Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131193
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón, en el marco de la acción iniciada por el señor Antonio Luis Beltrán Palacios contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Volkswagen Argentina S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas de la enfermedad profesional que alegó padecer, declaró su falta de aptitud jurisdiccional para entender en autos (v. pronunciamiento de fecha 26-XII-2022).
Para así decidir, con sustento en la doctrina legal de esta Suprema Corte emanada del precedente L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), desestimó inicialmente el cuestionamiento introducido respecto de la obligatoriedad del agotamiento de la instancia administrativa previa.
Luego, juzgó que el accionante no había cumplido con la carga de acreditar dicho requerimiento legal al no haber aportado documentación alguna que compruebe el tránsito por ante la Comisión Médica Jurisdiccional y/o Central, ni de la emisión del dictamen desestimatorio de la calificación de la enfermedad como profesional, o bien del revisorio en caso de que hubiera mediado recurso administrativo interpuesto por el damnificado.
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8-II-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 11-IV-2023).
En su presentación denuncia que el Tribunal de origen incurrió en absurdo al valorar los hechos y las pruebas de la causa, habida cuenta la decisión se asienta en conclusiones contradictorias que transgreden las reglas del raciocinio.
Refiere que durante la sustanciación del proceso el órgano de grado no proveyó la solicitud de libramiento de oficio a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para que remita los expedientes administrativos iniciados ante ese organismo, para poder así demostrar el cumplimiento de la vía previa y obligatoria contemplada en la ley 27.348.
Alega que al contestar el segundo traslado al que hace alusión el art. 29 de la ley 11.653 se adjuntó documental referida a dichas actuaciones y se solicitó la apertura a prueba de la causa a fin de resolver la excepción de incompetencia planteada por la accionada.
Sostiene además que el a quo debió resolver la controversia sobre la base de aplicar al caso el principio in dubio pro operario, consagrado en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por último, denuncia que las costas han sido injustamente impuestas a su parte, quien se ha creído con el derecho a litigar legítimamente. No obstante, lo expuesto, solicita que para el hipotético caso de confirmarse el fallo recurrido éstas sean soportadas en el orden causado.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado para el impugnante por el capital reclamado en la demanda, más el importe de las costas de cuya imposición se agravia- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 126.094, "Cjumo", resol. de 16-VII-2021 y L. 129.801 "Andrada", resol. de 21-VI-2023; e. o.). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e. o.).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e. o.).
III.2. En este contexto, cabe señalar que no se observa -en el caso- la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que, más allá de que la impugnación se encuentra vinculada a cuestiones de índole fáctica y probatoria, la única doctrina que se denuncia como vulnerada se refiere al vicio de absurdo, no resultando idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020; L. 126.572, "Castelli", resol. de 26-V-2021; L. 128.372, "Benítez", resol. de 27-V-2022 y L. 130.685, "Pihuala", resol. de 4-X-2023; e. o.).
III.3. En relación a la objeción relativa a la imposición de costas, en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte vinculada con dicho tópico, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 127.210, "Figueredo", resol. de 9-XI-2021, L. 129.043, "Rubira", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.348, "Retamosa", resol. de 7-IX-2023; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/11/2023 15:46:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/11/2023 09:37:45 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/11/2023 15:57:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2023 09:15:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2023 09:50:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/11/2023 12:42:36 hs. bajo el número RR-1534-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia