Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 121882
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.882, "Governatori, Julio Federico contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Torres.
El Tribunal del Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada en su carácter de vencida (v. fs. 253/262).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 277/282 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 e hizo lugar a la demanda que Julio Federico Governatori promovió contra la Provincia de Buenos Aires, a quien condenó a pagar una indemnización integral con fundamento en el derecho común (v. fs. 253/262).
Concretamente, juzgó acreditado que como consecuencia de las tareas desarrolladas para la demandada el actor padece hernia lumbar L-4 L-5 y secuela cicatrizal de hernioplastía inguinal derecha e hipoacusia bilateral, que lo incapacitan definitivamente en un 37,24%; habiendo tomado conocimiento de la minusvalía en fecha 15 de abril de 2014 (v. vered., fs. 253 vta. y 254).
En lo que aquí reviste mayor interés y tal como se adelantó, declaró la inconstitucionalidad "de la opción excluyente" prevista en el art. 4 de la ley 26.773, que fuera inicialmente objetada por la demandante.
Expresó que si bien existió una añosa tolerancia jurisprudencial a la opción contenida en la ley 9.688, tal posición, siempre errada, no fue pacífica. Dijo que "tal incongruencia del Derecho Social fue felizmente superada a partir del malogrado art. 39 de la ley 24557, que colmó una serie de insostenibles injusticias y actuó como un eficaz revulsivo de las mismas" y que a partir de entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los superiores tribunales provinciales dictaron sucesivos fallos -así, entre otros, en los conocidos casos "Aquino", "Castillo", "Llosco" y "Cachambi" de la Corte federal- que impiden "retrogradar tanto legal, jurisprudencial como doctrinariamente, hacia la reinstauración de la opción excluyente" (fs. 256 vta.).
Consideró que no puede aceptarse la vigencia de un subsistema de reparación de daños excluyente del común, sino que, de existir, este debe ser complementario y articularse en cuanto resulte más beneficioso para la víctima, en conjugación de las distintas vertientes de atribución de responsabilidad, evitando sí, la superposición o duplicación de reparaciones. Indicó que esta situación se encuentra afianzada en nuestra jurisprudencia desde hace varios años y que no se puede desandar, sino violando el principio de progresividad (v. fs. 257).
Juzgó que la opción excluyente obsta al libre y pleno acceso a la justicia, y al obligar al trabajador en estado de necesidad a tomar una decisión crítica que implica una renuncia a priori de un hipotético o eventual mejor resarcimiento, lo perjudica (v. últ. fs. cit.).
Con ese basamento, declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, por resultar incompatible con los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo e hizo lugar a la demanda promovida, condenando a la Provincia de Buenos Aires a pagar al accionante el importe de $1.398.008 en concepto de reparación integral por daños y perjuicios. Asimismo, dispuso que hasta la suma de $509.312 la responsabilidad de la demandada -autoasegurada- también se funda en los arts. 1, 6, 12 y concordantes de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773 (v. fs. 256 vta./259).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aries deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; arts. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4 de la ley 26.773; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 (v. fs. 277/282 vta.).
II.1. Se opone a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 efectuada por el a quo.
Luego de señalar que la Constitución no prevé de manera expresa una norma de derecho fundamental para cada situación hipotética y que si existe una opción excluyente de acciones ello es producto de una labor legislativa conforme su art. 75 inc. 32, argumenta que el criterio que emana del citado art. 4 de la ley 26.773 es el de la "razonabilidad", definido doctrinariamente como "la exigencia constitucional de que las leyes deben contener una equivalencia entre el hecho y el antecedente de la norma jurídica creada, y el hecho consecuente de la prestación o sanción, teniendo en cuenta las circunstancias sociales que motivaron el acto, los fines perseguidos con él y el medio que como prestación o sanción establece dicho acto", a la par, recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación siempre ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad es la "ultima ratio".
Sosteniendo que la norma en análisis no resulta una novedad pues la misma situación se daba con las leyes 9.688 y 24.028, destaca seguidamente que luce desacertada la interpretación que indica que es violatoria del "principio de progresividad", ello, pues esa directriz no posee jerarquía constitucional; además, porque no puede considerarse un "retroceso" lo regulado con la mentada opción en tanto la ley 26.773 implicó una verdadera reforma de fondo y constituyó una respuesta legal superadora de los factores más controvertidos del sistema reparatorio de riesgos del trabajo.
Manifiesta que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño; un razonamiento en contrario -explica- importaría acumular dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria, ocasionando un indebido enriquecimiento.
Destaca que se desprende del escrito de demanda que el actor optó en primer término por la reparación con fundamento en la ley 24.557, siendo que conforme la fecha de toma de conocimiento determinada por el a quo el art. 4 de la ley 26.773 se encontraba vigente al momento de interponer judicialmente el reclamo.
Indica que si bien los jueces deben desentrañar la significación jurídica de las leyes y que ello los obliga a superar las rígidas pautas gramaticales que pudieran existir, también tienen la obligación de abstenerse de toda inteligencia que equivalga a prescindir de la norma aplicable, como ha sucedido en el sub judice.
Con todo, aduce que el tribunal de trabajo incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiéndose en consecuencia casar el fallo de grado en cuanto condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la indemnización integral con fundamento en las normas del derecho común "...toda vez el actor claramente ha optado por el otro sistema indemnizatorio, o sea el previsto en la ley de riesgos del trabajo" (rec., fs. 282 in fine).
II.2. En otro orden, afirma que el sentenciante también incurrió en el error de incorporar a la condena de reparación integral los factores de ponderación previstos en el decreto 659/96, toda vez que estos se corresponden exclusivamente con la reparación sistémica. Por dicha razón, solicita que de confirmarse lo juzgado respecto a la indemnización fundada en el derecho civil, se revoque este concreto aspecto de la decisión.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sin que ello implique emitir juicio sobre el contenido de tal decisión, lo resuelto por el tribunal de grado en torno al art. 4 de la ley 26.773 ha de permanecer firme en razón de la inhabilidad del medio de impugnación.
III.1.a. Con las precisiones que a lo largo de dicha pieza efectuó, en el escrito de demanda la parte actora advirtió que entablaba "la acción de indemnización tarifada que surge de la LRT (art. 15 inc. 2 Ley 24.557 y art. 3 Ley 26.773) y también, la reparación integral del derecho común (art. 19 CN, 75 LCT y 1113 y 1109 CC)" (fs. 20).
Por su lado, al intervenir en el litigio el Fisco provincial sostuvo que la demanda resultaba "inviable por prematura" en tanto el art. 4 de la ley 26.773 dispone que para accionar judicialmente se deberá obtener de parte de la aseguradora el dictamen sobre incapacidad y las prestaciones que de acuerdo a esta otorga el sistema; en ese contexto, fue determinante al afirmar que el citado precepto legal prohíbe la acumulación de acciones, razón por la cual "...el reclamo actoral fundado en términos de la ley de riesgos del trabajo y también en el marco del Código Civil, deviene improcedente..." (fs. 65 y vta., fs. 67).
III.1.b. Ahora bien, en el recurso extraordinario en análisis el interesado despliega una serie de argumentos orientados a justificar la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, pero ello, en el marco de aquel razonamiento en el que señala que habiendo podido el demandante optar por accionar directamente para obtener la reparación integral del daño, no lo hizo (v. fs. 281); peticionando, en fin, que se case la sentencia que condena al pago de una reparación sustentada en el derecho común toda vez que el actor "claramente ha optado por el otro sistema indemnizatorio, o sea el previsto en la ley de riesgos del trabajo" (fs. 282).
III.1.c. Lo anterior revela la impropia postura que ha adoptado el recurrente en esta sede extraordinaria, pues a pesar de haber sido consecuente en defender la validez constitucional de la norma descalificada en la instancia, lo ha hecho aquí bajo una valoración que difiere y colisiona lógicamente con aquella desplegada al contestar la demanda. Así, mal puede sostener que no corresponde condenar a abonar una indemnización fundada en el derecho común argumentando que el trabajador optó por la acción sistémica, cuando en la instancia expresamente admitió que aquel plasmó en su demanda ambas acciones: una fundada en la Ley de Riesgos del Trabajo y otra en el derecho común.
Por aplicación de los principios que informan la doctrina de los actos propios, es inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (causas L. 110.090, "Pérez", sent. de 11-IX-2013; L. 86.920, "P., G. M.", sent. de 8-X-2014; L. 114.166, "Giordano", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016; e.o.), incurriendo en una postulación inadmisible que, como tal, no debe ser considerada.
III.2. Sentado ello, tampoco el agravio vinculado con los factores de ponderación empleados en autos para definir el porcentaje de incapacidad del trabajador es de recibo.
Sin dejar de mencionar -pues ello descarta la eventual ausencia de razones objetivas- que el porcentaje de la minusvalía que afecta al trabajador fue definido por el a quo acudiendo a lo dictaminado por el perito médico interviniente (v. pericia, fs. 233/239 vta.), no encuentro ningún argumento válido del impugnante que explique fundadamente por qué motivos los magistrados del trabajo no podrían juzgar útil para determinar la incapacidad resarcible en el marco del derecho común el empleo de ciertos factores de ponderación (v.gr. la edad del trabajador) que a su vez se encuentran contemplados expresamente en el régimen especial de infortunios laborales (art. 8 apdo. 3, ley 24.557 y dec. 659/96).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria en cuanto pone de manifiesto la insuficiencia técnica del recurso para desvirtuar el pronunciamiento de grado que, para más, en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 27.348, se ajusta a la solución que hube de exponer al emitir mi voto en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021).
Voto pues, por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/04/2022 21:01:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/04/2022 14:56:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/04/2022 08:43:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 17:56:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2022 08:08:11 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia