Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125708
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.708, "Agra, Daniela Fernanda contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 221/231).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 4 de mayo de 2020).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y rechazó la demanda deducida por la señora Daniela Fernanda Agra en la que, en base a la incapacidad denunciada fruto de una enfermedad laboral, procuraba el cobro de una reparación integral con sustento en las normas del derecho común. En cambio, tras desestimar esa defensa ya articulada en relación con la acción sistémica, condenó a la parte demandada a otorgar las prestaciones en especie y la dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, y al pago de la adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773 (v. fs. 221/231).
En lo relevante, juzgó probado que la trabajadora se desempeñó como médica en la unidad de terapia intensiva en el Hospital Zonal General de Agudos "Dr. Isidoro G. Iriarte" de la localidad de Quilmes, desde el día 20 de enero de 2009 hasta el día 2 de abril de 2015; fecha en que renunció a su empleo (v. vered., fs. 221).
En base al dictamen psiquiátrico elaborado por la Asesoría Pericial departamental (fs. 190/193), juzgó demostrado que, como consecuencia de las tareas realizadas, la accionante padece "Trastorno Adaptativo con síntomas ansiosos encuadrable en Reacción Vivencial Anormal Neurótica Grado II", que arroja una incapacidad laboral, permanente, parcial y definitiva del diez por ciento (10%) del índice de la total obrera. Asimismo, tuvo en consideración lo dicho por los mentados peritos respecto a que el contexto en el cual la señora Agra se desempeñaba acentuó los rasgos de su personalidad base (v. vered., fs. 222/223).
En cuanto a la fecha de la primera manifestación invalidante, tuvo por no controvertida la denunciada en el escrito de demanda, situada en el mes de septiembre del año 2013, momento en el que la trabajadora padeció un cuadro de ansiedad y estrés, debiendo ser derivada por su psicóloga particular a un médico psiquiatra (v. vered., fs. 223 y vta.).
Por otro lado, consideró que la accionante tomó cabal conocimiento de su déficit laborativo en el mes de febrero de 2014, cuando el médico particular que la asistía le indicó retornar a sus labores, con bajo nivel de estrés y continuando con sesiones de psicoterapia y tratamiento farmacológico (v. fs. 136). Adicionó que, sin embargo, del informe obrante a fs. 75 no constaba que en el ámbito hospitalario se le hubiera efectuado un cambio de tareas; de allí que manifestó que la trabajadora continuó con licencias por enfermedad hasta el momento en que decidió dejar su trabajo (v. vered., fs. cit.).
Concluyó que resultaba claro que "...para el mes de febrero de 2014, Agra ya tenía una noción certera de la irreversibilidad de su minusvalía siendo que dicha situación le impedía desempeñarse dentro del nosocomio provincial tal como lo venía haciendo antes de la crisis de ansiedad que padeciera en septiembre de 2013..." (vered., fs. cit.).
En ese razonamiento, contrariamente a lo postulado por la accionante al contestar la excepción de prescripción opuesta (v. fs. 103/104), desestimó que hubiera tomado noción de su incapacidad el día 7 de abril de 2015, en el que la junta médica emitió su dictamen en el ámbito de la Dirección de Medicina Ocupacional de la demandada. Ello, por cuanto sostuvo "...que si bien en el mismo se estableció un 20,5% de incapacidad parcial y permanente con motivo del trastorno de ansiedad generalizada que aqueja a la demandante, lo cierto es que el referido dictamen fue impulsado de oficio, con posterioridad a la renuncia de Agra y con la finalidad de considerar el porcentaje de invalidez jubilatoria de la ex dependiente..." (vered., fs. 223 vta. y 224).
Posteriormente se avocó a analizar si se hallaban reunidos los requisitos para tener por configurada la responsabilidad de la accionada en los términos del Código Civil (ley 340). Al respecto, juzgó que las pruebas reunidas resultaron insuficientes para acreditar la existencia de cosa alguna que presentara riesgo o vicio, también para que la concreta actividad desarrollada por la trabajadora pudiera calificarse como "riesgosa" en sí misma (v. vered., fs. 224 y vta.). Ponderó asimismo que no se verificó un obrar negligente o culpable del empleador que tuviera relación causal "y/o" concausal con la dolencia; a la par que advirtió la falta de ofrecimiento de prueba pericial técnica a fin de recabar información respecto de eventuales incumplimientos en materia de seguridad e higiene (v. vered., quinta cuestión, fs. 225).
Evaluó luego la procedencia de las defensas de prescripción y señaló la existencia de una sustancial diferencia entre lo regulado en el art. 44 inc. 1 de la ley 24.557 por el reclamo sistémico y el art. 4.037 del anterior digesto civil en cuanto al reclamo de reparación integral (v. sent., fs. 228).
Circunscripto a la primera normativa, indicó que siendo que previamente no hubo determinación de incapacidad laboral definitiva en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo y que la desvinculación laboral ocurrió el día 2 de abril de 2015, al momento de la interposición de la demanda (esto es, el día 7 de junio de 2016), el plazo bienal previsto en la mencionada norma aún no había fenecido; razón por la cual rechazó la defensa articulada respecto de este reclamo (v. sent., fs. cit.).
En cuanto a la pretensión sustentada en la normativa civil, sostuvo que, dada la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad determinada, ocurrida durante el mes de febrero del año 2014, resultaba nítido que al momento de interposición de la acción ya había transcurrido el plazo de dos años establecido en el citado artículo, por lo que la acción dirigida a obtener la reparación integral se encontraba prescripta. A su vez, resaltó que tampoco resultó probada la existencia de actos de entidad para interrumpir el plazo prescriptivo (v. sent., fs. 228 y vta.).
A todo evento, señaló que tampoco fueron comprobados los presupuestos propios de la acción entablada en dicho marco.
En consecuencia, acogió el reclamo impetrado con sustento en legislación especial de riesgos del trabajo y cuantificó las prestaciones dinerarias que le correspondían percibir a la trabajadora, en base a las leyes 24.557 y 26.773 (v. sent., fs. 229 y vta.). A la par, dispuso el otorgamiento de las prestaciones en especie mientras continuaran los síntomas incapacitantes (v. sent., fs. 229 vta.).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 34 inc. 4, 163 inc. 6 primer párrafo, 266, 230 inc. 4, 272, 354, 373, 384, 385, 456 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial y 44 inc. "d" de la ley 11.653 y la doctrina legal que identifica.
II.1.a. Sostiene que el juzgador de grado incurrió en absurdo al determinar que la trabajadora tomó conocimiento de su minusvalía en el mes de febrero de 2014, momento en el que su médico particular le indicó el retorno laboral con bajo nivel de estrés y la continuación del tratamiento de psicoterapia y farmacológico.
Expresa que ese cuadro fáctico no hace más que ilustrar acerca de las situaciones de presión a la que era sometida la trabajadora, quien, a pesar de haber obtenido el alta médica con indicación de reasignación de tareas a fin de proseguir con su evolución favorable, pudo observar que la empleadora hizo caso omiso a ello, viéndose obligada la actora a continuar con su licencia médica, hecho reconocido por el principal.
Plantea que contrariamente a lo resuelto por el a quo, la actora tomó conocimiento de su incapacidad en el mes de abril del año 2015, tras asistir a la junta médica a la que fue citada en el ámbito de la Dirección de Medicina Ocupacional de la demandada y notificarse del informe médico respectivo en el que se determinó su incapacidad psicológica en un orden del 20,5%, la cual -alega- "...no tiene otro origen más que haber trabajado en situaciones deplorables de trabajo desde 2009".
Argumenta que los hechos que en el punto consideró el sentenciante no permiten determinar la toma de conocimiento de la minusvalía, en tanto -entiende- no se constata de ellos ninguna referencia acerca de las secuelas incapacitantes. Afirma que no obsta a lo expuesto que el tribunal de trabajo considerara que la pericia médica corroboró que a esa fecha la accionante se encontraba incapacitada; desde que la cuestión a dilucidar no versa sobre la verificación del momento en que se incapacitó sino en respecto de aquel en el que adquirió noción de ello.
Con ese esa línea de razonamiento, plantea su disconformidad en orden al rechazo de la defensa de prescripción.
Junto a otra jurisprudencia, alega que la decisión en crisis transgrede la doctrina legal de este Tribunal que establece que tanto en la acción especial como en la acción común, lo que define el inicio del cómputo del plazo de la prescripción es el conocimiento por parte del trabajador de la disminución laborativa ocasionada por la enfermedad que lo aqueja, independientemente de su grado o porcentaje, circunstancia a fijarse judicialmente; también aquella en la que se destaca el carácter restrictivo con el que debe admitirse el instituto de la prescripción.
II.1.b. Además, postula la falta de congruencia de la definición de grado por la cual consideró distintos puntos de partida para computar el plazo bienal de las acciones. Con cita de la jurisprudencia que indica, asevera que, en supuestos como el presente, la prescripción bianual debe computarse desde la determinación de la incapacidad conforme lo prevé el art. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo, que no distingue si la pretensión indemnizatoria se funda en el régimen especial de la ley de accidentes o en el derecho común, puesto que ello no modifica la naturaleza laboral del crédito.
II.2. Asimismo, impugna el razonamiento desplegado por el juzgador en torno a los presupuestos a los que se hallaba sujeta la determinación de la responsabilidad endilgada a la empleadora en el marco del reclamo resarcitorio sustentado en el derecho civil.
Sostiene que se encuentra probado que la incapacidad de la actora se debió a causa de su trabajo, producto del estrés laboral y el desgaste profesional.
Argumenta que se encuentran configurados los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad civil al Fisco provincial.
Expone que las pruebas dan cuenta de la relación causal entre el daño padecido por la trabajadora y los hechos expuestos en la demanda.
Entiende que el sentenciante efectuó un análisis incorrecto del dictamen elaborado por la junta médica, culpando a la víctima de su personalidad base, valiéndose de las declaraciones testimoniales brindadas por los deponentes de la audiencia; sin considerar los factores estresantes a los que la accionante se encontró expuesta fruto de sus labores.
Alega que pesaba sobre la parte demandada el deber de prevención del daño y seguridad, por lo cual debía evaluar los riesgos laborales atendiendo las capacidades de cada agente, entre ellos los psicosociales. Asevera que las probanzas de la causa dan cuenta del obrar negligente en el que incurrió la accionante, atento al deterioro que provocó la falta de insumos del nosocomio.
Por último, objeta la conclusión por la cual consideró que la labor desempeñada por la actora no importaba "una actividad riesgosa en sí misma", pues dice que de conformidad con lo establecido en los decretos provinciales 2.198/01, 2.868/02 y 598/15 y concordantes, la especialidad de terapia intensiva es considerable como insalubre.
III. El recurso no prospera.
III.1. En consideración a las diversas pretensiones y rubros objeto de reclamo que contiene la demanda de autos, el grado de incapacidad de la actora finalmente receptado en la sentencia, y todavía, las sumas dinerarias deducibles que integran la condena en concepto de prestaciones sistémicas, debió haber cumplido el impugnante con la carga procesal que sobre él recae de acreditar que eventualmente el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causa L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014). Sin embargo, ello ha sido enteramente omitido en el medio de impugnación en estudio. Y aun cuando tal falencia conduciría a idéntico desenlace, puede aclararse de todos modos que el valor de lo cuestionado conforme aquellas circunstancias apuntadas, no luce apto para franquear el monto mínimo fijado por la norma ritual para acceder a la revisión por la vía intentada (texto según ley 14.141). Lo expuesto, en fin, conduce a advertir que la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Luego, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando el Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 118.332, "Messina", sent. de 29-XI-2017; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018 y L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019).
III.2.a. Acotado de tal modo el marco de análisis de la impugnación, los planteos que despliega el interesado en torno a lo decidido por el tribunal de grado en lo relativo a la prescripción de la acción fundada en el derecho civil, no pueden ser atendidos.
III.2.b. Es que, si bien el recurrente invoca ciertos precedentes cuya doctrina denuncia violada, sus agravios, en rigor, remiten a cuestiones de índole fáctica y probatoria, como indudablemente lo son aquellas que recaen sobre la determinación de la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad por parte de la trabajadora (conf. causas L. 120.058, "López", sent. de 22-VIII-2018 y L. 120.524, "Pappalardo", sent. de 19-IV-2019) y el punto de partida para el cómputo del curso de la prescripción (causas L. 94.784, "Gómez", sent. de 15-VII-2009 y L. 120.089, "Torres", sent. de 15-VIII-2018) que, como tales, son extrañas a la hipótesis de excepción contemplada en el art. 55 de la ley adjetiva laboral antes mencionada.
III.2.c. Por cierto, y en tanto ese método también se vislumbra presente en el recurso, así, por ejemplo, cuando se le endilga al sentenciante la falta de congruencia al tomar puntos de partida diferentes para computar el plazo de prescripción de las acciones, dable es recordar que los fallos de otros tribunales de justicia no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020 y L. 120.627, "Viñau", sent. de 31-VIII-2021; e.o.).
III.3. Conforme lo anterior, debiendo permanecer incólume lo juzgado en el pronunciamiento de grado en cuanto se acogió la respectiva defensa de prescripción y en función de ello se desestimó la demanda dirigida a procurar la indemnización integral al amparo de las normas del derecho común, no cabe ingresar a analizar el cuestionamiento referido a la pretendida acreditación de los presupuestos de responsabilidad que la tornarían viable. Es que, definida la suerte adversa de la acción, de suyo que cualquier decisión que sobre el tópico pudiera eventualmente adoptar este Tribunal importaría la emisión de un pronunciamiento abstracto y, como tal, impropio de la judicatura (causa L. 94.184, "Jacquet", sent. de 7-V-2014).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/08/2022 11:01:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/08/2022 10:28:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/08/2022 18:57:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 15:59:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 19:19:01 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia