Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129204
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Campana perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Guillermo Rodolfo Sokol y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias establecidas en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 y adicionales previstas en los arts. 11 apartado 4 inc. "a" de dicho cuerpo legal y 3 de la ley 26.773 (v. pronunciamiento de 1-XII-2021).
Para así decidir, tras evaluar los elementos probatorios agregados a la causa, juzgó acreditada la relación de causalidad existente entre la incapacidad que presenta el actor, derivada de las afecciones que padece y el desempeño de sus tareas prestadas a favor del empleador.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 16-XII-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 4-II-2022).
En su presentación, cita las normas y doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
En sustancia, se agravia de la conclusión de grado que declaró acreditada la relación de causalidad entre las dolencias incapacitantes que padece el actor y su actividad laboral. En ese orden, cuestiona, por arbitraria, la apreciación de los informes periciales médico y técnico. A la vez, que objeta el porcentaje de minusvalía determinado por el a quo y el método utilizado para establecerlo.
Finalmente, apela por altos los honorarios, y solicita que las costas sean impuestas al accionante.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Tiene dicho esta Corte que establecer las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, evaluar el material probatorio y determinar la existencia de relación causal o concausal entre el hecho y el daño, así como lo atinente al mérito y fundamento de los informes periciales y establecer el grado de minusvalía que afecta al trabajador, constituyen el ejercicio de una atribución privativa de los jueces que integran los tribunales de trabajo, y, por ende, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo que debe ser eficazmente demostrado (causas L. 118.092, "Molina", sent. de 30-V-2018; L. 119.926, "Sívori", sent. de 10-IV-2019 y L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Mrales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018; L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
III.1.b. En el caso, el recurrente no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, pues la crítica dirigida a refutar el carácter laboral atribuido a las afecciones que padece el accionante transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020 y L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020).
Asimismo, cabe poner de resalto que respecto al agravio relativo a la determinación de la minusvalía laborativa del trabajador, al criterio empleado para su determinación y el apartamiento de la normativa del régimen especial de riesgos del trabajo que denuncia, el recurrente tan sólo se limita a exponer su propio análisis acerca del modo como debió haber sido resuelto este aspecto de la controversia, insistiendo, fundamentalmente, en manifestar su oposición a las conclusiones expuestas por el perito médico y postulando la aplicación de un método que considera más adecuado a sus intereses, pero sin profundizar un concreto y eficaz ataque al razonamiento seguido por el juzgador para establecer las definiciones que impugna, que, de ese modo, permanecen incólumes (causas L. 118.715, "Avanzi", sent. de 24-V-2016; L. 119.914, "A., D. A", sent. de 22-VI-2020 y L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020).
III.2. Por otro lado, no es atendible el cuestionamiento relativo a los estipendios fijados a los profesionales intervinientes.
Cabe recordar que en materia de honorarios la irrecurribilidad es la regla, salvo excepcionalísimos supuestos en donde están en juego determinadas garantías, como el derecho del profesional a la regulación, o en los casos de regulaciones confiscatorias, o cuando la decisión aparece derivada del mero arbitrio del juzgador o se han aplicado normas arancelarias inadecuadas (causas L. 108.500, "Seggiaro", sent. de 19-IX-2012; L. 119.850, "Benítez", sent. de 3-V-2018), anomalías que ni siquiera han sido invocadas en el recurso.
A todo evento, el reclamo de que se apliquen las disposiciones de la ley 24.432 se encuentra huérfano de toda fundamentación, sellando así su suerte adversa.
III.3. Finalmente, en relación al lacónico cuestionamiento vinculado a las costas, cabe recordar que su imposición y distribución es, como regla, una facultad privativa de los jueces de grado y -como tal- no revisable en casación, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 119.555, "Bocca", sent. de 15-VIII-2018; L. 120.185, "Rezzónico", sent. de 19-IX-2018 y L. 121.299, "Bernoi", sent. de 29-IV-2020), vicio que, en esta parcela del escrito recursivo, no denuncia el recurrente y que determina, sin más, la desestimación de la crítica.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2022 11:07:47 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 23:55:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/12/2022 20:01:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2022 10:38:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2022 10:57:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/12/2022 12:34:57 hs. bajo el número RR-1669-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia