Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa 129591
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás, decretó la caducidad de la instancia en la causa promovida por Hugo Eduardo Zino contra Liderar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en concepto de reparación por la incapacidad sufrida como consecuencia de la enfermedad profesional que denunció padecer (v. sentencia de 5-VIII-2022).
Para así decidir, juzgó que en el caso se encontraban configurados los presupuestos previstos en el art. 12 de la ley 11.653, pues si bien el actor, ante el requerimiento efectuado por el tribunal actuante, realizó una presentación a fin de impulsar el proceso, dejo nuevamente trascurrir el plazo previsto en la citada norma sin realizar actividad procesal útil.
II. Frente a lo así resuelto el legitimado activo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación del 16-VIII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 24-VIII-2022).
En su presentación, se agravia de la decisión del juzgador de grado en cuanto declaró la caducidad de instancia. Cita las normas y la doctrina que considera vulnerada.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, cabe señalar que el impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció como estaría representado el valor de lo cuestionado, ni cuantificó su importe, el cual, además, tampoco fue estimado en el escrito de inicio, incumpliendo de ese modo con la carga procesal que le pesa de acreditar que el monto del litigio supera el umbral reglamentado en la ley ritual para la admisibilidad de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.643, "Platel", resol. de 10-V-2017; L. 122.323, "Godoy", resol. de 29-V-2019; L. 123.945, "Depaoli", resol. de 21-IX-2020; L. 124.100, "G., A.L.", sent. de 20-X-2021 y L. 129.663, "Larrosa", resol. de 22-XII-2022).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, situación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.699, "Martínez", resol. de 27-XII-2023).
III.2. En ese contexto, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que la crítica contenida en el escrito recursivo remite a cuestiones estrictamente procesales -como lo es, la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 115.015, "Acevedo", resol. de 10-VII-2013; L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019; L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020 y L. 127.957, "Tecera", resol. de 7-IV-2022).
Por lo demás, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 124.304, "Giménez", resol. de 17-VI-2020; L. 125.173, "Baez", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.883, "Márquez", resol. de fecha 14-III-2022).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/05/2023 15:37:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/05/2023 09:24:45 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2023 20:12:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2023 10:30:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2023 11:40:53 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/05/2023 15:04:18 hs. bajo el número RR-642-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia