Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128259
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
RAMOS ROSA C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ENFERMEDAD PROFESIONAL.
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, en lo que interesa, rechazó la defensa de prescripción opuesta por la accionada y acogió la demanda incoada por Rosa Ramos condenando a la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773, por las secuelas incapacitantes padecidas como consecuencia del desempeño de sus tareas como docente (v. pronunciamiento de 20-X-2021).
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 8-XI-2021), el que fue concedido por el a quo en el marco del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de 10-XI-2021).
En su presentación individualiza las normas y la doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
En esencia, cuestiona la fecha que fijó el a quo como inicio de la primera manifestación invalidante.
Afirma, que esa conclusión transgrede el principio de congruencia, porque la actora había situado ese hito en una fecha anterior a la establecida en el fallo.
En ese marco, sostiene que el tribunal de grado aplicó un régimen normativo posterior al vigente a la fecha invocada por la propia demandante.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resolución de 10-XI-2021), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
III.2. En el ámbito de excepción por el que transita el recurso, la postulación resulta inadmisible, en tanto el planteo recursivo propuesto importa la revisión de cuestiones fácticas y probatorias como lo son las vinculadas a la determinación de la fecha de la primera manifestación invalidante y del punto de partida para el cómputo del curso de la prescripción, cuyo análisis resulta una facultad privativa del juzgador de grado que, como tal, se encuentra excluido del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 122.021, "Cuello", sent. de 20-VII-2020; L. 120.760, "Fleita" y L. 120.189, "Saucedo", ambas sents. de 9-XI-2020).
Por otro lado, tampoco se observa la concurrencia del supuesto habilitante previsto en el citado art. 55, cuanto se invoca doctrina vinculada a la eventual infracción del principio de congruencia, pues tal asunto se encuentra detraído de revisión en el acotado marco de conocimiento por el que transita la impugnación (causas L. 95.733, "Mouzo", sent. de 30-III-2011; L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012 y L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018).
Finalmente, no son atendibles los argumentos relativos a la aplicación retroactiva de la ley 26.773, pues, sin perjuicio de otras consideraciones, los precedentes invocados por el recurrente en apoyo de su tesis no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019; L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020; L. 126.871, "Salvador", resol. de 17-VIII-2021 y L. 128.387, "Rocha", resol. 26-IV-2022).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2022 18:12:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2022 20:54:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/09/2022 15:20:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 09:21:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 11:11:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/09/2022 17:46:44 hs. bajo el número RR-1214-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia