Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129362
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Provincia ART S.A. (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás, hizo lugar a la demanda promovida por Vanesa Cecilia Barraza por sí y en representación de su hijo menor L.J.A. y de Arian Gabriel Armoa, condenando a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por fallecimiento de quien fuera su cónyuge y padre, respectivamente: el trabajador José Alberto Armoa (v. sentencia de 2-VI-2022).
Interesa destacar que, con posterioridad, estimó los honorarios de los profesionales intervinientes , y practicó la liquidación correspondiente según ley 14.967, convirtiendo en pesos la unidad de medida " jus " a la fecha de su dictado, con más la aplicación del tope establecido en los arts. 730 del Código Civil y Comercial de la nación y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. auto de regulación de 8-VI-2022).
II. Contra la sentencia definitiva, la aseguradora demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ocasión en la que acompañó constancia de haber depositado, a la cuenta judicial de autos, la suma resultante conforme el pronunciamiento y posterior liquidación de capital, intereses y costas (v. escrito de 21-VI-2022).
El a quo , a su turno, denegó el mencionado recurso por entender que, con posterioridad a la fecha del dictado de la sentencia y de la liquidación de los honorarios devengados por los profesionales intervinientes, pero antes de la interposición del enunciado remedio extraordinario, esta Suprema Corte hubo de dictar el Acuerdo 4.065/22, que establece, de modo retroactivo al día 1 de mayo de 2022, un nuevo valor del jus arancelario.
De esta manera, estimando nuevamente los estipendios devengados por la letrada de la accionante de acuerdo al nuevo valor de la unidad de medida contemplada en el señalado Acuerdo dictado por este Tribunal, consideró que dicha modificación en la referida unidad de valor arancelaria aplicable a los honorarios influye directamente en la suma correspondiente a las costas en función de la exigencia que contempla el art. 56 de la ley 11.653, por lo que concluyó que el depósito previo efectivizado a su respecto, conforme la nueva normativa -cabe reiterar- resulta insuficiente (v. resol. de 5-VII-2022).
III. Tal decisión motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación de 27-VII-2022).
En la vía de hecho, la recurrente alega que el rechazo del recurso por insuficiencia del depósito previo para recurrir en casación, en virtud de la modificación del valor del jus , constituye un excesivo rigorismo formal.
IV. La queja debe prosperar.
IV.1. De inicio, no es ocioso recordar que esta Suprema Corte ha establecido, reiteradas veces, que en supuestos de sentencia condenatoria el art. 56 de la ley 11.653 establece, como carga ineludible para la admisibilidad de los remedios extraordinarios, el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito del que el fallo atacado constituye fuerte presunción favorable (causas L. 120.689, "Pérez", resol. de 5-VII-2017; L. 123.810, "Molina", resol. de 30-X-2019, L. 125.810, "Tesei", resol. de 23-X-2020; L. 124.679, "Argiz", resol. de 15-IV-2021 y L. 128.404, "Medina", resol. de 26-IV-2022).
También, que el depósito debe ser integrado en término y en su totalidad, desde que los plazos otorgados para el mismo son perentorios e improrrogables (art.17, ley 11.653; causas L. 120.407, "Genovese", resol. de 5-IV-2017; L. 121.273, "Sumic", resol. de 28-XI-2018 y L. 125.041, "Díaz", resol. de 16-III-2020).
IV.2. En la especie, de acuerdo a las piezas de la causa y las constancias agregadas se observa que el tribunal de grado, tal como se reseñó, al denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la legitimada pasiva, excediendo el marco de las atribuciones otorgadas por el legislador y contenidas en los art. 281 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 56 y 63, ley 11.653) a fin de sustentar su decisión sobre el juicio en torno a los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado y a ese sólo efecto, estimó nuevamente los honorarios de la letrada de la accionante de conformidad al nuevo valor del jus , según Acuerdo 4.065/22 emanado de esta Suprema Corte de Justicia.
Le asiste razón a la impugnante. En el caso, la aseguradora condenada, el día 15 de junio de 2022, realizó el depósito de capital, intereses y costas conforme lo establecido en la sentencia definitiva y la liquidación de honorarios, con expresa indicación de los montos estipulados en la moneda de curso legal, practicadas tanto por el actuario como por el propio tribunal, los días 2 y 8 de junio de 2022, respectivamente notificadas (v. liquidación y regulación de honorarios de 2-VI-2022 y 8-VI-2022; indicación del depósito efectuado según archivo adjunto a la presentación de fecha 21-VI-2022; art. 2 inc. "d" Acuerdo 4068/2022) por lo que la resolución denegatoria de la vía extraordinaria deducida tendiente a considerar otra liquidación distinta a la comunicada a la interesada, según un nuevo valor de la unidad arancelaria, para tener por no superado el requisito formal en consideración, esto es: la carga establecida en el art. 56 de la ley 11.653, se observa errada.
Por lo expuesto, se impone concluir que el tribunal de grado, en atención a las peculiares circunstancias del trámite de la causa ya puestas de resalto y, en especial, las dispares actitudes procesales asumidas por el mencionado órgano de grado, ha actuado con excesivo rigor formal al denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por los fundamentos que expuso, afectando el derecho de defensa y el debido proceso de la parte impugnante, de rango constitucional (arts. 18, de la Constitución nacional y 15, de su par Bonaerense).
En tal sentido, si bien es cierto que esta Suprema Corte ha dicho que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios se rigen por la ley vigente al momento de su interposición, en especial respecto del requisito regulado en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 116.571, "Pastrán Contrera", resol. de 21-VI-2012; L. 117.189, "White", resol. de 17-IV-2013; C. 121.592, "Hernández", resol. de 28-VI-2017 y L. 120.605, "Altuzarra", resol. de 13-IX-2017; e.o.), también ha sostenido que el derecho no puede convalidar las conductas ambiguas y las sorpresas procesales (causas C. 74.853, "Fisco", sent. de 16-VI-2004 y C. 92.780, "Amato", sent. de 13-IV-2011), y que la causal del excesivo rigorismo no supone soslayar, en modo alguno, el riguroso cumplimiento de las normas adjetivas, sino que pretende contemplar la desnaturalización de su uso en desmedro de la garantía de la defensa en juicio, en los supuestos en que la incorrecta aplicación de un precepto de tal índole venga a frustrar el derecho de fondo en juego (causas Ac. 57.181, "Gallinas", sent. de 25-III-1997; Ac. 60.772, "Egidi", sent. de 2-VI-1998; C. 92.798, "Sandoval", sent. de 14-II-2007; C. 88.931, "Vallet", sent. de 26-IX-2007 y C. 121.320, "Herrera", sent. de 3-X-2018), tal lo que sucede en el sub lite , en el que se discute la habilitación de la instancia de casación en orden al recaudo establecido en el citado art. 56, de la ley ritual del fuero laboral.
V. Por tales razones, corresponde por vía de excepción, hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la aseguradora demandada en fecha 21 de junio de 2022.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Provincia ART S.A. (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/03/2023 09:23:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2023 09:42:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/04/2023 23:21:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 09:44:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 10:46:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/04/2023 14:11:34 hs. bajo el número RR-333-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia