Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128830
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la parte demandada, con relación a los agravios tratados en los puntos III.1., III.2., III.3. y III.4. en atención a que han sido insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En cambio, declararlo procedente respecto del planteo desarrollado en el punto III.5. y revocar, con el alcance establecido en el punto IV, el pronunciamiento de grado, atento que el agravio introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). En consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68, segundo párrafo, y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás, en lo que corresponde destacar, hizo lugar a la demanda interpuesta por Andrés Pedro Garabato contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a quien condenó a pagar la suma que especificó en concepto de prestación por incapacidad permanente parcial definitiva (v. pronunciamiento de fecha 11-II-2022).
Para así decidir, consideró probado el vínculo causal entre las tareas que realizaba el actor y la afección que padece, fijando la incapacidad en un 25,83%, del índice de la total obrera.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 24-II-2022), el que fue concedido por el a quo (v. presentación electrónica de 11-III-2022).
En primer lugar, sostiene que el fallo resulta absurdo y arbitrario, pues –a su entender- no existen elementos en la causa que justifiquen que la afección denunciada tenga relación de causalidad con el trabajo realizado por el actor. En tal sentido, alega que el a quo valoró erróneamente la prueba testimonial y pericial médica.
Desde otroángulo, impugna la imposición de intereses, planteando que su parte nunca estuvo en mora, y que, en todo caso, los acrecidos debieron liquidarse desde la fecha en que fue dictada la sentencia.
Finalmente, apela por altos los honorarios, solicita la aplicación de la ley 24.432 y que las costas sean impuestas al accionante.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. Se impone recordar que esta Corte ha declarado que determinar si existe relación causal o concausal entre las labores desempeñadas por el trabajador y la minusvalía que lo afecta, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio (causas L. 125.038, "Vera" y L. 125.422, "Casalone", resols. de 6-XI-2020 y L. 123.156, "Puzzolo", resol. de 4-III-2020), constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y ajenas a la casación, salvo que se demuestre absurdo en la labor axiológica de los magistrados (causas L. 122.498, "Spagnoli", resol. de 14-VIII-2019 y L. 124.085, "Fuente", resol. de 8-V-2020).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014).
III.1.b. En el caso, el tribunal de grado, tras analizar la prueba producida en la causa, tuvo por acreditado que la dolencia que presenta el actor había sido provocada por la realización de tareas prestadas para su empleador en ambientes ruidosos, y que, a consecuencia de ello, es portador del déficit incapacitante que presenta.
III.1.c. Esta esencial conclusión del fallo no logra ser conmovida por la recurrente, pues si bien invoca absurdo, no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que sus críticas transitan sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que consideran que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 121.217, "Loncon", resol. de 10-IV-2019 y L. 126.954, "Aquino", resol. de 23-VIII-2021), en tanto sus argumentaciones se disipan en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el a quo . Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 123.382, "Santin", resol. de 11-III-2020, L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
Asimismo, se impone recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causa L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 119.974, "Cuevas", resol. de 7-IX-2016 y L. 124.091, "Suchetti", resol. de 11-III-2020), vicio que, como se anticipó, no logra ser acreditado.
Del mismo modo, corresponde destacar que no resulta hábil el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral, pues –sabido es- la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que el interesado no logra acreditar (causas L. 123.380,"Collaso", resol. de 19-II-2020; L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020).
III.2. No mejor suerte ha de seguir el cuestionamiento formulado en torno a la fecha que debe tenerse en cuenta para fijar el inicio del cómputo de los acrecidos.
En efecto, cabe advertir que lo decidido por el a quo coincide con el criterio de este Tribunal conforme el cual es la fecha de exigibilidad del crédito la que determina el punto de partida para el cómputo de los intereses (causas causas L. 123.156, "Puzzolo" y L. 123.180, "Beron", resols. de 4-III-2020).
III.3. De igual modo, la objeción relativa a la imposición de costas a su cargo deviene inatendible.
En efecto, dable es recordar que reiteradamente esta Suprema Corte ha declarado que su imposición y distribución constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 121.962, "Giménez", resol. de 10-IV-2019 y L. 123.156, "Puzzolo", resol. de 4-III-2020), supuesto que -como se anticipó- no se presenta en autos.
III.4. Tampoco es de recibo el agravio relativo a los estipendios fijados por el juzgador de origen -que la recurrente considera elevados- pues sabido es, que la regulación de los honorarios judiciales de los profesionales no es revisable en casación, ya sea en lo que atañe a su monto como respecto a las bases adoptadas para fijarlos, salvo circunstancias excepcionales que no han sido siquiera invocadas en la especie (causas L. 120.822, "Chávez", resol. de 11-X-2017 y L. 123.755, "Afonso", resol de 4-III-2020).
III.5. En cambio, el planteo vinculado con la ley 24.432, debe prosperar en tanto la norma citada ha sido vulnerada por el sentenciante de grado.
En efecto, aun cuando el quo propuso limitar la responsabilidad de la demandada en el pago de las costas aplicando los arts. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, cierto es que, conforme surge de la liquidación practicada en autos (v. resol. de fecha 14-II-2022 y aclaratoria de 25-II-2022), se ha rebasado, en la estimación de los conceptos integrantes de la condena en costas, el limite porcentual (25% del monto de la sentencia) previsto en aquellas normas.
Al respecto, en reiterados precedentes esta Suprema Corte ha declarado que la limitación introducida por la ley 24.432 respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas establecida en los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (ambos según modif. de ley 24.432), receptada en idénticos términos en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación es constitucional y aplicable en el ámbito provincial (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 89.979, "Saucedo", sent. de 16-IV-2008; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 98.065, "Cejas", sent. de 3-V-2012 y L. 124.724, "Ibarra", sent. de 8-II-2021; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad traído, casar lo resuelto por el órgano de origen en los términos expuestos y, en consecuencia, devolver las actuaciones para que proceda a adecuar el pronunciamiento a efectos que la responsabilidad por el pago de las costas no supere la limitación porcentual prevista en la normativa de aplicación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la parte demandada, con relación a los agravios tratados en los puntos III.1., III.2., III.3. y III.4. en atención a que han sido insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En cambio, declararlo procedente respecto del planteo desarrollado en el punto III.5. y revocar, con el alcance establecido en el punto IV, el pronunciamiento de grado, atento que el agravio introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). En consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68, segundo párrafo, y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/09/2022 09:32:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2022 08:14:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2022 13:07:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/10/2022 16:04:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2022 07:50:36 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/10/2022 09:50:24 hs. bajo el número RR-1245-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia