Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128307
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, rechazó en todas sus partes la demanda incoada por Alicia Susana Marenchino contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., por la cual reclamaba el cobro de prestaciones sistémicas como consecuencia de las enfermedades que denuncia padecer (v. pronunciamiento de fecha 20-X-2021).
Para así decidir, tras valorar en conciencia las pruebas producidas, juzgó que la actora no probó haber desempeñado las tareas alegadas en el escrito de demanda, como así tampoco que las mismas hayan sido la causa de las afecciones que sufre, ni que estas posean cobertura por parte de la ley 24.557.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 26-X-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 12-XI-2021).
En su presentación, cita las normas y la doctrina legal que considera violadas. Acusa gravedad institucional, la transgresión del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, así como del principio in dubio pro operario .
En sustancia, cuestiona la decisión del juzgador de grado en cuanto consideró no demostradas el tipo de tareas cumplidas y que han sido denunciadas en el escrito de demanda. Alega, además, que el colegiado de origen valoró absurdamente los hechos y las pruebas aportadas al proceso. Argumenta que, a diferencia de lo que se sostiene en el fallo, la aseguradora reconoció las afecciones sufridas por la trabajadora, brindando las prestaciones en especie.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene dicho esta Corte que determinar las características de las tareas realizadas por la trabajadora y la relación de causalidad entre aquéllas y las dolencias incapacitantes que padece, así como valorar el material probatorio aportado al proceso constituyen el ejercicio de una atribución privativa del juzgador de grado, no susceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 89.665, "Rodríguez Pimienta", sent. de 13-VII-2011; L. 110.970, "Sánchez", sent. de 27-VI-2012 y L. 118.092, "Molina", sent. de 30-V-2018).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
III.2. Si bien la recurrente ha denunciado el referido vicio, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia.
En efecto, en el caso, el sentenciante tras evaluar las pruebas realizadas en autos, juzgó no acreditadas las tareas invocadas en la demanda y, en consecuencia, tuvo por no probado que la minusvalía que posee la accionante se encuentre causalmente vinculada con el trabajo que desempeñó bajo la dependencia de su empleadora.
III.3. Esta esencial conclusión del fallo, no logra ser conmovida por la impugnante, en tanto sus alegaciones no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre como debieron apreciarse los hechos y las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019 y L. 123.057, "Jaldin", resol. de 11-IX-2019).
III.4. Por su parte, la interesada tampoco evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 124.364, "Benavidez", resol. de 29-VI-2020 y L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
III.5. Respecto a la acusación de infracción a la regla in dubio pro operario, corresponde aclarar que esta Suprema Corte ha declarado que la duda a la que alude el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juez al tiempo de dictar sentencia y, por lo tanto, no resulta de aplicación tal principio si -como en el caso- los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 122.224, "Donadio", resol. de 10-IV-2019; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020; L. 124.761, "Travaglia", resol. de 13-X-2020 y L. 126.360, "Giacomini", resol. de 8-VI-2021).
III.6. Por lo demás, tampoco luce útil la denuncia de violación de garantías constitucionales que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado -primeramente- preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 125.021, "Fernández", resol. de 22-X-2020 y L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020), supuesto que -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/05/2022 15:09:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/05/2022 10:18:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 13:42:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 19:53:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2022 07:52:15 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/05/2022 10:41:40 hs. bajo el número RR-655-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia