Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128654
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Juan Carlos Malin, condenando a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., a pagar la suma que indicó en concepto de prestación por incapacidad laboral permanente parcial en los términos de la ley 24.557, con más intereses en la forma y modo que determinó (v. pronunciamiento de fecha 22-XII-2021).
Para así resolver, tras valorar los elementos de prueba obrantes en la causa, tuvo por acreditado que el accionante padece lumbalgia, tendinosis en hombro derecho e hipoacusia perceptiva bilateral, enfermedades que guardan relación con el trabajo cumplido y lo incapacitan en un 33,94% del índice de la toral obrera.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8-II-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 16-II-2022).
En su presentación relata los antecedentes de la causa, denuncia arbitrariedad y cita las normas que considera conculcadas.
En lo esencial, se agravia de la valoración de la prueba realizada por el sentenciante, en particular de la pericia médica y plantea que las dolencias del accionante no resultan derivadas del trabajo prestado en relación de dependencia.
Luego, se disconforma con la fecha a partir del cual se fijaron los intereses.
Finalmente, objeta la imposición de costas.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. De modo liminar, cabe señalar que el monto cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado para la recurrente por el capital de condena, con más la suma en concepto de intereses y costas, de lo que también se agravia- no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; causas L. 109.166, "Scarafia", resol. del 23-XII-2009; L. 113.275, "Mongelo", resol. del 22-XII-2010 y L. 125.809, "De Ávila", resol. de 26-V-2021).
III.1.b. Asimismo, y en el marco de los agravios que porta el recurso, este Tribunal tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones contenidas en las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 124.118, "Switlicki", resol. de 10-V-2021; e.o.).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 123.904, "González", resol. de 18-XII-2019 y L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021).
Luego, es dable observar que esta Corte ha sostenido que el sistema de instancia única instrumentado por la ley 11.653 no resulta violatorio del art. 8 apartado 2 inc. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, oportunidad en la que declaró, que el sistema procesal laboral de instancia única, instaurado por dicha norma procesal, no es inconstitucional (causa L. 119.452, "Tristán", sentencia de 5-VI-2019; L. 124.797, "Cabral", resol. de 26-II-2020 y L. 124.679, "Argiz", resol. de 15-IV-2021).
III.2. Sentado ello, la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
III.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la agraviada, a lo largo de su impugnación, omite citar como transgredida doctrina legal alguna de este Tribunal, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 123.543, "Municipalidad de Coronel Pringles", resol. de 11-XII-2019; L. 122.906, "Valentini", resol. de 11-III-2020; L. 125.377, "Zambrana", resol. de 12-II-2021 y L. 126.329, "Paolini", resol. de 8-VI-2021).
Por lo demás, carece de aptitud la denuncia de jurisprudencia que deriva de los fallos de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde que este Tribunal ha dicho, reiteradamente, que no constituyen doctrina legal (causas L. 114.434, "López", resol. de 29-VI-2011; L. 124.120, "Barrera", resol. de 18-VIII-2020 y L. 124.237, "Cejas", resol. de 13-X-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2022 10:01:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/07/2022 11:30:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2022 16:43:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:44:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:48:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/07/2022 14:39:23 hs. bajo el número RR-941-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia