Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127875
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y Soria, dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Junín, hizo lugar a la demanda promovida por Julio César Migliavacca y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas de enfermedades profesionales (v. fs. 227/244 vta.).
Para así decidir, juzgó que el actor es portador de una incapacidad parcial y permanente del 23,3% del índice de la total obrera, la cual se relaciona en forma causal con las tareas prestadas para su empleador. Asimismo, fijo como fecha de la primera manifestación invalidante de las dolencias, el 1 de septiembre de 2015.
II. Contra dicho pronunciamiento ambas partes deducen recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 20-V-2021 y 26-V-2021), los que fueron concedidos por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (v. resols. de 4-VI-2021 y 29-VI-2021).
III.1. En la vía articulada por el legitimado activo (v. presentación de 20-V-2021), el interesado denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de la doctrina legal que cita.
En lo sustancial, cuestiona la decisión del tribunal de grado en lo referido a la determinación de la fecha de la primera manifestación invalidante. En ese sentido, reputa transgredido el principio de congruencia. Postula que el juzgador incurrió en una errada valoración de la prueba producida y de los escritos constitutivos del proceso.
Asimismo, se agravia del monto indemnizatorio al que arribó el sentenciante, alegando que omitió efectuar un análisis de la razonabilidad de la indemnización al momento del pago, conforme la doctrina de esta Corte sentada en la causa L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), entre otras que menciona.
III.2. Liminarmente, se debe observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.3. En el contexto indicado, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, pues se observa que bajo la denuncia de violación de doctrina, el recurrente pretende la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, denunciando absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al valorar las circunstancias de la litis, algo que es ajeno al excepcional carril por el que transitaría el medio de impugnación intentado (causas L. 121.928, "Palacio", resol. de 5-XII-2018; L. 124.253, "Ramírez", resol. de 19-VIII-2020; L. 124.772, "González", resol. de 21-IX-2020; L. 125.234, "Moccio", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.628, "Erdicaborda", resol. de 16-VII-2021).
Por otra parte, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
A mayor abundamiento, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020).
III.4. Tampoco se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado en relación al último cuestionamiento traído, toda vez que, sin perjuicio de que los presupuestos fácticos delineados en la presente difieren de aquéllos que se desarrollaron en la causa L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), lo cierto es, que en la última mencionada, esta Corte resolvió la insuficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley allí intentado, sin sentarse doctrina legal alguna en la materia allí discutida.
Por lo demás, en relación a los restantes precedentes mencionados, tampoco se verifica en autos la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral, desde que no es idónea la mera cita de doctrina legal que trae el recurso y que incumple con la carga prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, esto es, de explicar de qué manera se configura su violación o el error en su aplicación (causas L. 113.789, "Mauceri", resol. de 18-IV-2011; L. 118.187, "Riple", resol. de 10-XII-2014; L. 119.957, "Bellani", resol. de 7-IX-2016 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
Finalmente, dable es recordar que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no constituyen la "doctrina legal" a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 122.001, "Quiroga", resol. de 5-XII-2018; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020 y L. 125.463, "Maisonnave", resol. de 12-II-2021).
IV.1. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la legitimada pasiva (v. presentación de fecha 26-V-2021), denuncia absurdo, arbitrariedad e incongruencia, así como la transgresión de las normas y doctrina que cita.
En primer lugar, se agravia de la conclusión de grado que declaró acreditada la relación de causalidad entre las dolencias que padece el actor y su actividad laboral.
Luego, descalifica lo decidido en la instancia de origen respecto de la fecha que tuvo por probada como primera manifestación invalidante de la contingencia.
IV.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, puesto que, dejando de lado que las objeciones que porta el recurso se refieren a típicas cuestiones fácticas y probatorias marginadas de la revisión por conducto de la excepción examinada (causas L. 122.127, "Saavedra", resol. de 10-IV-2019; L. 122.613, "Parceq", resol. de 5-VI-2019 y L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020), los precedentes invocados por la interesada se hallan vinculados a la definición del vicio de absurdo, los cuales, conforme se ha sostenido en reiteradas oportunidades, resultan carentes de idoneidad a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo ut supra referido (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 122.256, "Mendoza", resol. de 24-IV-2019 y L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020).
Por lo demás, conforme reiteradamente ha afirmado este Tribunal, tampoco resulta útil en el excepcional supuesto de revisión en tratamiento, la cita de precedentes que versan sobre la obligación que tienen los jueces de fundar sus sentencias (causas L. 125.286, "Sánchez", resol. de 13-XI-2020 y L. 125.476, "Pellegrini", resol. de 9-XII-2020).
Asimismo, resta recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 123.659, "Ovejero", resol. de 25-IX-2019 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, respecto de los manifestado en el segundo párrafo del punto III.3., en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021 y L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/03/2022 09:29:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2022 10:14:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2022 13:43:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/03/2022 11:53:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2022 12:10:00 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia