Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129148
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar a la demanda interpuesta por Daniel Alfredo Krause y, en consecuencia, condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestación por incapacidad permanente parcial, establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, y el adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773, con más intereses y costas (v. veredicto y sentencia de fecha 23-III-2022).
Para así decidir, juzgó -ponderando especialmente las declaraciones testimoniales y las conclusiones brindadas por los peritos médico y técnico en sus respectivos informes- que el actor padece, como consecuencia de las tareas prestadas para su empleadora, una minusvalía parcial y permanente del 32,12% del índice de la total obrera.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 8-IV-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 31-V-2022).
En su escrito impugnativo, invoca absurdo y arbitrariedad, y cita las normas y la doctrina que entiende violadas.
II.1. En primer lugar, afirma que no existen elementos en la causa que justifiquen la determinación del porcentaje de incapacidad establecido, y menos aún para concluir que las afecciones tienen nexo de causalidad con las tareas realizadas por el actor. En tal sentido, alega que el juzgador valoró erróneamente la prueba pericial médica, la que resulta inexacta y carente de sustento.
Considera, además, que las secuelas denunciadas por el accionante poseen carácter inculpable y que no se encuentran en el listado de enfermedades profesionales.
Refiere que el sentenciante incurre en un desvío notorio de las leyes de la lógica y que desnaturaliza las reglas de la sana crítica.
II.2. Por otro lado, impugna la fecha a partir de la cual el tribunal sentenciante dispuso el inicio del cómputo de los intereses.
II.3. Finalmente, se agravia de la imposición total de costas a su parte.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. De manera liminar, cabe destacar que esta Corte ha declarado que determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador, así como las características de las tareas realizadas y la relación de causalidad entre aquéllas y las dolencias incapacitantes que padece, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, específicamente lo atinente al mérito y fundamento de los informes periciales, son facultades privativas de los jueces de origen, salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 115.753, "Silva", resol. de 30-V-2012; L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014; L. 122.053, "Montecitos", resol. de 10-IV-2019; L. 124.789, "Díaz", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.417, "Ortiz", resol. de 12-III-2021).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
III.1.b. Si bien la recurrente ha denunciado el referido vicio, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia.
En efecto, en el caso, el sentenciante, tras evaluar en forma pormenorizada las pruebas realizadas en autos, incluida la pericia médica que la impugnante denuncia como erróneamente ponderada, juzgó acreditadas las tareas invocadas en la demanda -conforme el dictamen técnico y las declaraciones testimoniales-, así como la relación causal entre ellas y la minusvalía que posee el accionante, la que juzgó ascendía al 32,12% de la total obrera.
Tal conclusión no logra ser descalificada por la recurrente, pues su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el órgano de grado debió valorar las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 101.295, "Zakowicz", sent. de 1-IX-2010; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 119.978, "Manzanares", resol. de 5-X-2016; L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020 y L. 128.717, "Olmos", resol. de 15-VII-2022).
Al respecto, conviene recordar que no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, pues se requiere algo más: la evidencia de un vicio lógico en el razonamiento del juzgador o de una grosera desinterpretación material de alguna probanza (causas L. 116.954, "Dipiero", sent. de 6-VIII-2014; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020), lo cual -a tenor de lo dicho- no se verifica en la especie.
Para más, deviene necesario señalar que, en el proceso laboral, la valoración de los distintos medios probatorios resulta materia privativa de los jueces de grado, facultad que comprende la evaluación de las pericias rendidas y la eficacia que les adjudiquen a las conclusiones de los expertos (causas L. 122.162, "Alarcón", resol. de 10-IV-2019; L. 123.382, "Santín", resol. de 11-III-2020 y L. 123.931, "San Martín", resol. de 16-VI-2020), salvo la hipótesis de configuración de absurdo, el cual, como se dijo, no logra evidenciarse en el caso.
Especialmente, cabe indicar que en la tarea de valorar la experticia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo el señalado vicio (causas L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020), que en este punto tampoco ha sido demostrado.
A lo expuesto corresponde añadir que las reglas de la sana crítica no resultan aplicables al proceso laboral, en el que rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. "d", ley 11.653; causas L. 122.880, "Maidana", resol. de 6-XI-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 128.474, "Schmidt", resol. de 7-VI-2022).
III.2. No mejor suerte ha de seguir el cuestionamiento formulado en torno a la fecha que debe tenerse en cuenta para fijar el inicio del cálculo de los intereses.
En efecto, cabe advertir que lo decidido por el a quo coincide con el criterio de este Tribunal conforme el cual es la fecha de exigibilidad del crédito la que determina el punto de partida para el cómputo de los intereses (causas L. 123.156, "Puzzolo" y L. 123.180, "Beron", resols. de 4-III-2020, y L. 128.258, "Castelucci", resol. de 23-V-2022).
III.3. Por último, en relación al agravio relativo a las costas, dable es recordar que reiteradamente esta Suprema Corte ha declarado que su imposición y distribución constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 121.962, "Giménez", resol. de 10-IV-2019 y L. 123.156, "Puzzolo", resol. de 4-III-2020), supuesto que -como se anticipó- no se presenta en el caso.
III.4. Finalmente, corresponde indicar que la invocación de quebranto de principios y normas constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas legales, circunstancia que, en autos, surge no acreditada (causas L. 103.682, "Cervantes", sent. de 16-III-2011; L. 120.326, "Canosa", resol. de 12-IV-2017 y L. 126.058, "Córdoba", resol. de 17-V-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/10/2022 14:45:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2022 15:53:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2022 10:54:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:09:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 12:31:03 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2022 13:56:41 hs. bajo el número RR-1308-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia