Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130285
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.285, "Giménez, Gerardo contra Provincia ART y otro. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Soria, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 17-XI-2022).
Se dedujo, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-XII-2022).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Gerardo Giménez y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557, como consecuencia de las secuelas incapacitantes derivadas de la enfermedad profesional que contrajo. Por otro lado, rechazó la acción deducida en cuanto reclamaba una reparación integral con sustento en el derecho común (v. pronunciamiento electrónico de fecha 17-XI-2022).
Para así decidir, juzgó acreditado que como consecuencia de las tareas que desarrollara como soldador en el Astillero Río Santiago, el actor padece una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 16,45% del índice de la total obrera, cuya toma de conocimiento se produjo el día 20 de abril de 2005 (v. vered., cuarta y quinta cuestión).
Luego, en la etapa de sentencia, puesto a calcular el ingreso base mensual (IBM), declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, disponiendo que la liquidación de la prestación establecida en el citado art. 14, inc. 2, apartado "a" se practicase con arreglo al salario mínimo vital y móvil vigente al mes de octubre de 2022.
Asimismo, tras advertir que el resultado superaba el tope establecido en el decreto 1.278/00, procedió a declarar también su inconstitucionalidad, por hallarse en pugna con los arts. 14 bis de la Constitución nacional, 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y 31 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, y los principios de solidaridad y justicia social, fundamentos enunciados en los precedentes "Vizzoti", "Aquino", "Milone", "Mansilla" y "Pérez" -entre otros- de la Corte nacional.
A partir de ello, hizo lugar -como se anticipó- al reclamo por el pago de las prestaciones por incapacidad laboral parcial y permanente previstas en dicho régimen legal, condenando al Fisco de la Provincia de Buenos Aires -en su carácter de empleador autoasegurado- a abonar al actor el importe de $594.492,71 (53 x $54.550 x 16,45% x 65/52).
Finalmente, y toda vez que la suma indemnizatoria reconocida al actor se determinó a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, el tribunal de grado aplicó intereses -desde el día de la primera manifestación invalidante y hasta el dictado de la sentencia- a una tasa "pura" del 6% anual, arribando a un monto total de condena de $1.147.370,93.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 12 de la ley 24.557; 166 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 5-XII-2022).
II.1. Se agravia porque el tribunal de origen declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y, a partir de ello, calculó el ingreso base mensual considerando el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha de la sentencia.
Al respecto, afirma que la decisión del tribunal deviene arbitraria en tanto los fundamentos invocados en ella son meramente aparentes y conjeturales.
Alega que, sin perjuicio de que en la especie no se advierte cual es la real afectación que le produce a la parte actora la aplicación de dicha norma, la misma no resulta violatoria de la Constitución nacional. En tal sentido, sostiene que la proyección de alguna limitación en materia de responsabilidad (cuantitativa o cualitativa), mientras no resulte discriminatoria, no afecta en su esencia ninguna garantía constitucional.
De este modo, señala que el juzgador de grado, al considerar la prestación dineraria de la ley 24.557 como una "deuda de valor", se arrogó injustificadamente la facultad que le corresponde al legislador de estipular una fórmula indemnizatoria en la que los rubros que componen el salario para liquidar el ingreso base mensual lo sean a valores "históricos".
En tal sentido, argumenta que la reparación tarifada de la ley sistémica alude a obligaciones dinerarias que se basan en el principio nominalista.
Plantea que el fallo de grado transgrede lo establecido por las leyes 23.928 y 25.561, que prohíben la indexación de los créditos.
Explica que no resulta inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos a consecuencia de un infortunio del trabajo, en la medida que sea razonable. Ello no constituye una discriminación arbitraria o efectuada con una finalidad persecutoria, pues la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica. Agrega que el control de constitucionalidad de las leyes que incumbe a los jueces no implica la posibilidad que se sustituyan a los órganos gubernamentales y aduce que lo resuelto le causa gravamen por cuanto se la condena más allá del límite por el que se obligó contractualmente conforme la ley vigente.
II.2. Reitera que lo decidido por el a quo resulta arbitrario dado que sin justificación legal alguna se aparta del ingreso base mensual que corresponde a la fecha de la primera manifestación invalidante (esto es, $3.467,81) para desplazarlo por un importe obtenido del Consejo del Salario Mínimo Vital Móvil para el mes de octubre de 2022 ($54.550), pauta salarial ajena a la fórmula de cálculo legal.
A su vez, objeta la decisión de adicionarle al capital actualizado un interés puro del 6% ($552.878,22) desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la del dictado de la sentencia, arrojando un importe total de $1.144.322,07.
En tal sentido, afirma que dicho quantum indemnizatorio resulta irrazonable e ilegal, por cuanto se estaría actualizando el crédito laboral doblemente.
Manifiesta que el sentenciante de grado, además de haberse apartado de la normativa vigente a la fecha de la primera manifestación invalidante, ha violentado la legislación que prohíbe la capitalización y actualización de los créditos (ley 23.928 y modificatoria ley 25.561).
De este modo, expresa que luce evidente la insuficiencia de la decisión en cuanto, bajo el amparo de principios de equidad e indemnidad que resultan injustificables, efectuó en forma dogmática una adecuación indemnizatoria ajena a la fórmula dispuesta por el legislador.
III. El recurso no prospera.
III.1. El valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010). Por tal razón, la admisibilidad del remedio procesal deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55, primer párrafo, in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 128.836, "Morinigo", resol. de 21-X-2022; L. 127.782, "Marino", sent. de 30-V-2023; L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.2.a. Sin embargo, no puede soslayarse que la crítica dirigida a objetar la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 involucra el análisis de una cuestión federal.
III.2.b. Al respecto, ha declarado esta Corte que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, como órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, tal aspecto de la impugnación habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2.c.i. En el caso, el tribunal tuvo por acreditado (v. vered., sexta cuestión), que el ingreso base mensual calculado conforme el art. 12 de la ley 24.557 ascendía a $3.467,81, mientras que el salario mínimo vital y móvil correspondiente al mes de octubre de 2022 era de $54.550 (conf. resolución 11/22).
De su cotejo, concluyó que el mencionado ingreso base no llegaba al 10% de la pauta mínima vigente en la fecha señalada. De este modo, juzgó irrazonable la diferencia que surgía de ambos guarismos y consideró pertinente efectuar -de oficio- el control de constitucionalidad y convencionalidad del precepto citado.
A esos fines, estimó necesaria la aplicación de los principios emanados del fallo "Ascua" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde -dijo- se estableció que la indemnización especial de los daños laborales debe -al menos- alcanzar a cubrir la pérdida de ganancias provocada por el infortunio, estándar que no encuentra satisfacción de aplicarse literalmente la preceptiva legal en su primigenia versión.
Manifestó que resultaba necesario asegurar a la víctima de un infortunio laboral la tutela judicial efectiva (conf. art 15, Const. prov.) a través de una reparación justa.
Asimismo, destacó lo resuelto por esta Suprema Corte en las causas L. 120.485, "Medina" y L. 120.648, "Amaya" (sents. de 31-VIII-2021) y L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021), en cuanto a la base salarial desactualizada que se deriva de la aplicación de la aludida norma.
Sobre esos lindes, indicó que, en el caso, lucía evidente la irracionabilidad de sostener el ingreso base conforme los parámetros fijados en el art 12 de la ley 24.557.
Enfatizó que la norma examinada había sido sancionada en un contexto de convertibilidad de la moneda y estabilidad de precios y salarios, situación completamente diferente a la existente en la actualidad, lo que -expresó- impedía mantener una solución legal, sin incurrir en una injusticia contraria a los principios protectorio y de justicia social imperantes en el derecho del trabajo.
Siguiendo esos lineamientos, manifestó que no podía soslayarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había declarado en el precedente "Lucca de Hoz" que las fórmulas indemnizatorias que consagra la Ley de Riesgos del Trabajo no se adecuaban a los lineamientos constitucionales, porque habían negado, a la hora de proteger la integridad psíquica, física y moral del trabajador, la consideración plena de la persona humana y los imperativos de justicia de la reparación seguidos por la Constitución nacional.
Por todo ello, definió que correspondía en el caso concreto declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, en lo relativo al período computable para calcular el ingreso base mensual, y determinar su valor con arreglo al salario mínimo vital y móvil vigente al mes de octubre de 2022.
III.2.c.ii. Ante estas definiciones, se revela nítido que la crítica que formula el interesado deviene infructuosa.
Ello, por cuanto el impugnante no se ocupa de rebatir -como es menester- todas y cada una de las razones que condujeron al tribunal de grado a resolver este aspecto de la controversia y descalificar constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557.
Es evidente la deficiencia técnica del embate, habida cuenta que, de conformidad con conocida doctrina de este Tribunal, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denota un desencuentro con los argumentos del pronunciamiento apelado, evidenciando un ataque parcial a los fundamentos del fallo y soslayando la referencia a otros que, siendo esenciales por sí mismos, otorgan a aquel debido sustento (causas L. 119.085, "Olguín", sent. de 30-VIII-2021; L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; e.o.).
En efecto, sin aportar fundamentos concluyentes en sostén de sus alegaciones, el compareciente únicamente formula consideraciones genéricas, tales como: la hipotética inobservancia de derechos constitucionales, la falta de adecuación de los antecedentes jurisprudenciales utilizados en el fallo de grado y la ausencia de demostración del perjuicio en el trabajador.
Tampoco resulta útil la cita del tramo de los precedentes B. 64.953, "Ithurrart" (sent. de 15-VII-2015) y B. 58.475, "Petrini" (sent. de 16-IV-2014), realizada por el interesado, en tanto la misma no se corresponde con la doctrina legal, en los términos y con los alcances en que esta ha sido definida por la Suprema Corte, sino que refiere la opinión personal de uno de sus ministros.
Finalmente, cuadra señalar que la sola denuncia del vicio de absurdo carece de idoneidad si no se lo demuestra a través de una correcta y concreta argumentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones insostenibles o inconciliables con las constancias de la litis (causas L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; L. 126.591, "D’Onofrio", sent. de 27-III-2023 y L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023).
III.3. Por otro lado, y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado, corresponde analizar el restante agravio vinculado con el quantum indemnizatorio en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo, última parte de la ley 11.653.
Desde esta perspectiva de análisis, el embate luce inadmisible, en tanto carece de toda denuncia tendiente a evidenciar el supuesto habilitante, es decir, la eventual violación de la doctrina legal de este Tribunal (causas L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-X-2020; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023; L. 127.429, "Sack", sent. de 23-VIII-2023; e.o.).
Adicionalmente, he de recordar que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 125.959, "Guinski", sent. de 27-X-2022; L. 125.939, "Ostertag", sent. de 27-III-2023; L. 127.290, "Carbone", sent. de 10-IV-2023; e.o.).
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Observando que el recurrente evidencia la presencia de una cuestión federal en la crítica dirigida a objetar la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, comparto lo dicho por mi distinguido colega doctor Genoud en los puntos III.1., III.2.a. y III.2.b. de su sufragio.
I.2. Luego, adhiero a lo expuesto en los puntos III.2.c.i y III.2.c.ii del voto inaugural en cuanto, en razón de su insuficiencia, debe desestimarse el cardinal cuestionamiento que contiene el medio de impugnación.
I.3. En orden al restante agravio, adhiero sin más a lo afirmado por el ponente en el punto III.3. de su opinión.
II. Con lo expuesto, suscribo la solución propuesta en el punto IV. del voto emitido en primer término.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/04/2024 15:13:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/04/2024 10:14:05 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2024 13:02:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 19:06:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2024 08:21:58 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/04/2024 12:15:40 hs. bajo el número RS-37-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia