Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129163
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario traído por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la demanda interpuesta por Rosmery Callisaya Siñani condenando a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de reparación integral por enfermedad profesional con sustento en las normas del derecho común (v. pronunciamiento de fecha 15-XI-2021).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, juzgó configurada la responsabilidad civil de la aseguradora en el entendimiento de que había incurrido en un total incumplimiento de las obligaciones de prevención y control establecidas en la ley 24.557.
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 29-XI-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 2-II-2022).
En su presentación invoca absurdo, y cita las normas y la doctrina legal que entiende vulneradas.
Se agravia, en primer lugar, de la condena civil impuesta, en tanto sostiene que la responsabilidad de las aseguradoras se halla limitada al cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato de afiliación celebrado en los términos de la ley 24.557.
Asimismo, plantea que la observancia de las normas de seguridad e higiene se encuentra a cargo exclusivamente del empleador.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. En primer lugar, no le asiste razón a la compareciente en cuanto afirma que no se la puede responsabilizar civilmente por hallarse su obligación limitada únicamente a las prescripciones de la citada ley 24.557.
Al respecto, resulta oportuno destacar que la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser eventualmente juzgadas en el marco del derecho común en virtud de incumplimientos de los deberes de prevención y control, ha sido admitida por esta Suprema Corte en el precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés" (sent. de 25-XI-2009), en una definición reiterada -entre otras- en las causas L. 100.966, "Zapata" (sent. de 14-IX-2011); L. 103.075, "Vallejos" (sent. de 21-XII-2011) y L. 117.314, "Gorosito" (sent. de 16-VII-2014), en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro s/ daños y perjuicios" (sent. de 31-III-2009) y continuado en el caso P.685.XLV "Pacheco, Antonio Manuel c/ La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y otro. s/ Accidente acción civil" (sent. de 26-III-2013).
III.1.b. Por otra parte, cabe recordarle a la recurrente que a partir de la sanción de la ley 24.557, las aseguradoras se han convertido -en concurrencia con el empleador- en sujetos pasivos de la carga de prevención de los infortunios laborales, objetivo primordial que llevó a la sanción de este cuerpo normativo. En consecuencia, no resulta aceptable entender que aquéllas sean meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de prevenir los riesgos del trabajo, toda vez que, muy por el contrario, en el diseño normativo en examen se les ha otorgado un rol esencial para lograr los objetivos previstos (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013; L. 117.447, "Eyzaguirre", sent. de 29-IV-2015; L. 116.955, "Enriquez", sent. de 29-III-2017; L. 122.572, "Silva Baeza", resol. de 26-XII-2019 y L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020).
III.2. En segundo término, corresponde recordar que esta Corte ha declarado que determinar si la aseguradora ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, es una cuestión privativa de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo, que debe ser invocado y fehacientemente demostrado por la parte interesada (causas L. 115.990, "Staropoli", sent. de 11-XII-2013; L. 118.668, "Sosa", resol. de 15-VII-2015 y L. 124.685, "Knaupe", resol. de 15-IX-2020).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 124.401, "Estigarribia", resol. de 21-IX-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
En el caso, el tribunal de grado tuvo por probada la omisión culposa de Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., así como la relación causal entre el daño sufrido por la actora y las tareas desarrolladas por ésta. En tal sentido, consideró que el riesgo propio y natural de las labores realizadas se vio acentuado con motivo de la ausencia de las necesarias y esenciales medidas de seguridad que debió adoptar y sugerir la aseguradora demandada, entre las cuales estaba, no solo la identificación de los factores de riesgo del puesto de trabajo de la accionante sino, además, la detección a tiempo de enfermedades profesionales. Todo lo cual hacía responsable a la accionada, frente a la trabajadora, de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de dicha conducta.
En ese marco, se advierte que la impugnante no logra descalificar las esenciales motivaciones del fallo recurrido por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el juzgador de grado debió apreciar la prueba aportada al proceso, soslayando que el aludido absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia.
Resulta evidente, pues, que no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al sentenciante el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 123.382, "Santin", resol. de 11-III-2020 y L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020).
III.3. Cabe agregar, que no mejora la suerte del recurso la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021), supuesto que -a tenor de lo expuesto- no se ha verificado en el caso en examen.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario traído por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/03/2023 09:17:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/03/2023 15:50:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/03/2023 13:50:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2023 11:44:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2023 13:35:15 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/03/2023 20:26:57 hs. bajo el número RR-180-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia