Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129700
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de nulidad deducido y se anula parcialmente la sentencia impugnada en cuanto omitió el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -texto modificado por el art. 11 de la ley 27.348-. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, dicte el pronunciamiento que corresponda (art. 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.700, "Farías, Celso Daniel contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
El Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sentencia de 11-VII-2022 y aclaratoria de 31-VIII-2022).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de nulidad (v. presentación electrónica de fecha 12-VIII-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 26-IV-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda promovida por el señor Celso Daniel Farías y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "a", de la ley 24.557, el adicional establecido en el art. 3 de la ley 26.773 y la suma que especificó en concepto de tratamiento psiquiátrico; con motivo de la minusvalía laborativa que el reclamante padece como consecuencia de la enfermedad profesional que contrajo.
En lo que resulta relevante -en el voto que representó la opinión mayoritaria-, calculó la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "a", de la ley 24.557, conforme lo normado en el art. 12 de la ley 24.557 según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348.
En ese marco, cuantificó el ingreso base mensual del trabajador conforme las pautas del inc. 1 del mentado art. 12, esto es, utilizando el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). A este monto le aplicó, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha del pronunciamiento, un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (precisó: conforme el art. 12, inc. 2, ley cit.). Sobre esa base, procedió a calcular el importe de la prestación dineraria antes referenciada, al que añadió la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, con más la suma que indicó en concepto de tratamiento psiquiátrico.
Luego, analizó los alcances de lo previsto en el art. 11 de la ley 27.348.
En relación con el primer acápite del nuevo art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, señaló que la incorporación implicó una migración del salario previsional al laboral, admitiéndose genuinamente la naturaleza salarial de la totalidad de los ingresos que percibe un trabajador como contraprestación de sus tareas; también abandonar la referencia salarial diaria mensualizada para considerar el promedio total de los salarios devengados; y la actualización mes a mes de cada una de las sumas determinadas, aplicando el índice RIPTE.
Indicó que, mediante el apartado segundo de aquella norma, se dispuso que la suma así determinada en concepto de ingreso base devengue desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización, un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; señaló que ello constituye un supuesto de interés legal. Meritó que, efectuando una correcta interpretación de lo expuesto, la aplicación de tales acrecidos no supone una compensación por mora ni cumplen una función punitoria, sino que -antes bien- solo parecen destinados a sustituir al RIPTE como mecanismo de actualización del valor del ingreso base.
Sentado ello, se detuvo a sostener la inexistencia -entre ambos períodos- de superposición alguna de aplicación de "tasa activa", siendo que -a su criterio- ambos apartados del citado art. 12, conducen a considerar el ingreso base a valores salariales actuales.
En orden al tercer apartado de la norma, a los efectos -dijo- de no incurrir en una operación disvaliosa que vulnere el derecho de propiedad de la accionada, en tanto, en el caso de aplicar la tasa de interés a la que allí se alude "...sin dudas importaría plasmar una yuxtaposición de intereses mediante la aplicación de la tasa activa por similares períodos...", en la inteligencia que la tasa activa tiene componentes que no se compadecen con los intereses que debe afrontar un deudor moroso, juzgó que desde la fecha de exigibilidad del crédito y hasta el dictado de la sentencia, los intereses moratorios debían ser calculados a una tasa pura del 6% anual.
Agregó que, si bien dicha normativa técnicamente no importa un mecanismo de indexación en el sentido literal del término, aun así, las actuales previsiones de la ley 27.348, bien pueden diferir de lo establecido en una norma de igual jerarquía como resulta ser la anterior ley 23.928.
Luego, dispuso implementar sobre el capital de condena intereses moratorios calculados a una tasa pura del 6% anual, desde la fecha de exigibilidad del crédito, hasta la de la sentencia y, luego, que el importe resultante de la acumulación de capital y dichos accesorios, devengue hasta el efectivo pago un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, ello, con sustento en los arts. 770 del Código Civil y Comercial y 12, inc. 3, de la ley 24.557 (modif. por la referida ley 27.348).
Con todo, acogió el reclamo impetrado, en los términos y con el alcance antes reseñados.
II. La Fiscalía de Estado deduce recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia violación del art. 168 de la Constitución provincial.
Alega que el tribunal de trabajo soslayó abordar una cuestión esencial, que avizora reflejada en el planteo de inconstitucionalidad del art. 11 de la ley 27.348 (modificatorio del art. 12, ley 24.557) articulado por la accionada en el escrito de contestación de la demanda (v. capítulo IX, de la presentación electrónica de fecha 26-IV-2018).
Sostiene que el tema que aduce preterido reviste indubitadamente carácter de esencial porque refiere a un aspecto de cuya decisión depende directamente el sentido y alcance del pronunciamiento, conformando la estructura de la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la solución del litigio.
En razón de lo expuesto, solicita se declare la nulidad del fallo en crisis.
III. Con el alcance que habrá de precisarse, corresponde hacer lugar al recurso.
III.1. Dable es recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, en la carencia de fundamentación legal, en la inobservancia de la forma de acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de mayoría de opiniones en la decisión (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020 y L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023).
Asimismo, que la alegación de inconstitucionalidad de una norma constituye, por su naturaleza, cuestión esencial en los términos del art. 168 de la carta local (causas L. 123.759, "Araya", sent. de 7-III-2022 y L. 127.046, "Baéz", sent. de 17-IV-2023).
III.2. Sentado ello, es dable advertir que el tema que se denuncia preterido fue sometido a conocimiento del tribunal de trabajo en la etapa procesal pertinente.
En efecto, tal como surge del escrito de contestación de la demanda, en todo un capítulo propio la accionada objetó la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557, según la modificación efectuada por el art. 11 de la ley 27.348, ello, bajo un cúmulo de fundamentos (v. presentación electrónica de fecha 26-IV-2018, capítulo IX).
Sin embargo, centrados en el voto mayoritario del tribunal de grado, de la lectura de la sentencia no se divisa con la nitidez exigible que la impugnación constitucional incorporada al caso por la parte demandada haya sido abordada. En el relato de los antecedentes efectuado en el pronunciamiento no se menciona al referido planteo de inconstitucionalidad. De suyo, más allá de las consideraciones que formuló sobre el contenido de la norma cuestionada, tampoco se avizora una respuesta concreta a dicha postulación en el despliegue argumental que realizó el tribunal ni en la parte resolutiva del fallo de la sentencia. Así, sobre una cuestión gravitante, no se advierte en el fallo un pronunciamiento claro y concreto acerca de la validez constitucional del art. 11 de la ley 27.348 a tenor de lo argumentado por la accionada.
Lo dicho es suficiente para considerar configurada la infracción del art. 168 de la Constitución local, toda vez que la cuestión soslayada integró la petición liminar, conformando el esquema jurídico que el órgano de grado necesariamente debió atender para la correcta solución de la controversia. Ese grave descuido, sin expresión alguna que concretamente lleve a comprender el motivo por el cual no fueron tratados todos los planteos llevados oportunamente, muestra la presencia en el caso de una incongruencia por omisión que conlleva a la nulidad parcial de la sentencia de grado en el aspecto aquí mencionado (causas L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018; L. 127.046, "Báez", sent. de 17-IV-2023; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad traído y, en consecuencia, disponer la anulación parcial del pronunciamiento, debiendo volver los autos al tribunal de origen, a fin de que -con diferente integración- renueve los actos procesales necesarios y dicte un nuevo fallo con arreglo a lo resuelto (art. 298, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de nulidad deducido y se anula parcialmente la sentencia impugnada en cuanto omitió el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -texto modificado por el art. 11 de la ley 27.348-. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, dicte el pronunciamiento que corresponda (art. 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/03/2024 11:56:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/03/2024 09:04:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2024 12:01:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2024 20:53:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2024 08:14:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 08/04/2024 10:33:49 hs. bajo el número RS-20-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia