Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126357
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco del juicio iniciado por el señor Alejandro Daniel Lora contra Provincia ART S.A., en procura del cobro de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas de una enfermedad profesional que denunció padecer, se declaró competente para intervenir en las presentes actuaciones (v. resolución electrónica de fecha 30-VII-2020).
Para así decidir, hizo mérito de las directrices plasmadas por la Suprema Corte en el precedente L. 121.939, "Marchetti, Jorge Gabriel contra Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires s. Accidente de trabajo - acción especial", sent. de 13-V-2020 y, sobre la base de considerar que el promotor del pleito había cumplido con el trámite administrativo previo y obligatorio por ante las Comisiones Médicas, asumió su competencia material para entender en autos (conf. ley 11.653 y arts. 1, 2 y 4 Ley 27.348 y 2 inc. "j" y 103 Ley 15.057).
II. Contra lo así resuelto, el legitimado pasivo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 7-IX-2020), concedido por el a quo mediante resolución electrónica de fecha 14-IX- 2020.
En lo sustancial, sostiene que el pronunciamiento del a quo se desentiende por completo de las constancias de autos, citando incluso para motivar su decisión el escrito promocional del que no surge que el actor haya cumplido con el trámite administrativo previo y obligatorio por ante la Comisión Médica, sino que refleja que este último, una vez notificado del rechazo de las patologías reclamadas como contingencias amparadas por la ley 24.557, acudió al Tribunal de Trabajo para la determinación de la incapacidad.
Denuncia la errónea interpretación de los escritos constitutivos del proceso y absurdo en la valoración de las pruebas, que condujo al sentenciante a entender que el trabajador transitó la vía administrativa a la que hace alusión la ley 27.348, sin que ello encuentre respaldo en las constancias obrantes en la causa.
Indica que en la demanda el actor reconoció no haber observado tal requerimiento, planteando inclusive su disconformidad y oposición a dicho trámite, además de solicitar la inconstitucionalidad del procedimiento y las normas que lo regulan.
En suma, manifiesta que la sentencia que impugna es absurda, habiendo el tribunal de origen resuelto la contienda en base a premisas erróneas, grosero desconocimiento de los antecedentes de la causa e ignorando además la prueba documental agregada al expediente, todo lo cual violenta elementales principios de justicia y preclusión procesal.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 124.713, "Juárez", resol. de 2-X-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021 y L. 126.116, "Pérez", resol. de 19-IV-2021), razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.245, "Leguizamón", resol. de 16-V-2018; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L.125.981, "Vanucci", resol. de 10-V-2021; e. o.).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante aludida se impone nítida, desde que los precedentes traídos por el recurrente en apoyo de sus reproches aluden a presupuestos fácticos distintos a los del presente caso y no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 118.309, "Di Rocco", resol. de 19-II-2015; L. 121.388, "Castaño", resol. de 28-II-2018; L. 121.643, "González", resol. de 21-XI-2018; L. 122.612, "Ulibarri", resol. de 3-VII-2019 y L. 127.133, "Matos", resol. de 20-X-2021).
Además, cabe señalar que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no devienen idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 124.023, "Albide", resol. de 30-VI-2020; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020 y L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021).
Asimismo, también se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 121.472, "Aguilar", resol. de 8-VIII-2018; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021); como así también la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 121.514, "Pardo", resol. de 26-IX-2018; L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021 y L. 127.178, "Villalba", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/05/2022 15:10:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/05/2022 10:17:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 13:45:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 19:55:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2022 07:54:01 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/05/2022 10:43:04 hs. bajo el número RR-669-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia