Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 127776
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, rechazó la acción interpuesta por Norberto Antonio Saúl Silva contra Viafer S.R.L y Mapfre Argentina Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. mediante la que procuraba el cobro de una reparación integral por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la enfermedad profesional que denunció haber padecido (v. sent. de fecha 22-VI-2021).
Para así decidir, tras valorar en conciencia las pruebas producidas en el proceso, juzgó que no quedó acreditado que el accionante presente porcentaje alguno de incapacidad permanente, ya sea total o parcial, como tampoco la necesidad de afrontar gastos futuros de atención médica, servicio de urgencia y rehabilitación kinesiológica hasta la edad jubilatoria que se reclaman en el escrito de demanda.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-VII-2021), el que fue concedido por el a quo mediante resolución de fecha 15 de julio de 2021.
En su presentación individualiza las normas, garantías constitucionales y doctrina legal que considera violada.
En sustancia, denuncia que el juzgador incurrió en una errada valoración de la prueba producida, toda vez que, por un lado, considera que no tuvo en cuenta los padecimientos demostrados y sufridos durante todo el proceso. En ese marco, manifiesta que los informes médicos con los cuales el sententenciante dio basamento a sus afirmaciones datan de -por lo menos- diez años. Por lo tanto, entiende que se desconoció el real estado de salud del actor al momento de dictarse sentencia.
Por otro lado, considera que debió recaer sobre la aseguradora la responsabilidad en el marco de los arts. 1.710 inc. b y 1.716 del Código Civil y Comercial de la Nación, en atención que no logró acreditar en autos haber cumplido acabadamente con sus obligaciones legales.
En ese orden, plantea que la Ley de Riesgos del Trabajo no contempla que la reparación debe ser plena, a fin de restituir la situación del damnificado al estado anterior del hecho dañoso. Solicita, en consecuencia, indemnización por daño moral.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el monto reclamado en la demanda de cuyo rechazo se agravia la recurrente- no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, desde la doctrina que se invoca como violada se halla relacionada con cuestiones fácticas y probatorias, vinculada con el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso o bien a la existencia de configuración -o no- de los presupuestos fácticos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios fundada en el derecho común. De allí que resulta inhábil a los fines de lograr la apertura de la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo referido (causas L. 124.253, "Ramírez", resol. de 19-VIII-2020; L. 124.772, "González", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.234, "Moccio", resol. de 9-XII-2020).
III.3. Respecto al agravio relativo al daño moral, el interesado omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020).
Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20)
Fin de la sentencia