Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129455
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar el pronunciamiento impugnado con el alcance indicado atento que el agravio introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). En consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen a fin que, integrado con otros jueces, continúe la tramitación según la etapa del proceso.
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en el marco del juicio iniciado por el señor Federico Bernardo Ramón Gómez contra Prevención Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. en concepto de indemnización sistémica por la incapacidad parcial y permanente derivada de una enfermedad profesional, declaró -de oficio- su incompetencia y dispuso el archivo de las actuaciones, sin costas (v. pronunciamiento de fecha 1-VIII-2022).
Para así decidir, con cita de la doctrina legal -basándose en los antecedentes fácticos relatados en la demanda y fundándose en el art. 116 de la Constitución nacional y arts. 1, 515 y 616 de la ley 20.094- juzgó que la competencia de la justicia federal es exclusiva e improrrogable para los reclamos originados en un contrato en virtud del cual el actor habría prestado servicios a bordo de un buque destinado a la navegación interjurisdiccional, entre los que se encuentra incluido el reclamo de autos por la enfermedad profesional alegada, aun cuando la demanda esté dirigida contra la aseguradora, pues -sostiene- ésta aseguró al actor por el riesgo de trabajo que se genera en cumplimiento del vínculo laboral.
II. Frente a lo así resuelto, el accionante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 4-VIII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 9-VIII-2022).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Sostiene que el órgano de grado transgredió la doctrina legal -o criterio interpretativo- elaborada en torno a la atribución de competencia sentada en las causas L. 118.758, "Achárez", (sent. del 21-IX-20216); L. 120.469, "Fariña", (sent. del 9-V-2018) y L. 121.770, "Salgado" (sent. del 21-IX-2020).
Manifiesta que el juzgador efectuó una errónea composición del marco jurídico aplicable, a través de la selección de un elenco de reglas legales inaplicables (art. 116, C.N.; arts. 1, 515 y 516 de la ley 20.094), a expensas del que rige la situación (art. 2, segundo párrafo, ley 27.348 y art. 46, ley 24.557 - texto según art. 14, ley 27.348).
Cuestiona que el sentenciante asignó naturaleza federal a un conflicto que no entraña esa categorización, por cuanto involucra un reclamo de prestaciones derivadas de las leyes 24.557 y 26.773 respecto de un sujeto no aforado, como lo es, la aseguradora demandada.
Finalmente, alega que la resolución atacada tiene por efecto marginar a la persona demandante del juez natural, lo cual -afirma- entraña una afectación directa de garantías constitucionales que cita.
III. El recurso prospera con los siguientes alcances.
III.1. Inicialmente corresponde señalar que, toda vez que -como surge de la reseña de antecedentes- el órgano judicial de grado declaró oficiosamente que la competencia en las presentes actuaciones corresponde a la justicia federal, la decisión impugnada resulta equiparable a definitiva en tanto se configura una de las excepciones en la materia (causas L. 117.075, "Casal", resol. de 5-XI-2012; L. 123.554, "Juárez", resol. de 21-VIII-2018; L. 125.811, "Subils", resol. de 18-VIII-2020 y L. 126.601, "Vitale", sent. de 10-XI-2022).
III.2.a. Sentado lo anterior, se impone destacar que acierta el interesado cuando afirma que lo resuelto en el fallo de grado violenta la doctrina legal forjada en la causa L. 118.758, "Acharez", (sent. de 21-IX-2016) y reiterada en las causas L. 120.469, "Fariña", (sent. del 9-V-2018) y L. 121.770, "Salgado" (sent. del 21-IX-2020).
En efecto, en dichos precedentes esta Corte expresó que razones de orden público hacen que la Constitución nacional haya organizado una jurisdicción nacional o federal (arts. 108 y 110) encargada de conocer en las cuestiones que taxativamente prevén sus arts. 116 y 117. Esta jurisdicción federal es limitada, excepcional y atribuida en razón de la materia, de las personas o de los lugares (causa L. 85.509, "Vergara", sent. de 17-V-2006).
Asimismo, en función del consolidado criterio de esta Suprema Corte en la materia, debido a la reiteración de supuestos sustancialmente análogos al presente (art.31 bis, ley 5.827 y modif.; causa L. 118.758, L. 120.469; L. 121.770, cit. y L. 129.458, "Cubilla", resol. de 27-VI-2023), es dable concluir que -en el caso- el desprendimiento oficioso del conocimiento de la causa por parte del a quo ha sido dictado en forma prematura, lo que impone -sin más- la revocación de la solución adoptada.
III.2.b. Consecuentemente, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la decisión del tribunal de grado en cuanto, en forma prematura, declaró de oficio su incompetencia para intervenir en las presentes actuaciones.
Los autos deberán volver al órgano de origen a fin que, integrado con otros jueces, continúe con los trámites procesales pertinentes y, oportunamente, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar el pronunciamiento impugnado con el alcance indicado atento que el agravio introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). En consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen a fin que, integrado con otros jueces, continúe la tramitación según la etapa del proceso.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/09/2023 12:07:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/09/2023 10:20:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2023 13:15:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:30:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2023 08:36:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/09/2023 15:21:17 hs. bajo el número RR-1102-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia