la designación del perito contador, planteó a todo evento que "Respecto de la prueba ofrecida, toda vez que se encomiende alguna tarea a un perito, deberá solicitarse que sea solventada por profesionales de la Asesoría Pericial de Tribunales " (fs. 245 vta. y 246) y, luego, el tribunal de grado en su sentencia impuso las costas a la demandada en su calidad de vencida (v. sent., fs. 473), ordenando que el Fisco provincial abone los honorarios regulados a los peritos oficiales.
En tales condiciones, y más allá de la interpretación que pudiera derivarse de la normativa en juego, el cuestionamiento traído a esta sede casatoria no puede ser atendido, dada -como anticipé- la ausencia de similitud de las bases fácticas del precedente cuya transgresión se invoca.
III.2.b. Finalmente, resta señalar que los fallos de otros tribunales de justicia no constituyen doctrina legal en los términos señalados (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014 y L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la propuesta de mi colega doctor Torres desde que el caso bajo análisis presenta similares connotaciones a las verificadas en la causa L. 124.722, "Amatto" (sent. de 22-XII-2020), a la que remito.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Se desprende de las actuaciones que en la sentencia dictada el día 21 de abril de 2014, el tribunal de grado acogió la acción deducida, e impuso las costas a la Provincia de Buenos Aires en su condición de vencida. El 22 de abril de 2014, reguló los estipendios de los profesionales intervinientes, incluidos los peritos de la Asesoría Pericial.
Ambas resoluciones fueron notificadas a la Fiscalía de Estado provincial mediante cédula de fecha 23 de abril del mismo año. Frente a esa comunicación, la accionada realizó una presentación en la que impugnó la liquidación practicada toda vez que -señaló- a su juicio se encontraba exenta del pago respecto de la tasa y sobretasa de justicia.
Con posterioridad, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley agraviándose respecto de la tasa de interés aplicada. Frente al allanamiento de la parte actora, se corrió vista al Fiscal de Estado que lo consintió. El tribunal practicó nueva liquidación y regulación de honorarios, notificada a la ahora recurrente mediante cédula librada el 26 de junio de 2014, sin que nada dijera al respecto en dicha oportunidad procesal.
I.2. En atención a lo señalado, y remitiéndome en lo demás a los antecedentes relatados por el colega ponente, considero que la crítica traída contra la resolución dictada luego por el a quo , en cuanto refiere a la obligación -o no- de abonar los honorarios de los expertos oficiales, debió ser articulada en aquella primera oportunidad, revelándose aquí tardía y por ello inatendible. Es que el supuesto agravio motivo de la impugnación en estudio no se comenzó a gestar cuando la demandada en la etapa de ejecución fue intimada a depositar los estipendios de los peritos oficiales, aquél ya existía desde el momento en que se anotició de su condición de condenada en costas definida en la sentencia de mérito y que dentro de ellas estaban incluidos los honorarios de los peritos oficiales, como se indicó en la regulación.
I.3. Si bien lo dicho en el párrafo precedente basta para desestimar el medio de impugnación, en una mejor hipótesis para el recurrente puede observarse igualmente la ausencia de identidad de presupuestos entre el precedente cuya violación se denuncia y la presente causa (art. 55 primer párrafo in fine ley 11.653).
II. Por lo dicho, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto la solución brindada por el distinguido colega doctor Soria en su propuesta, de conformidad con los fundamentos que expuse en la causa L. 122.306, "Merlo" (sent. de 27-V-2021), a los que remito por brevedad.
Así lo voto .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja (v. fs. 601/607 vta.), se imponen a la vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/09/2021 13:14:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2021 14:25:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/09/2021 20:44:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2021 09:31:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/09/2021 07:39:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia