Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128331
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.331, "Díaz, Zulma Beatríz contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Torres, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 9-IX-2021).
Se interpuso, por el Fisco provincial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 4-X-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348) e hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Zulma Beatriz Díaz contra la Provincia de Buenos Aires, condenándola al pago del resarcimiento tarifado previsto por el régimen especial de reparación de infortunios laborales (arts. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557 y 3, ley 26.773). La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba una indemnización integral de daños y perjuicios con fundamento en las normas del derecho común.
Para así decidir, juzgó acreditado que, como consecuencia de las tareas prestadas como auxiliar de portería bajo relación de dependencia de la Dirección General de Cultura y Educación provincial, la actora padece hernia de disco del raquis inferior (L5-S1, por la que debió ser intervenida quirúrgicamente), que -sumado los factores de ponderación- la incapacita en un 29,10% del índice de la total obrera; cuya fecha de toma de conocimiento se produjo el día 18 de febrero de 2016.
Con sustento en las constancias de la causa, señaló que no se había logrado demostrar que las tareas denunciadas y las modalidades de su prestación pudieran calificarse como riesgosas, en virtud de que las mismas no entrañaron un peligro cierto y concreto para la integridad psicofísica de la trabajadora. A su vez, consideró que tampoco logró probarse en qué habría consistido el obrar negligente o culposo endilgado a la empleadora y su vinculación con el daño padecido.
En la etapa de sentencia, tal como se adelantó -y en lo que aquí reviste fundamental interés-, tras dejar a salvo su anterior opinión personal sobre el tema, el juez preopinante -cuyo voto logró la adhesión de los restantes- declaró la invalidez constitucional de la "opción excluyente" prevista en el art. 4 de la ley 26.773, con fundamento en lo resuelto por esta Corte en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), a cuyos fundamentos remitió por economía procesal.
En tales condiciones, hizo lugar a la pretensión articulada en el marco de la reparación sistémica o tarifada que prevé la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por la ley 26.773 y calculó las prestaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en las mentadas normas.
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 1, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales (Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador); 39 inc. 3 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4 de la ley 26.773; 384 del Código Procesal Civil y Comercial y 44 inc. "d" de la ley 11.653.
En esencia, se opone a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 efectuada en la instancia de grado.
Afirma que la decisión alcanzada adolece de absurdo y arbitrariedad, que evidencia la ausencia en el caso de un acto jurisdiccional válido y habilita a dejarla sin efecto.
En ese orden, expone que la regla sentada por el legislador es suficientemente clara y concreta, por lo que -si como sucedió en el caso- la trabajadora inició una acción judicial reclamando una indemnización integral con sustento en el derecho común, ha ejercido una opción -con plenos efectos sobre el evento dañoso- que le impide efectuar otro reclamo por la legislación especial.
En ese entendimiento, refiere que la declaración de invalidez mencionada demuestra el agravio que le provoca a su defendida, desde que -alega- con fundamento en la referida regla, el tribunal de grado se hubiera encontrado inhabilitado para condenar a su parte al pago de una indemnización sistémica.
Asevera que, los argumentos vertidos por esta Suprema Corte en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021) -a la que remitió el sentenciante por cuestiones de economía procesal para declarar la inconstitucionalidad de la normativa cuestionada-, demuestran que en el específico supuesto de autos se encontraba en juego una típica disputa entre principios y reglas.
En este aspecto, argumenta que el derecho laboral "...es un partícipe relativamente temprano de una tendencia de nuestro tiempo: el principialismo, que pone los principios por encima de las reglas y encomienda a los intérpretes (ante todo, a los jueces) hallar el modo de aplicarlos con justicia y proporcionalidad..." (rec., pág. 8).
Manifiesta que la solución del caso concreto debe alejarse de un mero sistema de preferencias, ello por cuanto -expone- la declaración de inconstitucionalidad de un acto de los poderes constituidos es una decisión de suma gravedad que debe ser considerada como ultima ratio del ordenamiento jurídico.
Añade que la sentencia en crisis es manifiestamente arbitraria porque se ha optado por reemplazar un sistema establecido por el Congreso de la Nación ("opción excluyente") por otro que ha sido preferido por la judicatura ("acumulación de acciones"), pero sin que se haya demostrado suficientemente la invalidez constitucional del primero, ni el perjuicio concreto que le provocaría a la demandante en la ocasión.
Señala que contrariamente a lo sostenido por la Suprema Corte provincial, la regla legal invalidada se ajusta a la Constitución nacional porque no vulnera los principios de progresividad, indemnidad, igualdad e irrenunciabilidad de la trabajadora.
Sostiene que el art. 4 de la ley 26.773 estableció un estándar muy superior al fijado por el art. 39 inc. 1 de la ley 24.557 (su antecesora inmediata), pues constituyó un mayor beneficio para los trabajadores contar con el derecho actual de entablar una acción de derecho común, en lugar de encontrarse directamente impedidos de demandar al empleador por responsabilidad civil (como sucedía en el régimen anterior).
Explica que el contenido del art. 4 de la ley 26.773 no irrogó a la accionante ningún perjuicio concreto, desde que pudo perseguir ante la jurisdicción la indemnización en los términos del derecho común, encontrándose en igualdad de condiciones con los restantes sujetos de derecho.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, ha de destacarse que en la especie el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Ac. 3869/17)-.
En tales condiciones, la competencia revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 126.812, "Villalba", sent. de 17-IV-2023; L. 125.466, "Fraccaro" y L. 127.299, "Compasso", sents. de 3-V-2023).
Sin embargo, no puede soslayarse que el agravio que anima la impugnación involucra el análisis de una cuestión federal.
Al respecto, ha declarado esta Suprema Corte que, aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los mencionados arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio"), es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Lo dicho me permite ingresar en el tratamiento del medio de impugnación con prescindencia de cualquier limitación derivada de las leyes procesales locales.
III.2. Sentado ello, adelanto que en lo que concierne a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, la decisión efectuada por el tribunal actuante debe confirmarse, de conformidad con la propuesta que formulé al emitir mi opinión en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021); doctrina legal a la cual -tal como hubo de sostener el sentenciante al motivar su decisión- no corresponde dejar de atender, y que habré de reproducir sucintamente a continuación.
III.2.a. Liminarmente, resulta trascendente aclarar que, en la especie -como ocurrió en el citado antecedente- la temática en debate se circunscribe al cuestionamiento constitucional del citado dispositivo de la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012), en su versión anterior a la ley 27.348 (B.O. de 24-II-2017), es decir, con antelación a la entrada en vigencia de la previsión normativa que establece el tránsito previo y obligatorio por las comisiones médicas.
Cabe recordar, a propósito de esta última, que la Provincia de Buenos Aires aceptó la invitación que contiene el art. 4 de la ley 27.348 -complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo- mediante la ley 14.997 (B.O. de 8-I-2018), adhiriendo plenamente a la normativa contemplada en el Título I de aquel ordenamiento. De ese modo, se tornaron operativas las disposiciones de carácter adjetivo allí previstas, entre ellas, aquella que establece "...que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el art. 51 de la ley 24.241 y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención..." (art. 1).
La validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) -y en las posteriores causas L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020)-, a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
III.2.b. Luego, corresponde recordar que la citada ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012) ha reinstalado la llamada opción excluyente entre la reparación tarifada de la ley especial o la integral del derecho común. Al respecto, por razones de brevedad, me remito al desarrollo que efectué sobre este tópico en la mentada causa L. 124.807 (cit.).
III.2.c. Sentado lo anterior, he de precisar que en dicho precedente diferentes argumentos condujeron a justificar la declaración de invalidez constitucional del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348), a los que me referiré brevemente -por razones de buen orden-, remitiéndome -en lo demás- a las declaraciones contenidas en la opinión que expuse en dicha oportunidad.
III.2.c.i. Tras reseñarse la evolución del sistema de la "opción" en materia de reparación de accidentes y enfermedades profesionales en la legislación argentina, se determinó la incongruencia entre la norma contenida en el mencionado precepto y el principio de progresividad, con raigambre constitucional en los planos provincial y nacional.
Se estableció que dicho postulado, consagrado en la Constitución nacional -por conducto de los incs. 22 y 23 del art. 75-, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 2.1), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26), en el Protocolo Adicional a esta última o Protocolo de San Salvador (art. 1) y en el art. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y receptado por la Corte Suprema de Justicia como principio cardinal especialmente operativo en materia laboral (CSJN, "Madorrán, Marta C. c/ Administración Nacional de Aduanas", sent. de 3-V-2007, Fallos: 330:989; "Medina, Orlando R. y otro c/ Solar Servicios On Line Argentina S.A. y otro", sent. de 26-II-2008; e.o.); define la improcedencia de la regresión normativa -regla derivada del aludido principio- en la medida que se prohíbe al trabajador lo que antes no se vedaba, reduciendo claramente el nivel de intensidad de la tutela jurídica.
Luego, se concluyó que la ley 26.773 retrograda de modo manifiesto la protección del sujeto de preferente tutela constitucional a la que debe propender la legislación.
III.2.c.ii. Desde otroángulo, también se declaró en el citado caso L. 124.807 que la norma en cuestión viola la indemnidad del trabajador (arts. 19, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. local), pues la síntesis de lo declarado en la causa de referencia indica que le impide al operario accidentado o enfermo (o, en su caso, a sus derechohabientes) por causas vinculadas al trabajo y que percibió las prestaciones de la ley especial, el acceso a la reparación integral del daño, dejando subsistentes daños laborales sin reparación.
Tal situación, se traduce en una indemnización que se avizora como carente de integralidad, afecta -asimismo- los postulados del art. 14 bis de la Constitución nacional, y los principios de progresividad, propiedad (art. 17, Const. nac.), igualdad y no discriminación (art. 16, Const. cit.). Estos dos últimos, máxime cuando el legislador dispuso ratificar el cúmulo cuando el daño provenga de terceros (el damnificado o sus derechohabientes podrían cobrar la tarifa y promover una acción por reparación integral); mientras que, si la responsabilidad es atribuible al empleador, la posibilidad se limita y nace la obligación de optar entre uno u otro sistema.
Se dijo que la solución propuesta va en línea con lo resuelto por la Corte federal en la causa "Rodríguez Pereyra" (CSJN, sent. de 27-XI-2012; R.401.XLIII, en www.csjn.gov.ar), pronunciada con posterioridad a la sanción de la ley 26.773, en la que reconoció la inconstitucionalidad de los sistemas especiales que admiten limitaciones indemnizatorias frente al derecho a una reparación integral al comprobarse la existencia de un menoscabo sustancial a este último, pero afirmando también que la "reparación no se logra si los daños subsisten en alguna medida", lo que implica la total correspondencia entre los daños y el resarcimiento que se confiera.
En ese mismo orden de ideas, se recordó que este Superior Tribunal ha tenido oportunidad de expresar que el empleado o sus derechohabientes -según el caso- que, en el marco de un proceso con amplitud de debate y prueba como el diseñado por la ley 11.653, logre acreditar la insuficiencia de las prestaciones establecidas en la ley 24.557 para reparar integralmente el daño padecido, podrá obtener del patrono -cuya responsabilidad civil hubiere sido demostrada- la diferencia del valor según el quantum que el tribunal de trabajo reputare suficiente para resguardar los derechos constitucionales inherentes al bien jurídico protegido (causas L. 87.394, "V. d. C., M. C.", sent. de 11-V-2005 y L. 88.912, "L., A. F.", sent. de 9-XII-2010).
III.2.c.iii. Desde otroángulo, también se estableció en la mentada causa L. 124.807 que el art. 4 de la ley 26.773 atenta de modo directo y fatal contra el principio de irrenunciabilidad de los derechos, reglaínsita e indisolublemente ligada al principio protectorio (arts. 14 bis, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. local).
Tal conclusión encuentra amparo en la norma -general- contenida en el art. 12 de la Ley de Contrato de Trabajo y -no sin atender las pautas que brindan los arts. 31 y 32 del Convenio n° 102 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificado por nuestro país por ley 26.678)- en el art. 11 de la ley 24.557 que -como normativa específica- establece en su apartado 1 que "las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas", dispositivo que integra el régimen normativo de reparación por daños laborales, desde que no ha sido derogado por la novel ley 26.773 (arts. 1 y 17 apdo. 1).
III.2.c.iv. Por último, conforme lo señalado en la causa L. 124.807, la descalificación constitucional de la norma bajo la lupa también encuentra respaldo en la violación del principio de igualdad ante la ley (arts. 16 y 75 inc. 22, Const. nac.), pues -en definitiva- el ejercicio de la opción excluyente altera la posición inicial de plena igualdad del sujeto damnificado respecto de otro que (en iguales condiciones originales) adoptó un camino -de elección imperativa- diferente.
III.3. Sentado lo expuesto, considero que, siendo que lo resuelto por el tribunal de grado guarda armonía con el criterio plasmado en la referida doctrina legal de esta Corte, el impugnante no ha aportado nuevos argumentos aptos para desvirtuar su aplicación, que fuera debidamente aplicada al caso en juzgamiento.
IV. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Tal como ha sido expuesto en el voto de la doctora Kogan, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia no excede el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141- por lo que, como regla, solo podría conocerse del recurso interpuesto en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Empero, habida cuenta de que, como se señala en el sufragio inaugural, el agravio que porta la impugnación compromete una cuestión de naturaleza federal, me encuentro facultado para analizar el remedio interpuesto sin limitación alguna derivada de las restricciones que, por razón del monto del litigio, establece la ley procesal laboral.
Con ese marco, y toda vez que nos hallamos en presencia de un supuesto aprehendido por un entramado normativo pretérito a la sanción de la ley 27.348, a cuyas disposiciones adhirió la Provincia de Buenos Aires mediante ley 14.997, considero que resultan extrapolables las consideraciones y conclusiones que expuse al fallar la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021).
En efecto, sucede en la especie -como aconteció en la citada causa L. 124.807-, que el tribunal de origen desestimó el reclamo fundado en disposiciones del derecho común, por no haberse acreditado en autos que las tareas realizadas por la trabajado
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