Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129948
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con asiento en dicha ciudad, decretó la caducidad de la instancia en la causa que Janette Sabrina Leoncini promoviera contra Ocean Export S.A. y Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. mediante la cual pretendía el cobro de una suma de dinero en concepto de prestaciones dinerarias y resarcimiento de los daños y perjuicios con motivo de la minusvalía denunciada (v. pronunciamiento de fecha 4-X-2022).
Para así decidir, en sustancia, juzgó que si bien la actora respondió al requerimiento efectuado -luego de la intimación cursada al respecto-, dejó nuevamente transcurrir el plazo establecido en el art. 12 de la ley 11.653 sin realizar actividad procesal útil.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 26-X-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 31-X-2022).
En lo esencial, se agravia de la decisión del a quo que dispone decretar la caducidad. Contrariamente a lo concluido por el juzgador, asegura no verificado su desinterés en la prosecución de las actuaciones, pues entiende que la carga procesal del impulso dependía del tribunal de grado.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone recordar que la actividad procesal útil para la prosecución del trámite que se desarrolle en cumplimiento de la intimación efectuada por el tribunal de origen en los términos del art. 12 de la ley 11.653 ha de ser valorada con razonabilidad y criterio amplio, apartado de lo puramente ritual (causas L. 122.112, "Barraza", resol. de 29-V-2019; L. 124.153, "Reggini", resol. de 11-VI-2020 y L. 128.189, "Capillas", resol. de 19-V-2022).
III.2. En el caso, el a quo , ante la falta de impulso procesal, intimó a las partes (v. proveído y notificación de fecha 17-XI-2020), a fin de que en el plazo de cinco días produzcan actividad procesal útil bajo apercibimiento de decretarse la caducidad de instancia. Agregó que, sin perjuicio que la accionante respondió al emplazamiento cursado, del análisis del caso surge que los plazos previstos por el art. 12 segundo párrafo de la ley 11.653 transcurrieron holgadamente con posterioridad a la última actuación útil formulada por la actora en fecha 2 de febrero de 2021 (proveído el día 17-II-2021), no mediando un deber específico del Tribunal de efectuar algún acto procesal. En definitiva, para el a quo , a la luz del tiempo transcurrido desde la última actividad procesal y la reincidencia en la omisión de impulsar el proceso por parte de la parte actora, se han cumplido los presupuestos fácticos necesarios que hacen a la procedencia del Instituto de la preclusión de la instancia.
III.3. Esta esencial conclusión del fallo no logra ser conmovida por la impugnante, quien no cumple con la carga de acreditar el vicio de absurdo, puesto que la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 123.148, "Grecco", resol. de 27-V-2020 y L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020), en definitiva, sus argumentaciones sólo exhiben meros conceptos teóricos y apreciaciones personales, sin rebatir concretamente el argumento central en el que se basa el fallo atacado.
Ello así, pues, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación en conciencia que llevó a los magistrados a la solución expuesta en el pronunciamiento, sólo expone su oposición a tal conclusión, a través de un nuevo análisis del material probatorio, según su propio y particular criterio valorativo -sistema impropio para patentizar el grave vicio invalidante denunciado- y a través del cual pretende subsumir los hechos en los preceptos legales que considera aplicables.
En definitiva, la impugnación no aporta elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017 y L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019).
En este orden, resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, apartándose de la línea argumental del fallo -desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance- y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada, dejando sin réplica las conclusiones esenciales de la decisión (causas L. 118.451, "Laffue", sent. de 16-III-2016; L. 122.054, "Vuelva", resol. de 12-XII-2018; L. 123.336, "Velazque", resol. de 13-XI-2019; L. 127.448, "Marconato", resol. 29-XI-2021 y L. 127.534, "Benitez", resol. 13-XII-2021).
III.4. Cabe agregar que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causas L. 122.268, "Carzoglio", resol. de 27-II-2019 y L. 121.938, "Martín", resol. de 21-VIII-2019), supuesto no comprobado en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/04/2023 14:10:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2023 10:11:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2023 10:39:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/04/2023 10:04:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/04/2023 11:03:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/04/2023 13:41:58 hs. bajo el número RR-421-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia