Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129362
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar a la demanda promovida por Vanesa Cecilia Barraza por sí y en representación de su hijo Lucio José Armoa -hoy mayor de edad- y por Arián Gabriel Armoa, ante el fallecimiento de José Alberto Armoa, quien fuera en vida su esposo y padre, respectivamente, de los nombrados, condenando a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por muerte. Asimismo, juzgó que correspondía aplicar la sanción del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. pronunciamiento de fecha 2-VI-2022).
Para así decidir, en lo que interesa por ser materia de agravio, entendió que la conducta asumida por la aseguradora resultó temeraria y maliciosa.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 21-VI-2022), el que denegado por el a quo (v. proveído del 5-VII-2022) fue concedido por esta Suprema Corte al hacer lugar a la queja interpuesta (v. resolución del 10-IV-2023).
En su presentación relata los antecedentes de la causa, cita las normas que considera vulneradas y alega absurdo y arbitrariedad. En sustancia, cuestiona la decisión del tribunal de grado de considerar a la conducta de la demandada como temeraria y maliciosa. Asegura que la circunstancia de que la aseguradora se hubiera defendido y ejercido el legítimo derecho de defensa no puede ser considerado como malicioso ni obstructivo.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De manera liminar, cabe recordar que establecer la existencia -o no- de temeridad y malicia es facultad privativa del juzgador (causas L. 59.054, "Degano", sent. de 25-III-1997; L. 116.426, "Fantini", resol. de 3-V-2012; L. 121.717, "Sívori", resol. de 13-III-2019; L. 123.110, "Sánchez", resol. de 11-IX-2019 y L. 128.405, Gutierrez, resol. de 15-VI-2022) y, por lo tanto, tal conclusión no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo que se alegue y demuestre la existencia de absurdo (causas L. 90.105, "Romero", sent. de 28-IX-2005; L. 94.963, "González", sent. de 26-XI-2008; L. 120.702, "Frisicale", resol. de 6-XII-2017 y L. 120.349, "Rosales", sent. 27-III-2019).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico y formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
III.2.a. En el caso, a criterio del juzgador de grado, la conducta de la aseguradora resultó, por un lado, temeraria, por el sólo hecho de obligar a los actores a iniciar acciones legales para obtener el pago de las indemnizaciones provenientes de la Ley de Riesgos del Trabajo, a sabiendas, del carácter de derechohabientes de los reclamantes del trabajador fallecido y, por otro, la actitud de la demandada ha sido también maliciosa, en tanto utilizó al proceso como instrumento para causar perjuicio, en tanto quedó revelada una actitud procesal obstruccionista.
III.2.b. Esta esencial conclusión del fallo no logra ser conmovida por la impugnante, quien no cumple con la carga de acreditar el vicio de absurdo, puesto que la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 123.148, "Grecco", resol. de 27-V-2020 y L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020), en definitiva, sus argumentaciones sólo exhiben meros conceptos teóricos y apreciaciones personales, sin rebatir concretamente el argumento central en el que se basa el fallo atacado.
En este sentido, reiteradamente ha dicho esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la impugnación -de carácter general y ribetes poco precisos- ignora los argumentos vertidos en el pronunciamiento recurrido para avanzar en un cometido que traduce, tan sólo, la mera discrepancia subjetiva acerca de lo decidido en la instancia de grado (causas L. 97.367, "Caro", sent. de 20-V-2009; L. 104.565, "Florido", sent. de 5-XI-2014 y L.123.11, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/09/2023 12:07:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/09/2023 09:19:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2023 18:01:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2023 02:41:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2023 08:33:20 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/09/2023 10:06:39 hs. bajo el número RR-1133-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia