Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129497
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Morón, en el marco del juicio iniciado por la señora Zunilda Cano contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en procura del pago de una indemnización por enfermedad profesional, declaró la inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 -en cuanto establece el plazo de caducidad de 90 días hábiles para iniciar la acción judicial- y rechazó la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 16-III-2022).
Para así decidir, sostuvo inicialmente que la ley 27.348 inserta la intervención previa de un órgano administrativo en cuestiones atinentes al derecho común y entre privados, pretendiendo tener aptitud para impedir que el legitimado por la normativa de fondo concurra, dentro del plazo de prescripción que aquella prevé, a la justicia ordinaria para el reconocimiento de su derecho.
En ese sentido, juzgó que no puede válidamente limitarse la instancia judicial tal como lo determina la ley 27.348 en el escueto plazo de 15 días consignado en la reglamentación (art. 16 segundo párrafo de la resolución 298/2017 de la SRT), ni tampoco en el más amplio de 90 días hábiles judiciales previsto por el artículo 2 inc. "j" de la ley 15.057, toda vez que la trabajadora no arribó a acuerdo alguno (art. 15 LCT).
Agregó que debe garantizarse a quien ha sido víctima de un infortunio laboral o enfermedad profesional pueda interponer la acción judicial correspondiente por todo el tiempo de la prescripción de la acción, a los fines de hacer efectiva la tutela judicial continua y efectiva consagrada por el art. 15 de la Constitución de la Provincia, que se complementa con su art. 36 en cuanto exige a la Provincia eliminar todo obstáculo que afecte el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de igualdad, acceso a la justicia y defensa en juicio (arts. 16, 18, 33 de la Constitución Nacional y 8 del Pacto de San José de Costa Rica).
Señaló que no existe cosa juzgada cuando -como en el caso- no se ha configurado una justa composición de intereses, ante la falta de consentimiento de la trabajadora con lo resuelto en sede administrativa, entendiendo que la misma renuncia a su derecho a reclamar la indemnización correspondiente, fijando un plazo de caducidad -conforme lo normado por la Res. 298 SRT y/o art. 2 inc. "j" ley 15057- e impidiendo el acceso a la jurisdicción, afectando de esta manera el plazo de prescripción de la acción bienal, contenida en la ley de fondo (art. 44 inc. 1 ley 24.557; 58 y 258 LCT).
Agregó que surgía evidente que la ley provincial señalada dispone un nuevo modo de caducidad legal, pues -explicó- si el art. 259 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que "No hay otros modos de caducidad que los que resultan de esta ley", mal puede una norma provincial establecer otro en franco atropello al régimen nacional y a la Constitución Nacional.
De tal modo, continuó, en caso de resolver favorablemente la caducidad, determinaría la inmediata pérdida del derecho, no pudiendo la trabajadora siniestrada efectuar reclamo posterior alguno, lo que sellaría su derecho indemnizatorio.
Con todo, declaró que el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 es inconstitucional, pues de aplicarse dicha norma encontrándose transcurrido el plazo de 90 días hábiles judiciales para presentar la acción laboral ordinaria ante la justicia del trabajo la trabajadora tendría aniquilado su derecho, aun cuando las normas de fondo le permiten ejercer la acción en el plazo de dos años, lo que carece de toda lógica, vulnera el principio protectorio, las competencias nacionales y deniega infundadamente el acceso a la justicia.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-IV-2022), el que fue concedido por el órgano de grado el día 16 de agosto de 2022.
II.1. Afirma que en el pronunciamiento en crisis el tribunal sentenciante declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.997.
Manifiesta que pese a los dichos de la actora, el procedimiento administrativo previsto en la ley 27.348 no resulta cuestionable constitucionalmente, en tanto no vulnera las normas de la Constitución nacional y provincial indicados por aquella, toda vez que no se presenta una delegación de la potestad jurisdiccional (la cual -aduce- se mantiene incólume en poder de los jueces locales), sino que, tan sólo se acepta una intervención administrativa previa a la justicia y de carácter obligatoria, con una duración acotada mediante plazos perentorios y con decisiones adoptadas con el auxilio de profesionales del derecho y de la medicina que son susceptibles de revisión judicial adecuada.
Alega que con la incorporación de las comisiones médicas la justicia laboral no encuentra afectada sus funciones y facultades, de manera tal que la división de poderes del Estado y el sistema Federal de Gobierno se mantienen intactos. Argumenta que así ha sido entendido jurisprudencialmente en los fallos de los tribunales que cita.
A su vez, considera que no resulta objetable que las homologaciones de los acuerdos sobre incapacidades a resarcir gocen del status de cosa juzgada administrativa en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, en forma similar a la que ya prevé esa norma en concordancia con la ley 24.635, para acuerdos celebrados ante el S.E.C.L.O.
II.2. Por otra parte, afirma que el art. 14 de la ley 27.348, de modo alguno afecta la garantía del debido proceso, el juez natural o la norma procesal (ley 18.345), razón por la cual -dice- no merece cuestionamiento constitucional alguno, resultando -por ende- plenamente aplicable el procedimiento allí previsto. En sustento de su postura cita doctrina de autores y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que identifica.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde observar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), sin que corresponde actualizar dicho importe ni adicionar intereses (causas L. 113.716, "Suárez", resol. de 27-IV-2011; L. 114.932, "Alfonso", resol. de 26-X-2011; L. 120.653, "Ortiz", resol. de 27-IX-2017; C. 123.192, "Álvarez", resol. de 19-II-2020; C.122.699, "Vallejos" y C. 122.757, "Cardano", resols. de 26-II-2020; C. 124.015, "Brieva", resol. de 23-X-2020; C. 123.360, "Bacure", resol. de 18-II-2021 y L. 128.795, "Alborno", resol. de 7-VI-2022).
Luego, y a propósito de los argumentos desplegados por el interesado -apartados del razonamiento que condujo a decidir la contienda por conducto de la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057-, es dable poner de resalto que el planteo contenido en el recurso no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice su conocimiento sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro", resol. 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza" y L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021 y L. 127.905, "Aguin", resol. de 1-IV-2022).
III.2. En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tévez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
III.2.a. Bajo las señaladas premisas, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de los agravios propuestos en la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020).
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/05/2023 14:54:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 08:36:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 13:37:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/05/2023 18:28:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2023 08:39:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/05/2023 10:46:05 hs. bajo el número RR-555-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia