Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128757
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.757, "Marcucci, Daniela Mercedes contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 26-XI-2021).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 27-XII-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 e hizo lugar parcialmente a la demanda que la señora Daniela Mercedes Marcucci promovió contra la Provincia de Buenos Aires, a la que condenó al pago de la prestación prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo (arts. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557 y 3, ley 26.773). La rechazó, en cambio, en cuanto se pretendía el cobro de una indemnización con sustento en el derecho civil (v. pronunciamiento de fecha 26-XI-2021).
En lo que reviste interés, como se adelantó, declaró la inconstitucionalidad "de la opción excluyente" prevista en el art. 4 de la ley 26.773 en su versión anterior a la modificación de la ley 27.348 (v. sent., segunda cuestión), ello, expresando que por elementales razones de economía procesal correspondía proceder de ese modo en virtud del criterio plasmado por la Suprema Corte en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 1, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1. del Pacto de San José de Costa Rica; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Derechos Sociales (Declaración de Derechos Sociales del Trabajador); 39 inc. 3 y 171 de la Constitución provincial; 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 4 de la ley 26.773 y 44 inc. "d" de la ley 11.653 (v. escrito electrónico de fecha 27-XII-2021).
Oponiéndose a la mentada descalificación constitucional del art. 4 de la ley 26.773, sostiene que en autos se encuentra en juego una disputa entre principios y reglas, pues se ha desplazado mediante su invalidación constitucional la disposición legal aplicable recurriéndose a conceptos generales que se consideraron de rango superior.
En ese marco, afirma que el fallo es arbitrario porque en él se ha optado por reemplazar un sistema establecido por el Congreso de la Nación por otro que ha sido preferido por la judicatura, pero sin que se haya demostrado la invalidez constitucional del primero, ni el perjuicio concreto que le provocaría a la demandante.
Refiere que, contrariamente a lo sostenido por la Suprema Corte provincial, la regla legal invalidada se ajusta a la Constitución nacional porque no vulnera los principios de progresividad, indemnidad, igualdad e irrenunciabilidad. Señala que la normativa en crisis no cercena ninguna garantía constitucional, ya que solo establece que los sistemas indemnizatorios reconocidos no pueden acumularse, siendo la "opción" una elección razonable que se encuentra dentro de las potestades del legislador.
Por último, argumenta que el régimen especial de la ley 24.557, modificado por el art. 4 de la ley 26.773, otorga una mayor protección al tener como objetivo principal la prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Corresponde señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado -representado por el capital de condena- no supera el límite mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por esta razón, el medio de impugnación deducido solo puede examinarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte debería quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 126.814, "Fernández", sent. de 5-V-2022 y L. 127.372, "Faure", sent. de 27-III-2023; e.o.).
Sin embargo, y en tanto el recurrente evidencia que la declaración de inconstitucionalidad del mentado art. 4 de la ley 26.773 efectuada en la instancia de grado involucra una cuestión federal (v. rec., punto II.2.), la impugnación traída debe analizarse sin aquellas restricciones impuestas por las normas procesales locales (causas L. 126.814, cit.; L. 127.806, "Suárez", sent. de 1-VIII-2023 y L. 125.474, "Magyar", sent. de 31-VIII-2022; e.o.).
III.2. Aclarado lo que antecede, cabe señalar que la decisión de grado en torno al art. 4 de la ley 26.773 (conforme la redacción que precedió a la ley 27.348), ha de permanecer incólume.
En efecto, dejando a salvo mi opinión sobre el tema, lo resuelto en el fallo impugnado en estas actuaciones se inscribe en el criterio que es doctrina legal del Tribunal (me refiero, claro, a la que emana de la causa L. 124.807, "Vera", sent. de 11-V-2021). Ello me conduce a desestimar el cuestionamiento con expreso fundamento en la herramienta prevista en el primer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Suscribo lo expuesto por el doctor Soria en su voto.
I.2. Solo he de aclarar que, en el caso -tal como lo señaló el destacado colega-, no puede soslayarse que el agravio traído en el medio impugnativo dirigido a controvertir la declaración de invalidez constitucional del art. 4 de la ley 26.773 efectuada por el a quo , involucra el análisis de una cuestión federal.
Al respecto, ha declarado esta Corte que, aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los mencionados arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio"), es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Lo dicho permite ingresar en el tratamiento del mencionado cuestionamiento con prescindencia de cualquier limitación derivada de las leyes procesales locales.
I.3. Sentado ello, y atento que la cuestión a dirimir guarda sustancial analogía con el tema debatido en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), en que presté mi adhesión al voto de la doctora Kogan, habré de reproducir, en lo pertinente, los lineamientos allí sentados por mi distinguida colega.
I.3.a. Liminarmente, resulta trascendente aclarar que, en la especie -como ocurrió en el citado antecedente- el tópico en debate se circunscribe al cuestionamiento constitucional del citado dispositivo de la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012), en su versión anterior a la ley 27.348 (B.O. de 24-II-2017), es decir, con antelación a la entrada en vigencia de la previsión normativa que establece el tránsito previo y obligatorio por las comisiones médicas.
Cabe recordar, a propósito de esta última, que la Provincia de Buenos Aires aceptó la invitación que contiene el art. 4 de la ley 27.348 -complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo- mediante la ley 14.997 (B.O. de 8-I-2018), adhiriendo plenamente a la normativa contemplada en el Título I de aquel ordenamiento. De ese modo, se tornaron operativas las disposiciones de carácter adjetivo allí previstas, entre ellas, aquella que establece "...que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el art. 51 de la ley 24.241 y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención..." (art. 1).
La validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) -y en las posteriores causas L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020)-, a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
I.3.b. Luego, corresponde señalar que la citada ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012) ha reinstalado la llamada opción excluyente entre la reparación tarifada de la ley especial o la integral del derecho común.
I.3.c. En el citado precedente L. 124.807, diferentes argumentos condujeron a justificar la declaración de invalidez constitucional del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348), a los que cabe referirse brevemente por razones de buen orden.
I.3.c.i. Tras reseñarse la evolución del sistema de la "opción" en materia de reparación de accidentes y enfermedades profesionales en la legislación argentina, se determinó la incongruencia entre la norma contenida en el mencionado precepto y el principio de progresividad, con raigambre constitucional en los planos provincial y nacional.
Se estableció que dicho postulado, consagrado en la Constitución nacional -por conducto de los incs. 22 y 23 del art. 75-; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 2.1.); en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26); en el Protocolo Adicional a esta última o Protocolo de San Salvador (art. 1) y en el art. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y receptado por la Corte Suprema de Justicia como principio cardinal especialmente operativo en materia laboral (CSJN "Madorrán, Marta C. c/ Administración Nacional de Aduanas", sent. de 3-V-2007, Fallos: 330:989; "Medina, Orlando R. y otro c/ Solar Servicios On Line Argentina S.A. y otro", sent. de 26-II-2008; e.o.); define la improcedencia de la regresión normativa -regla derivada del aludido principio- en la medida en que se prohíbe al trabajador lo que antes no se vedaba, reduciendo claramente el nivel de intensidad de la tutela jurídica.
Luego, se concluyó que la ley 26.773 retrograda de modo manifiesto la protección del sujeto de preferente tutela constitucional a la que debe propender la legislación.
I.3.c.ii. Desde otroángulo, también se declaró en el citado caso L. 124.807 que la norma en cuestión viola la indemnidad del trabajador (arts. 19, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. local), pues la síntesis de lo declarado en la causa de referencia indica que le impide al operario accidentado o enfermo (o, en su caso, a sus derechohabientes) por causas vinculadas al trabajo y que percibió las prestaciones de la ley especial, el acceso a la reparación integral del daño, dejando subsistentes daños laborales sin reparación.
Tal situación, se traduce en una indemnización que se avizora como carente de integralidad, afecta -asimismo- los postulados del art. 14 bis de la Constitución nacional y los principios de progresividad, propiedad (art. 17, Const. cit.), igualdad y no discriminación (art. 16, Const. cit.). Estos dos últimos, máxime cuando el legislador dispuso ratificar el cúmulo cuando el daño provenga de terceros (el damnificado o sus derechohabientes podrían cobrar la tarifa y promover una acción por reparación integral); mientras que, si la responsabilidad es atribuible al empleador, la posibilidad se limita y nace la obligación de optar entre uno u otro sistema.
Se dijo que la solución propuesta va en línea con lo resuelto por la Corte federal en la causa "Rodríguez Pereyra" (CSJN, sent. de 27-XI-2012; R.401.XLIII, en www.csjn.gov.ar), pronunciada con posterioridad a la sanción de la ley 26.773, en la que reconoció la inconstitucionalidad de los sistemas especiales que admiten limitaciones indemnizatorias frente al derecho a una reparación integral al comprobarse la existencia de un menoscabo sustancial a este último, pero afirmando también que la "reparación no se logra si los daños subsisten en alguna medida", lo que implica la total correspondencia entre los daños y el resarcimiento que se confiera.
En ese mismo orden de ideas, se recordó que este Superior Tribunal ha tenido oportunidad de expresar que el empleado o sus derechohabientes -según el caso- que, en el marco de un proceso con amplitud de debate y prueba como el diseñado por la ley 11.653, logre acreditar la insuficiencia de las prestaciones establecidas en la ley 24.557 para reparar integralmente el daño padecido, podrá obtener del patrono -cuya responsabilidad civil hubiere sido demostrada- la diferencia del valor según el quantum que el tribunal de trabajo reputare suficiente para resguardar los derechos constitucionales inherentes al bien jurídico protegido (causas L. 87.394, "V. d. C., M. C. y otros", sent. de 11-V-2005 y L. 88.912, "L., A. F.", sent. de 9-XII-2010).
I.3.c.iii. También se estableció en la mentada causa L. 124.807 que el art. 4 de la ley 26.773 atenta de modo directo y fatal contra el principio de irrenunciabilidad de los derechos, reglaínsita e indisolublemente ligada al principio protectorio (arts. 14 bis, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. local).
Tal conclusión encuentra amparo en la norma -general- contenida en el art. 12 de la Ley de Contrato de Trabajo y -no sin atender las pautas que brindan los arts. 31 y 32 del convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificado por nuestro país por ley 26.678)- en el art. 11 de la ley 24.557 que -como normativa específica- establece en su apartado 1 que "las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas", dispositivo que integra el régimen normativo de reparación por daños laborales, desde que no ha sido derogado por la novel ley 26.773 (arts. 1 y 17 apdo. 1).
I.3.c.iv. Por último, conforme lo señalado en la causa L. 124.807, la descalificación constitucional de la norma bajo la lupa también encuentra respaldo en la violación del principio de igualdad ante la ley (arts. 16 y 75 inc. 22, Const. nac.), pues -en definitiva- el ejercicio de la opción excluyente altera la posición inicial de plena igualdad del sujeto damnificado respecto de otro que (en iguales condiciones originales) adoptó un camino -de elección imperativa- diferente.
II. Por las razones expuestas, y reiterando mi sustancial aquiescencia con el voto del doctor Soria, estimo que corresponde rechazar el recurso bajo examen, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Tal como ha sido expuesto en el voto del doctor Soria, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia no excede el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141- por lo que, como regla, solo podría conocerse del recurso interpuesto en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Empero, habida cuenta de que, como se señala en el sufragio inaugural, el agravio que porta la impugnación compromete una cuestión de naturaleza federal, me encuentro facultado para analizar el remedio interpuesto sin limitación alguna derivada de las restricciones que, por razón del monto del litigio, establece la ley procesal laboral.
Con ese marco, y toda vez que nos hallamos en presencia de un supuesto aprehendido por un entramado normativo pretérito a la sanción de la ley 27.348, a cuyas disposiciones adhirió la Provincia de Buenos Aires mediante la ley 14.997, considero que resultan extrapolables las consideraciones y conclusiones que expuse al fallar la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021).
En efecto, sucede en la especie -como aconteció en la citada causa L. 124.807-, que el tribunal de origen desestimó el reclamo fundado en disposiciones del derecho común, por no verificarse los presupuestos de su procedencia (v. sent., tercera cuestión).
Descartada la posibilidad de atribuir al empleador autoasegurado responsabilidad civil por las secuelas incapacitantes derivadas de las tareas prestadas, el a quo juzgó que la actora resultaba acreedora a las prestaciones sistémicas, de acuerdo con lo resuelto por este Tribunal en la citada causa L. 124.807.
La inviabilidad del reclamo deducido al amparo de la ley 24.557 que postula el Fisco en su impugnación al decir que, de haberse respetado el art. 4 de la ley 26.773, se hubiese rechazado de modo íntegro la demanda por no haber prosperado la acción elegida por la demandante, comporta para la trabajadora -lisa y llanamente- la privación de todo resarcimiento de las dolencias incapacitantes acreditadas en autos.
Merced a todos estos elementos de juicio, comparto la opinión en cuanto que la pretendida aplicación del art. 4 de la ley 26.773 conduciría, en el caso, a una afectación constitucional de los derechos de la actora de obtener una reparación de la incapacidad laboral, cuya acreditación no ha podido ser desvirtuada por la accionada.
II. Con tales consideraciones, me sumo a la propuesta de rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia