Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131129
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó íntegramente la acción promovida por el señor Ángel Alberto Suárez Vela contra La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. -hoy Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.-, por la que perseguía el cobro de las prestaciones derivadas de la enfermedad profesional que denunció padecer (v. pronunciamiento de fecha 1-VI-2023).
Para así decidir, tras evaluar el material probatorio de autos, juzgó no acreditada la existencia de deuda a favor del actor derivada de la incapacidad física y/o psicológica vinculada al trabajo realizado para su empleadora.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 16-VI-2023), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción que contempla el artículo 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de fecha 29-VI-2023).
En su presentación, relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera vulneradas. Objeta las restricciones a la admisibilidad del remedio traído vinculadas al valor del litigio. Alega la configuración de cuestión federal y gravedad institucional. Asimismo, con apoyo en las garantías constitucionales que enuncia, sostiene -en rigor- que resulta injusto y arbitrario determinar, en el proceso inflacionario actual, el monto mínimo del recurso conforme a los valores históricos consignados en la demanda. Plantea la inconstitucionalidad del art. 161, apartado 3, inc. "a" de la Constitución provincial, del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y del art. 55 de la ley 11.653.
En lo esencial, se agravia de la conclusión del fallo en cuanto consideró que las patologías que porta el trabajador son inculpables. En este marco, denuncia absurdo en la valoración de la prueba pericial.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 129.775, "Guimaraes", resol. de 14-III-2023), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
Luego, y a propósito de los argumentos desplegados por el impugnante en su presentación, es preciso afirmar que no se encuentra involucrada -como denuncia- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento de la impugnación sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478). Tampoco las genéricas manifestaciones que aluden a la eventual configuración de un supuesto de gravedad institucional, así efectuadas, lucen hábiles para que el recurso se analice en su más amplio marco de revisión.
III.2. Sentado ello, y respecto del planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015; L. 124.765, "Trescher", resol. de 23-IX-2020 y L. 131.317, "Martínez", resol. de 26-XII-2023).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los artículos 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014; L. 118.542 "Holzman", resol. de 10-XII-2014; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020 y L. 131.317, cit.).
III.3. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, corresponde señalar que la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, por cuanto mediante la denuncia de violación de doctrina legal el impugnante trae a consideración cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado, detraídas de la revisión en el acotado marco en que se examina el recurso, tales como son la valoración del material probatorio y la determinación de la existencia de nexo causal entre la enfermedad que padece el trabajador y las tareas cumplidas para su empleador (causas L. 118.554, "Martín", resol. de 15-IV-2015; L. 119.628, "Blaiotta", resol. de 30-III-2016; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020 y L. 130.199, "Carmona", resol. de 7-IX-2023).
III.4. Tampoco abastece dicho cometido la denuncia de precedentes relacionados con la configuración del vicio de absurdo, pues resultan inhábiles a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo enunciado (causas L. 121.929, "Arrua", resol. de 27-II-2019; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021 y L. 130.366, cit.).
III.5. Por lo demás, cuadra memorar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022 y L. 128.892, "Moreno", resol. de 19-IX-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2024 19:36:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/04/2024 09:15:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2024 14:40:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2024 19:15:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2024 08:27:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/04/2024 10:19:07 hs. bajo el número RR-275-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia