Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128258
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar a la demanda interpuesta por Héctor Claudio Castellucci contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a quien condenó a pagar al actor la suma que especificó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773 (v. pronunciamiento de fecha 28-IX-2021).
Para así decidir, con sustento en la pericia médica practicada en autos, así como las declaraciones testimoniales, consideró probado el vínculo causal entre las tareas que realizaba el actor y las afecciones que padece, fijando la incapacidad en un 47,89% del índice de la total obrera.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 19-X-2021), el que fue concedido por el a quo (v. presentación electrónica de 3-XI-2021).
En primer lugar, sostiene que el fallo resulta absurdo y arbitrario, en tanto asegura que no existen elementos en la causa que justifiquen que las afecciones denunciadas tengan relación de causalidad con el trabajo realizado por el actor. En tal sentido, alega que el a quo valoró erróneamente la prueba testimonial y pericial médica.
En segundo término, plantea que las enfermedades denunciadas por el accionante tienen carácter inculpable, que no se encuentran en el listado de enfermedades profesionales, ni resultan derivadas de un accidente de trabajo.
Desde otroángulo, impugna la imposición de intereses, planteando que su parte nunca estuvo en mora, por lo que, en todo caso, los acrecidos debieron liquidarse desde la sentencia.
Finalmente, solicita que las costas sean impuestas al accionante.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Se impone recordar que esta Corte ha declarado que determinar si existe relación causal o concausal entre las labores desempeñadas por el trabajador y la minusvalía que lo afecta, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio (causas L. 123.156, "Puzzolo", resol. de 4-III-2020; L. 125.038, "Vera" y L. 125.422, "Casalone", resols. de 6-XI-2020), constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y ajenas a la casación, salvo que se demuestre absurdo en la labor axiológica de los magistrados (causas L. 122.498, "Spagnoli", resol. de 14-VIII-2019 y L. 124.085, "Fuente", resol. de 8-V-2020).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014).
III.1.b. En el caso, el tribunal de grado, tras analizar la prueba producida en la causa, tuvo por acreditado que los padecimientos incapacitantes del actor -hipoacusia perceptiva bilateral con trauma acústico de tercer grado, discopatías múltiples y la ruptura meniscal de ambas rodillas- habían sido provocadas por el hecho y ocasión del trabajo prestado para su empleadora, haciéndolo portador del déficit incapacitante que presenta.
III.1.c. Esta esencial conclusión del fallo no logra ser conmovida por la recurrente, pues si bien invoca absurdo, no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que sus críticas transitan sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que consideran que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 121.217, "Loncon", resol. de 10-IV-2019 y L. 126.954, "Aquino", resol. de 23-VIII-2021), en tanto sus argumentaciones se disipan en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el a quo . Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 123.382, "Santin", resol. de 11-III-2020; L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
Asimismo, se impone recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causa L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 119.974, "Cuevas", resol. de 7-IX-2016 y L. 124.091, "Suchetti", resol. de 11-III-2020), vicio que, como se anticipó, no logra ser acreditado.
Del mismo modo, corresponde destacar que no resulta hábil el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral, ya que cabe recordar que la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que el interesado no logra acreditar (causas L. 123.380, "Collaso", resol. de 19-II-2020; L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020).
III.2. No mejor suerte ha de seguir el cuestionamiento formulado en torno a la fecha que debe tenerse en cuenta para fijar el inicio del cómputo de los intereses.
En efecto, cabe advertir que lo decidido por el a quo coincide con el criterio de este Tribunal conforme el cual es la fecha de exigibilidad del crédito la que determina el punto de partida para el cómputo de los intereses (causas L. 123.156, "Puzzolo" y L. 123.180, "Beron", resols. de 4-III-2020).
III.3. Por último, en cuanto al cuestionamiento relativo a las costas, dable es recordar que reiteradamente esta Suprema Corte ha declarado que su imposición y distribución constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 121.962, "Giménez", resol. de 10-IV-2019 y L. 123.156, "Puzzolo", resol. de 4-III-2020), supuesto que -como se anticipó- no se presenta en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/05/2022 15:08:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/05/2022 10:17:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 13:42:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 19:53:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2022 07:52:03 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/05/2022 10:41:02 hs. bajo el número RR-645-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia