Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130674
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDe conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en la localidad de Pilar, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por el señor Juan Alberto Cabrera y, en consecuencia, condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar la suma que indicó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 14, apartado 2 inc. "a", de la ley 24.557, con más el adicional del art. 3 de la ley 26.773 (v. pronunciamiento del 1-XII-2022).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor, debido a las tareas de esfuerzo desarrolladas para su empleadora -afilada a la aseguradora accionada-, sufre de tendinitis de hombros leve, dolencia que no es considerada incapacitante según el baremo de la ley 24.557, aunque sí se constató que tal enfermedad le ocasionó un daño psicológico que le provoca una minusvalía de tipo parcial y permanente del 4,04 % del índice de la total obrera.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones del 27-XII-2022), los que fueron concedidos por el a quo , el segundo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de 28-III-2023), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de 27-XI-2023).
III. En la vía extraordinaria de nulidad, denuncia que el tribunal omitió el tratamiento de cuestiones esenciales conducentes para la resolución del litigio. Concretamente, afirma que el juzgador fundamentó su decisión únicamente en el informe psiquiátrico, desconociendo el resto de las probanzas obrantes en la causa. Asimismo, puntualiza que era obligación de la parte actora demostrar los presupuestos de responsabilidad para que prospere la acción, circunstancia que -en su opinión- no ha sucedido.
Por lo demás, estima que el pronunciamiento carece de la debida fundamentación.
III.1. El recurso, en coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, no puede prosperar.
III.2. Sabido es, que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 129.595, "Palenzona", resol. de 10-IV-2023).
III.3. En la especie, la impugnación no puede subsumirse en ninguno de los señalados supuestos.
III.3.a. De la simple lectura de la sentencia en crisis y de los términos de la impugnación contra ella deducida, fácil resulta advertir que la interesada, bajo la denuncia de la supuesta omisión de cuestiones esenciales, en rigor de verdad dirige su crítica a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
Resta señalar que también son asuntos ajenos al remedio en examen la denuncia de violación de garantías consagradas en la Constitución nacional y la supuesta transgresión del principio de congruencia derivada de eventuales decisiones ultra petita o errores in iudicando (causas L. 127.874, "Chelia", resol. de 1-IV-2022 y L. 129.394, "González", resol. de 10-IV-2023).
III.4. Tampoco ha de tener cabida el reproche sustentado en la vulneración del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto lo que la referida norma sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación (causas L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021 y L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023).
IV. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida, la interesada cuestiona, en primer lugar, la aplicación al caso del decreto 669/2019 y las modificaciones introducidas por la ley 27.348, porque entiende que no corresponde su utilización por imperio del principio de irretroactividad de las normas.
Luego, con denuncia de absurdo en la valoración de la prueba y violación del principio de congruencia, objeta el porcentaje de incapacidad que el a quo le reconoció al accionante.
Finalmente, alega, que el fallo ha transgredido la doctrina legal de esta Corte en materia de intereses.
IV.1. El recurso no puede prosperar.
IV.2. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 125.079, "Aranda", resol. de 21-XII-2020; L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020 y L. 129.775, "Guimaraes", resol. de 14-III-2023), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021 y L. 125.826, "Veinticinco", resol. de 17-II-2021).
IV.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se exhibe nítida respecto de todas las argumentaciones y cuestionamientos que se vinculan con la aplicación en el caso de las disposiciones del decreto 669/2019 y la tasa de interés que fijó el órgano judicial de grado. Ello, toda vez que las doctrinas traídas en apoyo de tales reproches no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de sus decisiones, ni refiere a situaciones similares, atento al distinto contenido fáctico y jurídico con el caso sub examine (causas L. 127.828; "Pais", resol. de 7-III-2022; L.128.808; "Leiza", resol. de 19-IX-2022; L. 129.468, "Cantero, resol. de 29-XI-2022 y L. 125.665; "Vales", resol. de 29-XII-2022).
IV.4. Respecto del restante agravio referenciado, tampoco se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, las críticas que porta el recurso remiten a cuestiones de hecho y prueba -tales como la existencia de relación causal entre el accidente y las patologías que afectan al trabajador, y la determinación del porcentaje de incapacidad-, cuya definición es privativa del sentenciante de grado, y se encuentran detraídas de revisión en el acotado margen por el que transita el recurso (causas L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021; L. 125.912, "Melgar", resol. de 12-II-2021 y L. 128.819, "Farías", resol. de 9-VIII-2022).
No mejora la suerte de la impugnación la mención de precedentes definitorios del absurdo, en tanto no habilitan la excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021; L. 127.289, "Juárez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.169, "Ésposito", resol. 19-V-2022 y L. 130.065, "Tejera", resol. de 17-IV-2023).
Por lo demás, no participa de dicha naturaleza el criterio que deriva de los fallos de otros tribunales de justicia ni de los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/12/2023 14:10:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2023 10:00:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2023 10:24:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2023 11:01:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/12/2023 12:05:18 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/12/2023 12:31:15 hs. bajo el número RR-1737-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia