Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128007
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás, en lo que interesa, hizo lugar a la acción promovida por Jorge Anibal Adami y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias establecidas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773 (v. fs. 154/165).
Para así decidir, tras evaluar los elementos probatorios agregados a la causa, juzgó acreditada la relación de causalidad existente entre la incapacidad laboral del trabajador, derivada de las afecciones que padece, y el desempeño de sus tareas prestadas a favor de su empleadora Ingredion Argentina S.R.L.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 30-VIII-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 9-IX-2021).
En su presentación, cita las normas, garantías constitucionales y la doctrina legal que considera vulneradas. Con denuncia de arbitrariedad, del principio de congruencia y de las reglas de la sana crítica, afirma que la sentencia resulta dogmática y carente de adecuada fundamentación.
En sustancia, objeta la conclusión de grado con arreglo a la cual se declaró demostrada la vinculación causal entre el trabajo desarrollado por el actor y las dolencias incapacitantes que padece. En ese orden, reputa errónea la apreciación del informe pericial médico.
Luego, refuta la decisión del a quo que dispuso denegar el pedido de citación de tercero articulado oportunamente en la contestación de la demanda.
Finalmente, objeta la imposición de costas a su parte.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, no se observa que el juzgador de origen haya incurrido en violación del principio de congruencia.
El señalado postulado importa conducir el juicio en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio e implica que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, de manera tal que dicho principio resulta violado cuando el fallo valora y decide circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo, sin que las partes hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa (causas L. 123.729, "Martin", resol. de 1-VI-2020 y L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020), situación ausente en el caso.
Por el contrario, la lectura del escrito postulatorio y del pronunciamiento objetado, revela que el sentenciante hubo de ceñirse al pedimento articulado en la demanda respecto de las personas, el objeto y la causa de la pretensión, circunstancia que despeja la posible vulneración del mentado principio procesal (causas L. 122.010, "Cuello", resol. de 10-IV-2019 y L. 123.679, "Calandro", resol. de 1-VI-2020).
III.2.a. Por otro lado, se impone recordar que determinar la existencia -o no- de relación causal o concausal entre el trabajo realizado y el daño resultante, así como valorar el material probatorio aportado al proceso, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del juzgador de grado, no susceptible de revisión en esta sede extraordinaria, salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 89.665, "Rodríguez Pimienta", sent. de 13-VII-2011; L. 110.970, "Sánchez", sent. de 27-VI-2012 y L. 118.092, "Molina", sent. de 30-V-2018).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018 y L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
III.2.b. En el caso, la recurrente omite satisfacer dicho recaudo, toda vez que en su escrito recursivo no invoca la configuración del mentado vicio, por lo que la réplica deviene insuficientemente fundada.
En efecto, sabido es que esta Corte reiteradamente ha señalado que resulta técnicamente defectuoso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna la interpretación efectuada por el tribunal de la instancia ordinaria en función que le compete privativamente, omitiendo la invocación del mencionado yerro sentencial (art. 279, CPCC y su doctrina; causas L. 124.434, "Papa", resol. de 23-X-2020; L. 125.047, "Hastoy", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.157, "Dietrich", resol. de 22-II-2021).
Sin perjuicio del indicado déficit técnico en el sustento de la impugnación, cabe señalar que la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020 y L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020).
En efecto, la réplica sólo refleja una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los magistrados de la instancia ordinaria, y, como tal, ineficaz a los fines pretendidos (causas L. 119.545, "Ciccioli", sent. de 28-VI-2017; L. 119.064, "Britos", sent. de 11-VII-2018 y L. 120.522, "Alegre", sent. de 7-VIII-2019).
III.2.c. Asimismo, corresponde indicar que en la tarea de valorar la experticia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020), no demostrado en la especie.
III.2.d. Cabe añadir que las reglas de la sana crítica no resultan aplicables al proceso laboral, en el que rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. "d", ley 11.653; causas L. 122.880, "Maidana", resol. de 6-XI-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.648, cit.).
III.3. Por lo demás, conviene señalar que el carril extraordinario intentado no es idóneo para canalizar la denuncia relativa a cuestiones procesales anteriores a la sentencia (causas L. 88.467, "González", sent. de 23-X-2009 y L. 119.984, "Miranda", resol. de 7-IX-2016; e.o.), como resulta -en el caso- aquella vinculada a la decisión que no admitió la solicitud de citación de tercero pretendida por la demandada.
III.4. De otro lado, la crítica en materia de costas resulta igualmente improcedente.
En reiteradas oportunidades ha sostenido esta Corte que su distribución e imposición, así como su eximición (total o parcial), constituyen atribuciones privativas del tribunal de trabajo, y -por tanto- no son revisables en casación, salvo absurdo. Éste se configura si se invoca y demuestra una irrazonable o evidente iniquidad en las pautas utilizadas o la alteración de la calidad de vencido (causas L. 111.997, "Uribe", sent. de 9-IV-2014 y L. 118.555, "Ambrosio", resol. de 18-III-2015), extremos que no se verifican en la especie porque el interesado se limita a exhibir su mera disconformidad respecto del criterio de aplicación seguido por los jueces de origen.
III.5. Finalmente, resta agregar que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causa L. 92.430, "Galarza", sent. de 20-VIII-2008), hipótesis no configurada en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/03/2022 18:07:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2022 18:21:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/04/2022 11:08:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2022 11:44:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2022 12:52:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia