Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 127540
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, en lo que interesa, rechazó la acción iniciada por Laura Cecilia Agudo contra la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda en concepto de indemnización por incapacidad física y psíquica y daño moral (v. sent. electrónica de fecha 23-II-2021).
Para así decidir, juzgó que la accionante no logró acreditar que la minusvalía que dice padecer guarde nexo causal con la actividad desplegada a favor de la empleadora, ni los daños y perjuicios invocados.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 17-III-2021), el que fue concedido por el a quo (v. pronunciamiento electrónico de fecha 22-III-2021).
En su presentación alega absurdo en la valoración de la prueba y cita las normas que considera vulneradas.
Cuestiona que el a quo haya considerado cumplido el deber de prevención en materia de accidentes laborales por parte de la demandada.
También critica el fallo porque en él se entendió no probado que las tareas desempeñadas por la trabajadora le hayan provocado las limitaciones de salud que padece actualmente.
Finalmente, cuestiona la sentencia atacada, toda vez que considera que se basa en una prueba pericial que no resulta idónea.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que determinar las características de las tareas realizadas por la trabajadora y la relación de causalidad entre aquéllas y las dolencias incapacitantes que padece, el análisis del material probatorio, y -asimismo- establecer si se configuran -o no- los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común, son facultades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 121.584, "Ruiz Díaz", resol. de 13-II-2019; L. 120.951, "Gigena", sent. de 4-IX-2019 y L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa. Pues, no cualquier error ni la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente constituye el mentado yerro sentencial, sino que se requiere algo más: esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014; L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 123.341, "Mujica", resol. de 6-XI-2019; L. 123.838, "Baldibia", resol. de 19-II-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
En el caso, el recurso no cumple con la carga de acreditar el déficit alegado, ya que la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso y sólo pone de manifiesto disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento, método que -sabido es- no resulta suficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 121.865, "Luque", resol. 7-III-2019).
En efecto, el embate no contiene una réplica que desvirtúe el razonamiento del juzgador con arreglo al cual concluyó que la prueba analizada no resultó idónea para tener por acreditada la existencia del nexo de causalidad adecuado entre las labores desarrolladas y el daño que presenta la reclamante como consecuencia de la enfermedad que padece.
Además, es del caso recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte (causas L. 119.519, "Salas", resol. de 1-VI-2016; L. 120.191, "Ruiz", resol. de 19-IV-2017; L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia