Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123669
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el legitimado activo en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 , ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
2Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por el Fisco provincial, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, rechazó la demanda promovida por Norberto José Natali contra la Fiscalía de Estado mediante la cual perseguía el pago de las prestaciones establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo. Luego, fijó los honorarios de los profesionales intervinientes tomando como base regulatoria el monto reclamado en la demanda (v. vered. de 14-VI-2022 y sent. de 15-VI-2022).
Para así resolver, tras evaluar el material probatorio aportado al proceso, juzgó no acreditadas las tareas denunciadas en el escrito de inicio como realizadas por el actor en favor del empleador y, en consecuencia, tampoco la invocada relación de causalidad entre ellas y las afecciones incapacitantes que padece.
II. Contra dicha decisión, ambas partes dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones de fecha 28-VI-2022 y 5-VII-2022), los que fueron concedidos por el a quo (v. resoluciones del 1-VII-2022 y 8-VII-2022).
III.1. En el medio de impugnación deducido por el legitimado activo, se citan las normas y la doctrina legal que considera transgredidas.
En sustancia, cuestiona la decisión de grado con arreglo a la cual se estableció la ausencia de acreditación de las tareas prestadas por su parte para la demandada y la consecuente falta de relación causal con las enfermedades que padece. En ese orden, alega, esencialmente, que el juzgador de grado valoró absurdamente las pruebas aportadas al proceso, especialmente el informe pericial médico y las declaraciones testimoniales rendidas en la audiencia de vista de causa
III.2. El recurso no prospera.
III.2.a. Tiene dicho esta Corte que determinar la existencia o no de relación causal o concausal entre el trabajo realizado y el daño resultante, así como valorar el material probatorio aportado al proceso, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del juzgador de grado, insusceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 89.665, "Rodríguez Pimienta", sent. de 13-VII-2011; L. 110.970, "Sánchez", sent. de 27-VI-2012; L. 118.092, "Molina", sent. de 30-V-2018 y L. 128.007, "Adami", resol. de 1-IV-2022).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018 y L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
III.2.b. Bajo estas directrices, los reproches que porta el escrito de impugnación no lucen hábiles para evidenciar la configuración del mentado vicio.
Ello así, pues la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que el recurrente considera que el a quo debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020).
En efecto, la mera divergencia sobre el análisis efectuado respecto de las declaraciones testimoniales, sumada a la personal apreciación que exterioriza en torno al contenido de la prueba pericial, resultan inhábiles para demostrar la existencia del vicio de absurdo. Así, por conducto de su particular punto de vista extrae de las probanzas producidas una conclusión contraria a la arribada por el sentenciante, con el único propósito de ajustarla a su pretensión.
De ese modo, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo resuelto, limitándose a señalar posibles falencias en la evaluación realizada por el sentenciante, y pretendiendo -al cabo- hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador de grado en lo que atañe a la facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso, método inapropiado -como se expresó- para evidenciar el vicio invocado (causas L. 109.399, "Gentili", sent. de 4-VII-2012; L. 117.069, "Tango", sent. de 26-VIII-2015; L. 118.219, "Pozzo", sent. de 4-V-2016 y L. 128.027, "Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.", resol. de 26-IV-2022).
Cabe precisar, además, que la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces del trabajo, quienes gozan de amplias facultades en razón del sistema de apreciación "en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 118.004, "Pereyra", sent. de 26-VI-2016; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021; L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021).
En definitiva, el interesado no logra aportar elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica a una mera contraposición de criterios que, como tal, resulta inidónea a los fines del remedio deducido (causas L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017; L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019; L. 120.802, "Mandagaran", sent. de 28-VIII-2019).
Lo expuesto es suficiente para sellar la suerte adversa de la impugnación traída, sin que resulte necesario, a tenor de lo resuelto, avanzar en otras consideraciones.
IV.1. En el remedio extraordinario incoado por la Fiscalía de Estado, se objeta que el a quo utilizó, como base regulatoria para el cálculo de los honorarios, la suma reclamada en la demanda, alegando que debió estar aquella equivalente a la que proporcionalmente habría representado la indemnización de haber prosperado la acción. Sobre tal piso de marcha, sostuvo abusiva y desproporcionada la cifra fijada por los estipendios de los auxiliares de la justicia y enunció la doctrina legal de esta Suprema Corte elaborada en torno al alcance de lo dispuesto en los arts. 23 y 58 del decreto ley 8.904/77, que entiende extensible a la ley 14.967.
IV.2. El recurso prospera.
IV.3.a En el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la diferencia entre el monto de los honorarios regulados por el a quo y el que habría de obtenerse según los parámetros que la recurrente postula- tampoco excede el mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal.
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.100, "Cariaga", resol. de 19-IX-2022).
IV.3.b. En este contexto, cabe observar que se encuentra vulnerada la doctrina legal establecida por esta Corte en casos similares al presente, debidamente invocados por la interesada.
Como señalara esta Corte, entre otras, en las causas Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001) -citada por la impugnante- y L. 84.028, "Rojas" (sent. de 9-V-2007), y recientemente en el precedente L. 122.685, "Sánchez" (resol. de 15-IX-2020), resultaírrito que, al amparo de una interpretación literal del art. 23 del decreto ley 8.904/77 -receptado en idéntica forma en el art. 23 de la ley 14.967-, queden convalidadas situaciones como las que ofrece el caso bajo estudio frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada.
Para más, el hecho de que la actora -en tanto trabajadora- goce del beneficio de gratuidad, exige una interpretación adecuada del art. 23 de la ley arancelaria. Parece evidente que, escudado bajo tal condición, no es impensable que se incluya en la demanda un monto excesivo o extraño a los valores en juego, a sabiendas de que eventualmente no habrá de afrontarse mayor riesgo en caso de desestimarse la pretensión.
Cabe apuntar que en el sub examine , si bien en el pronunciamiento impugnado se condena en costas a la parte actora vencida, la responsabilidad por el pago de los honorarios de los peritos que actuaron en el proceso, en función de lo prescripto por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, puede tener también como obligada a la parte recurrente.
De allí que, en las circunstancias descriptas, para efectuar las regulaciones haya que partir de la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción (aquí enmarcada en el sistema especial de riesgos del trabajo), aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado, pues aquélla será, en definitiva, la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito. Ello pues, en situaciones excepcionales como la configurada en autos, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis.
De tal suerte, para evitar una determinación desmesurada y por ende irrazonable (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.), los estipendios de los profesionales actuantes deben determinarse en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido percibir a la actora de prosperar su reclamo (causas L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014; L. 119.147, "Wilczynski", sent. de 10-VIII-2016 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
Sin perjuicio de lo expuesto, y en tanto también es una directriz gravitante en el caso, cabe destacar, que esta Corte señaló que cuando la determinación de los honorarios de conformidad con la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad, condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducirla equitativamente (arts. 505 y 1.627, Cód. Civ.; arts. 730 y 1.255, Cód. Civ. y Com.; 13, ley 24.432; causas Ac. 86.346, "Calleri", sent. de 26-IX-2007; L. 121.299, "Bernoi", sent. de 29-IV-2020; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; L. 122.685, "Sánchez", resol. de 15-IX-2020 y L. 125.945, "Fioritti", resol. de 10-V-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el legitimado activo en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 , ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
2. Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por el Fisco provincial, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/12/2022 21:49:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/12/2022 13:29:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2022 13:44:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2022 08:37:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 09:01:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/12/2022 11:13:28 hs. bajo el número RR-1554-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia