Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125824
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.824, "Falero, Adriana Gisela contra Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y otro/a. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar parcialmente a la acción promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 647/659).
Se interpusieron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de 28-VIII-2019 y 30-VIII-2019).
Dictada la providencia de autos (v. proveído electrónico de 18-XII-2020) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la demandada?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda que la señora Adriana Gisela Falero promovió contra la Fiscalía de Estado, por la que pretendía el pago de una reparación integral de los daños y perjuicios derivados de las afecciones que contrajera -disfonía crónica irreversible y reacción vivencial anormal neurótica con manifestación depresiva grado II- a consecuencia de las tareas que prestó como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la errónea interpretación y aplicación del art. 44 de la ley 24.557 y del baremo de la ley 24.557 (dec. 659/96).
II.1. En primer lugar, se agravia del rechazo de la defensa de prescripción.
Argumenta que el tribunal de grado tomó como punto de partida la fecha de consolidación del daño, esto es, el día 15 de junio de 2010 cuando la aseguradora de riesgos del trabajo dictaminó sobre el porcentaje de incapacidad parcial y permanente, siendo este el momento en que la trabajadora tuvo conocimiento de su minusvalía. De modo que, habiendo sido interpuesta la demanda que dio origen a estas actuaciones el día 29 de abril del año 2013, un simple cálculo aritmético permite corroborar que el plazo bienal fijado por el art. 44 de la ley 24.557 se hallaba extensamente cumplido.
Manifiesta que dicho órgano jurisdiccional tuvo por suspendido el plazo de prescripción en virtud de las intimaciones efectuadas a las codemandadas mediante sendas cartas documento remitidas en fecha 22 de noviembre de 2011, pero -explica- estas resultaron totalmente improcedentes, habida cuenta que Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. había abonado a la actora, el 19 de octubre de 2010, la suma de $14.995,74, por ser portadora de una incapacidad del 19,75% de carácter permanente parcial y definitiva. De allí que -afirma- luce evidente que al intimar a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires la trabajadora conocía perfectamente que la obligación ya había sido cancelada.
En suma, sostiene que la promotora del pleito solo ha pretendido extender el plazo de prescripción eludiendo el régimen jurídico aplicable, sin poder constituir en mora a los destinatarios de las misivas porque la prestación se encontraba abonada.
Agrega que aquel debe comenzar a computarse desde la fecha de la primera manifestación invalidante, que -según los propios dichos de la accionante- ocurrió en el mes de octubre del año 2009, por lo que la prescripción operó en octubre del año 2011, es decir, con anterioridad al supuesto acto interruptivo de fecha 22 de noviembre del mismo año. En tales condiciones, denuncia vulnerada la doctrina legal que emana de los precedentes L. 54.035, "Garansinchuk", sentencia de 25-X-1994 y L. 117.901, "Fernández", sentencia de 20-V-2015.
II.2. En segundo término, controvierte el porcentaje de incapacidad y, por su conducto, el monto indemnizatorio reconocido en la sentencia.
Indica que la condena impuesta resulta arbitraria y carente de toda razonabilidad, toda vez que el juzgador de grado se apartó de la pericia médica que estableció una minusvalía física del 20% y psicológica del 10%, arribando en definitiva a un 28% de incapacidad por aplicación del método de la capacidad restante.
Destaca que el perito médico desinsaculado en autos recurrió al baremo de la ley 24.557 (dec. 659/96), apartándose el tribunal de origen del ordenamiento legal vigente, cuya aplicación resultaba obligatoria para todos los casos de accidentes o enfermedades laborales como el que aquí se ventila.
Expone que en el específico supuesto debatido se configuró una minusvalía que no impide al afectado el desarrollo de otro tipo de actividad laboral.
Alega que el experto consignó en su informe que la docente "no podrá ejercer la docencia al frente de grado o curso de alumnos " , no pudiéndose interpretar en modo alguno de dicha afirmación pueda inferirse una estimación de un 100% de incapacidad, máxime cuando fue claro al determinar que la señora Falero padece un 20% de incapacidad parcial y permanente en virtud del baremo de la ley 24.557 (dec. 659/96).
Explica que la propia actora manifestó en el escrito de inicio que había sido reubicada en funciones pasivas (tareas administrativas) con doble cargo, lo cual demuestra que de ningún modo se halla totalmente incapacitada.
En consecuencia, peticiona que se revoque el pronunciamiento de grado en lo que respecta a la absurda minusvalía determinada y se ordene fijar el quantum indemnizatorio en base a aquella resultante de la pericia médica producida en la causa.
II.3. Por último, sostiene que la decisión del juzgador de mérito de fijar los montos indemnizatorios a valores actuales, con más la tasa de interés pasiva "digital" encubre una actualización expresamente prohibida por la ley, como así también un quiebre a toda norma de razonabilidad. De allí que, para el hipotético caso de que se rechace el recurso, solicita se resuelva el tópico conforme el criterio delineado por la Suprema Corte en el fallo "Nidera S.A.", y se ordene aplicar al capital de condena una alícuota del 6% anual desde la fecha de consolidación del daño, y la tasa pasiva digital con posterioridad a que adquiera firmeza la sentencia definitiva y hasta su efectivo pago.
III. El recurso no prospera.
III.1. La crítica referida a lo juzgado con relación a la defensa de prescripción es insuficiente.
Tiene dicho esta Suprema Corte que determinar el comienzo del curso de la prescripción, como así también su eventual interrupción o suspensión, constituye una cuestión por regla reservada a la apreciación de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 103.553, "Leguizamón", sent. de 21-XII-2011; L. 99.257, "Díaz", sent. de 11-IV-2012; L. 120.189, "Saucedo", sent. de 9-XI-2020; e.o.).
La acreditación de dicha falencia importa la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 103.502, "Peñalva", sent. de 10-VIII-2011; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018; L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-X-2020; e.o.).
III.1.a. En el caso, el recurrente no logra evidenciar la configuración del aludido vicio.
III.1.a.i. Al promover la demanda la parte actora alegó como hecho suspensivo del plazo de prescripción las intimaciones efectuadas a las codemandadas (mediante telegramas de fecha 22-XI-2011) para el pago de la reparación integral por la enfermedad profesional contraída (v. demanda, fs. 110).
III.1.a.ii. Por su parte, al contestar la acción, el Fisco provincial opuso excepción de prescripción, sustentando dicha defensa en que la primera manifestación invalidante de la enfermedad databa -al menos- del mes de octubre de 2009, es decir, cuando la promotora del pleito inició los tratamientos médicos por disfunción en la voz. Agregó que carecía de toda relevancia la fecha en que la Comisión Médica había dictaminado sobre el porcentaje de incapacidad, porque ello no tenía entidad suficiente para determinar el inicio del plazo prescriptivo. Finalmente citó, en apoyo de su postura, doctrina legal de esta Suprema Corte (v. fs. 267 vta. y 268).
III.1.a.iii. Luego, frente a las motivaciones expuestas por el tribunal de grado para rechazar la mentada defensa (afincadas en la acreditación del hecho suspensivo invocado en el escrito de promoción de la demanda), el accionado -aquí recurrente- despliega una serie de argumentos tendientes a evidenciar la supuesta improcedencia de las intimaciones cursadas al haber abonado Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (en fecha 19-X-2010) la prestación dineraria correspondiente, que se sustentan en conceptos cuya extemporánea articulación en esta instancia casatoria obsta al ejercicio de la función revisora por parte de esta Corte, por no haber sido aquellos sometidos oportunamente a consideración de los jueces de la causa.
En rigor, el agraviado pretende rediseñar en casación un nuevo enfoque de su planteo, introduciendo alegaciones -fruto de una reflexión tardía- que, como tales, no resultan susceptibles de ser evaluadas ante la instancia extraordinaria (causas L. 117.665, "Escobedo", sent. de 10-VI-2015; L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; L. 122.059, "Lazzaro", sent. de 16-IX-2020; e.o.).
III.1.b. Tampoco se presenta como eficaz propuesta de impugnación lo afirmado por el quejoso en torno a que el plazo debe comenzar a computarse desde la fecha de la primera manifestación invalidante (octubre del año 2009).
Ello así, por cuanto el agravio se identifica -en substancia- con la reiteración de la tesitura expuesta en la instancia de grado (v. fs. 267 vta. y 268), y margina de toda crítica al concreto razonamiento expuesto por el juzgador, cimentado a partir de considerar a la fecha de consolidación del daño (esto es, el día 15-VI-2010) como punto de partida para establecer el cómputo del plazo de prescripción (v. sent., fs. 653 vta.).
Sobre el particular, tiene reiteradamente dicho esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, a través de la mera reiteración de los argumentos esgrimidos en la instancia anterior, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido (causas L. 119.644, "Salas", sent. de 6-X-2019; L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-X-2020; L. 122.217, "Jara Arias", sent. de 14-XII-2020; e.o.).
III.1.c. Luego, no queda resquicio para sostener la transgresión de la doctrina legal que el recurrente invoca, pues los precedentes que cita (v. rec., pto. 5.1.) se observan elaborados sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los que se ventilan en el caso bajo juzgamiento (causas L. 101.909, "Garritano", sent. de 9-V-2012; L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013; L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; e.o.).
III.2. Ocupa ahora analizar el cuestionamiento vinculado con el porcentaje de incapacidad.
III.2.a. En tal sentido, me adelanto a señalar que su improcedencia también luce manifiesta.
Como se relató, el recurrente sostiene que el tribunal se apartó de la pericia médica, en la que se concluyó -con especial sustento en el baremo de la ley 24.557 (dec. 659/96)- que la actora es portadora de una minusvalía del 28% del índice de la total obrera.
La crítica, así diseñada, además de remitir al análisis de típicas cuestiones fácticas y probatorias, exentas -en principio- de revisión ante esta Suprema Corte, no se hace cargo -una vez más- de objetar las razones que llevaron al juzgador a decidir este aspecto de la contienda, vinculadas a la circunstancia de haberse acreditado en autos que la señora Falero se encontraba totalmente incapacitada (100%) para el ejercicio de su profesión habitual, para la que contaba con título habilitante, es decir, que requería una capacitación y especialización (v. sent., fs. 654 vta.).
El íntegro soslayo que hacia tales definiciones que porta la queja define su suerte adversa. Pues, conforme reiteradamente ha declarado este Tribunal, es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir adecuada y eficazmente la conclusión medular del pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo resuelto en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 116.837, "C., C. F.", sent. de 9-X-2013; L. 117.348, "Jiménez", sent. de 11-II-2015; e.o.).
III.2.b. Firmes las conclusiones concernientes al porcentaje de minusvalía determinado, pierde relevancia el lacónico reproche al importe indemnizatorio reconocido en el fallo de grado.
III.3. Finalmente, debe desestimarse también el cuestionamiento referido a la tasa de interés aplicada por el tribunal de trabajo al capital de condena, ya que no se suscita en la especie el presupuesto que torna aplicable la doctrina sentada en la causa C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), que el recurrente cita, en orden a la necesidad de aplicar una tasa de interés puro en aquellos casos donde la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, toda vez que no concurre en estas actuaciones una hipótesis donde la estimación de los rubros indemnizatorios sea la traducción de los valores actuales de los mismos, ni de aquellas que importen la utilización de mecanismos indexatorios, de ajuste o reajuste según índices o de coeficientes de actualización de montos históricos.
Se sigue de ello, que la decisión adoptada en autos por el juzgador de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de este Tribunal.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte actora denuncia absurdo en la valoración de los elementos probatorios y la violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.1. y 26 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 504 del Código Civil (ley 340); las leyes 24.557 y 23.592 y los arts. 26, 27 y 47 de la ley 11.653; 34 incs. 4 y 5, apartado "b" del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita.
I.1. Cuestiona inicialmente la decisión del tribunal de origen en cuanto eximió de responsabilidad a la aseguradora de riesgos del trabajo y rechazó la demandada promovida en su contra.
Alega que el a quo arribó a dicha definición por conducto de valorar absurdamente la pericia técnica ya que, si bien el experto consignó que la aseguradora cumplió con los deberes de prevención y control de la prueba adjuntada, no surgen demostradas dichas circunstancias.
En ese orden, refiere que no existen constancias que acrediten que la aseguradora hubiera efectuado denuncias de riesgos en las tareas y del establecimiento (art. 10, resol. 461 de la SRT); que hubiera brindado capacitación al personal docente para evitar el esfuerzo en la voz y la consecuente disfonía crónica (arts. 19 y 21, dec. 170/96); que hubiese realizado controles médicos periódicos y entregado elementos de protección personal (como micrófonos o parlante móvil); que hubiera sugerido como técnica necesaria y preventiva hidratar las cuerdas vocales para evitar su desgaste; que hubiera llevado a cabo inspecciones periódicas para detectar riesgos laborales, ni denunciar ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo las recomendaciones efectuadas a la empleadora que fueron incumplidas (art. 31, LRT). Agrega que el experto también omitió brindar respuesta a varios de los puntos de pericia formulados.
Por el contrario, afirma que surge de la documental agregada por el perito ingeniero que en fecha 27 de julio de 2004 Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. inspeccionó el establecimiento educativo donde prestaba tareas la actora ante la denuncia de un siniestro, efectuando recomendaciones sobre capacitación en uso de voz del personal, cantidad de alumnos por aula e instalación de aislación acústica en aulas, pero el daño en la salud de la dependiente ya estaba producido y se había manifestado. También, que en fecha 16 de septiembre de 2004 dicha aseguradora inspeccionó nuevamente la institución educativa y que la empleadora incumplió con la capacitación al personal en el uso correcto de la voz, en la instalación acústica en las aulas y en ajustar cantidades de alumnos a un máximo de veinticinco por grado.
Indica que de la sucesión de hechos descripta se desprende que al momento de la primera manifestación invalidante la aseguradora comprobó " in situ " la inexistencia de protección adecuada frente al riesgo del uso de la voz al que se encontraba sometida la docente, conforme surge detalladamente de sus "recomendaciones", a las que la empleadora ignoró conforme así lo describieron los testigos que declararon en la audiencia de vista de la causa.
Por otra parte, argumenta que a la luz de la responsabilidad que emerge del convenio de rescisión, la responsabilidad subjetiva por omisión de cumplimiento de obligaciones de prevención de riesgos laborales que recae sobre el Fisco provincial autoasegurado, se traslada directamente a Provincia ART S.A., que asumió en virtud de dicho convenio, las obligaciones de seguridad e higiene en favor de los trabajadores.
Explica que la circunstancia de que la Provincia de Buenos Aires haya optado desde el año 2007 por autoasegurarse y que Provincia ART S.A. sea administradora del seguro estatal (conf. dec. 3.857/07), no impide que esta última pueda ser responsable por las consecuencias dañosas sufridas por la accionante y tipificar su conducta en los términos del art. 1.074 del Código Civil (ley 340), ya que quedó acreditado en autos que tenía a su cargo el control de la prevención en materia de higiene y seguridad en el trabajo y que incumplió con dicho cometido. En este aspecto denuncia transgredida la doctrina que emana del precedente L. 118.299, "L., J. A.", sentencia de 31-V-2017.
I.2. En otro orden, se agravia del rechazo del planteo de inconstitucionalidad de la prohibición de indexar dispuesta por la ley 23.928 y solicita se revoque el fallo de grado y se disponga un método de actualización del capital de condena.
I.3. Por último, objeta el monto indemnizatorio establecido en la sentencia de grado.
Alega que dicho importe resulta escaso y violatorio de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Ontiveros", "Lucca de Hoz", "Ascua" y "Arostegui". Ello así, habida cuenta que la indemnización plena o integral jamás puede ser inferior a la que le hubiera correspondido a la trabajadora por el sistema especial de Riesgos de Trabajo, (ley 24.557) al momento de dictar sentencia.
Explica que según nota n° 2.727/19 de la Gerencia de Control Prestacional (GCP) de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se determinan los pisos mínimos entr
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