Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128352
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción promovida en fecha 6 de mayo de 2021 por el señor Hernán Eduardo Luque contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por la enfermedad profesional que invocó padecer, se declaró incompetente para entender en autos (v. pronunciamiento del 5-XI-2021).
Para así resolver, declaró inicialmente -con sustento en la doctrina legal de esta Suprema Corte emanada de los precedentes L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020) y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en la causa "Pogonza"- la validez constitucional de la ley provincial 14.997, de adhesión a la ley 27.348.
Asimismo, indicó que de la propia letra del art. 2 inc. "j" ley 15.057 se desprende que la vía judicial queda expedita para el inicio de la acción ordinaria plena una vez dictada la resolución emanada de la Comisión Médica Jurisdiccional o configurado el silencio administrativo por parte de ésta, imponiéndose al trabajador o sus derechohabientes el deber de acompañar los instrumentos que acrediten esas circunstancias, esto es, el agotamiento de la vía administrativa.
Aludió además a los requisitos establecidos por los art. 29 y 32 de la resolución SRT 298/17, reglamentaria del procedimiento previsto por el Título I de la ley 27.348, para el inicio de trámites vinculados al rechazo de enfermedades no listadas.
Luego, juzgó que, de la prueba documental acompañada, como de los informes remitidos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se desprendía que el actor no había acreditado dar inicio al reclamo por rechazo de la dolencia denunciado a través de la presentación debidamente cumplimentada que exige dicha normativa.
Señaló, que no obstante encontrase notificada la letrada de la parte actora de los requisitos que se le exigían para instar el trámite pretendido en debida forma (v. expte. SRT 005576/20), no había probado esta última haber cumplido con tal cometido, como tampoco cuestionó de modo alguno la reglamentación que impone tales recaudos para acceder al reclamo por rechazo de enfermedad no listada.
En tales condiciones, destacó que no se hallaba habilitada la instancia judicial por vencimiento del plazo previsto en el art. 3 de la ley 27.348, desde que no se instó en debida forma el trámite exigido en el art. 1 de la misma norma, y por lo tanto no existe punto de partida para que comience el cómputo del plazo en el cual la Comisión Médica debía expedirse.
Con todo, concluyó que no se encontraba aún expedita la vía judicial intentada por la parte actora por no haberse acreditado que su presentación para el reclamo de rechazo de enfermedad no listada haya sido debidamente cumplimentada ante la Comisión Médica Jurisdiccional.
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad y, subsidiariamente, de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 26-XI-2021), los que fueron concedidos por el órgano de grado (v. resolución de fecha 2-XII-2021), habiéndose conferido vista al señor Procurador General respecto del primero de los mencionados (v. dictamen electrónico de fecha 27-V-2022).
III. En el remedio de nulidad interpuesto, el interesado denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Sostiene que el tribunal de grado omitió el tratamiento de dos cuestiones esenciales: la primera, vinculada a la argumentación expuesta en la demanda sobre la inaplicabilidad al caso de la ley 27.348 por no encontrarse vigente a la fecha de la primera manifestación invalidante; la segunda, en cuanto soslayó analizar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y 4 de dicho régimen legal, el que resultaba decisivo para arribar a la correcta definición del litigio.
IV. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
IV.1.a. En primer término, cabe destacar que bajo la denunciada transgresión del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires el agravio vinculado a la primera de las cuestiones esenciales que se alega preterida, remite -en rigor- a la imputación de eventuales errores de juzgamiento, resultando, por lo tanto, ajeno al acotado ámbito del recurso en análisis y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 118.570, "Branco", sent. de 3-X-2018; L. 119.930, "Fernández", sent. de 10-IV-2019 y L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020).
Concretamente, son aplicables al caso aquellas directrices de este Tribunal que indican que no se verifica infracción de la mentada norma de la Constitución provincial si las omisiones que se denuncian no constituyen cuestiones esenciales, sino meros argumentos desarrollados por la parte en apoyo de su posición (causas L. 124.860, "Mayotti", sent. de 19-IX-2022; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023 y L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; e. o.).
IV.1.b. También, respecto del íntegro soslayo invocado en relación a la tacha de inconstitucionalidad formulada en demanda sobre los arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley 27.348, la improcedencia del embate se exhibe manifiesta, desde que, como fuera relatado, el órgano jurisdiccional de grado hubo de brindar tratamiento a dicho planteo, rechazándolo con sustento en la doctrina legal de esta Corte emanada de las causas "Marchetti", "Szakacs" y "Delgadillo", así como en el criterio delineado por el Máximo tribunal nacional al fallar la causa "Pogonza" (v. primera cuestión, punto II.1. y segunda cuestión; resol. de fecha 5-XI-2021).
IV.1.c. Finalmente, habiéndose denunciado la violación del art. 171 de la Carta Magna local, cabe señalar que en autos no se constata la infracción de la norma mencionada, ya que el pronunciamiento recurrido se encuentra fundado en expresas disposiciones legales.
V. Ingresando en el análisis de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, cabe inicialmente aclarar que no obstante haber sido articulada en forma subsidiaria a la de nulidad, el remedio cumple con el recaudo legal de fundamentación autónoma (arts. 279, CPCC; causas L. 122.726, "Aballay", resol. de 27-V-2020 y L. 127.033, "Correa", resol. de 12-IV-2021).
V.1. En dicho carril de impugnación el interesado individualiza las normas y la doctrina legal que considera transgredidas y, en lo sustancial, reitera que el tribunal de grado decidió la controversia sin tener en consideración que el infortunio por cuyas secuelas incapacitantes se reclamó en autos ocurrió en fecha anterior al dictado de la ley provincial de adhesión 14.997, no resultando por ende de aplicación al caso el procedimiento administrativo previo previsto por el Título I de la ley 27.348.
Además, denuncia absurdo en la valoración de la prueba y deficiente fundamentación al considerar que el pronunciamiento del a quo desatiende las constancias de la causa.
V.1.a. Este recurso tampoco prospera.
V.1.b. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resol. de fecha 2-XII-2021), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 125.079, "Aranda", resol. de 21-XII-2020; L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020 y L. 129.775, "Guimaraes", resol. de 14-III-2023). Esta hipótesis se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.284, "Silvero", resol. de 21-VI-2023; e. o.).
V.1.c. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la doctrina traída por el recurrente en apoyo de sus pretensiones remite al análisis de cuestiones de hecho y prueba, y a la configuración del vicio de absurdo, situación detraída de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020; L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021 y L. 130.601, "Vera", resol. de 20-IX-2023; e. o.).
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe agregar en relación a los precedentes que el interesado identifica en la crítica, que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los antecedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disimiles a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.483, "Lofaro", resol. de 4-II-2021 y L. 126.394, "Caruso", resol. de 26-V-2021; e. o.).
Resta indicar, que tampoco constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023).
VI. A todo evento, y en atención a la argumentación medular sobre la que el recurrente estructura su réplica extraordinaria, se impone señalar que esta Suprema Corte en la causa L. 121.895, "Orellana" (sent. de 17-VI-2020), ha establecido que con la sanción de la ley 14.997 (B.O. de 8-I-2018), que dispuso la adhesión de la Provincia de Buenos Aires al nuevo régimen legal complementario de la Ley de Riesgos del Trabajo, las nuevas reglas de orden procesal contenidas en el Título I, arts. 1 a 4 de la ley 27.348, resultan aplicables a toda acción judicial que se promueva en el ámbito de los Tribunales de Trabajo provinciales a partir del octavo día de su publicación oficial (art. 5 del Código Civil y Comercial de la Nación), es decir, desde el 17 de enero de 2018 en adelante.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acá-pite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/12/2023 14:53:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/12/2023 11:42:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2023 16:22:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2023 10:00:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2023 10:07:45 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/12/2023 12:30:37 hs. bajo el número RR-1791-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia