Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128113
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás, en lo que interesa, hizo lugar a la acción promovida por Esteban Ricardo Carboni y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias establecidas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 con más el adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773 (v. veredicto y sentencia de fecha 25-VIII-2021).
Para así decidir, tras evaluar los elementos probatorios agregados a la causa, juzgó acreditada la relación de causalidad existente entre la incapacidad laboral del trabajador, derivada de las afecciones que padece y el desempeño de sus tareas prestadas a favor de Ingredion Argentina S.R.L.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 10-IX-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 23-X-2021).
En su presentación, cita las normas, garantías constitucionales y la doctrina que considera vulneradas. Denuncia arbitrariedad y la transgresión del principio de congruencia. Asimismo, afirma que el juzgador, apartándose de las reglas de la sana crítica dictó un fallo dogmático y carente de adecuada fundamentación.
En sustancia, se agravia de la conclusión de grado que declaró demostrada la vinculación causal entre las dolencias incapacitantes que padece el actor y su actividad laboral. En ese orden, cuestiona la apreciación del informe pericial médico.
Luego, sostiene que el a quo omitió expedirse oportunamente acerca del pedido de citación de terceros articulada al contestar la demanda.
Finalmente, objeta la imposición de costas a su parte.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, no se observa, en el caso, la concurrencia del déficit denunciado respecto del principio de congruencia.
Ello así, por cuanto éste importa conducir el juicio en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio e implica que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, de manera tal que dicho principio resulta violado cuando el fallo valora y decide circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo, sin que las partes hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa (causas L. 123.729, "Martin", resol. de 1-VI-2020 y L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020), situación que no concurre en el caso.
Por el contrario, la lectura del escrito postulatorio y del pronunciamiento objetado, revela que el sentenciante hubo de ceñirse al pedimento articulado en la demanda respecto de las personas, el objeto y la causa de la pretensión, circunstancia que despeja la posible vulneración del mentado principio procesal (causas L. 122.010, "Cuello", resol. de 10-IV-2019 y L. 123.679, "Calandro", resol. de 1-VI-2020).
III.2. Por otro lado, se impone recordar que tiene dicho esta Corte que determinar la existencia o no de relación causal o concausal entre el trabajo realizado y el daño resultante, así como valorar el material probatorio aportado al proceso constituyen el ejercicio de una atribución privativa del juzgador de grado, no susceptible de revisión en esta sede extraordinaria salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 89.665, "Rodríguez Pimienta", sent. de 13-VII-2011; L. 110.970, "Sánchez", sent. de 27-VI-2012; L. 118.092, "Molina", sent. de 30-V-2018 y L. 128.007, "Adami", resol. de 1-IV-2022).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018 y L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
III.3. En el caso, la recurrente omite satisfacer dicho recaudo, toda vez que, en su escrito recursivo, no invoca la configuración del mentado vicio, por lo que la réplica deviene insuficientemente fundada.
En efecto, sabido es que esta Corte reiteradamente ha señalado que resulta técnicamente defectuoso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna la interpretación efectuada por el tribunal de la instancia ordinaria en función que le compete privativamente, omitiendo la invocación del mencionado yerro sentencial (art. 279, CPCC; causas L. 124.434, "Papa", resol. de 23-X-2020; L. 125.047, "Hastoy", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.157, "Dietrich", resol. de 22-II-2021).
III.4. Sin perjuicio de la marcada insuficiencia técnica que presenta la impugnación, cabe señalar que la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020 y L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020).
En efecto, limitándose a exteriorizar un criterio opuesto al plasmado en el fallo que impugna, sus argumentos se estructuran sobre la base de la distinta significación que le atribuye a los elementos probatorios de la causa, en particular al informe pericial médico obrante en autos.
Así, la réplica sólo refleja una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los magistrados de la instancia ordinaria, y, como tal, ineficaz a los fines pretendidos (causas L. 119.545, "Ciccioli", sent. de 28-VI-2017; L. 119.064, "Britos", sent. de 11-VII-2018; L. 120.522, "Alegre", sent. de 7-VIII-2019 y L. 126.913, "Anselmo", resol. de 9-IX-2021).
Asimismo, corresponde indicar que en la tarea de valorar la experticia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020), el cual -como se dijo- no ha sido demostrado.
Cabe añadir que las reglas de la sana crítica no resultan aplicables al proceso laboral, en donde rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. "d", ley 11.653; causas L. 122.880, "Maidana", resol. de 6-XI-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.648, Cañete", resol. de 23-VIII-2021).
III.5. Por lo demás, y a propósito de lo argumentado respecto a las citaciones de terceros pretendidas por la demandada, cabe recordar que la eventual omisión en el tratamiento de una cuestión esencial resulta materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propia del de nulidad (causas L. 118.051, "Rossi", sent. de 19-IX-2018; L. 119.347, "Bernardi", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.699, "Caputo", sent. de 6-XI-2019 y L. 127.083, "Gonzalez", resol. de 7-X-2021).
III.6. Del mismo modo, la crítica en torno a las costas resulta igualmente improcedente. En reiteradas oportunidades ha sostenido esta Corte que su distribución e imposición, así como su eximición (total o parcial), constituyen atribuciones privativas del tribunal de trabajo, y -por tanto- no son revisables en casación, salvo absurdo. Éste se configura si se invoca y demuestra una irrazonable o evidente iniquidad en las pautas utilizadas o la alteración de la calidad de vencido (causas L. 111.997, "Uribe", sent. de 9-IV-2014; L. 118.555, "Ambrosio", resol. de 18-III-2015 y L. 126.955, "Risso", resol. de 30-VIII-2021), extremos que no se verifican en la especie, donde sólo se exhibe la mera disconformidad de la recurrente en orden al criterio de aplicación seguido por los jueces de origen.
III.7. Finalmente, resta agregar que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causas L. 122.268, "Carzoglio", resol. de 27-II-2019; L. 121.938, "Martín", resol. de 21-VIII-2019 y L. 127.874, "Chelia", resol. de 1-IV-2022), hipótesis no configurada en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/04/2022 12:40:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/05/2022 09:02:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2022 19:37:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2022 09:42:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2022 09:58:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia