Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131155
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la demandada articulada por el señor Gustavo Javier Torres contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. -continuadora de Mapfre Argentina Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.-en la que procuraba el cobro de una indemnización derivada de las enfermedades profesionales que alegó padecer (v. pronunciamiento de fecha 8-VI-2023).
Para así decidir, juzgó que, a la fecha de la primera manifestación invalidante de las enfermedades profesionales reclamadas por el actor, su empleadora Transportes 25 de mayo S.R.L. no contaba con un contrato de afiliación vigente con Mapfre Argentina Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. En este contexto, y en virtud de los términos en que quedó trabada la litis, concluyó que la citada aseguradora -y su continuadora Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.- no estaban obligadas a responder en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo, por lo que la acción incoada carecía de causa legal que la sustente.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 27-VI-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 30-VI-2023).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina legal que invoca violadas.
En primer lugar, con denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 47 de la ley 11.653, alega que el fallo resulta nulo por cuanto en el veredicto y en la sentencia se omitió indicar la fecha y lugar donde fueron dictados.
Luego, alega absurdo en la interpretación del escrito de demanda, concretamente respecto del verdadero planteo que allí se formuló, como así también en la apreciación de las pruebas, a la par que cuestiona el rechazo de la acción e impugna la determinación de la fecha de la primera manifestación invalidante dispuesta en el pronunciamiento.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone señalar que si bien le asiste razón al compareciente en cuanto a que el veredicto y la sentencia que se atacan carecen de la fecha y de la indicación del lugar en que se dictaron, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653, cierto es, que tales defectos constituyen falencias de forma que no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento (causa L. 121.618, "Quiroga", resol. de 30-V-2018).
III.2. Aclarado ello, corresponde destacar que el valor de lo cuestionado -representado por el importe reclamado en la demanda que ha sido rechazada- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141- sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021 y L. 128.979, "Gómez", resol. de 10-XI-2022), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.040, "Jofré", resol. de 7-IX-2023).
Asimismo, no ha expuesto el impugnante razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 120.108, "Campo Dell'Orto", resol. de 12-VII-2017; L. 125.836, "Espinoza", resol. de 6-XI-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.443, "Sosa", resol. de 29-VI-2022). Tampoco las genéricas manifestaciones que aluden a la eventual configuración de un supuesto de gravedad institucional o la definición sobre el derecho de fondo aplicable, así efectuadas, lucen hábiles para que el recurso se analice en su más amplio marco de revisión.
Para más, corresponde dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los citados arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 123.904, "González", resol. de 18-XII-2019 y L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020).
III.3. Ahora bien, resultando indudable la insuficiencia del valor del litigio, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.079, "Aranda" y L. 125.380, "Martínez", resols. de 21-XII-2020 y L. 127.097, "Ayala", resol. de 30-VIII-2021).
III.4. Realizado entonces el examen conforme los lineamientos antes enunciados, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que las doctrinas que se invocan como violadas -además de haber sido elaboradas sobre presupuestos fácticos disímiles a los del caso en juzgamiento- se hallan relacionadas a cuestiones de hecho y prueba, vinculadas a la interpretación del escrito de demanda, la valoración de las constancias de la causa y la determinación de la fecha de la primera manifestación invalidante, resultando en consecuencia inhábiles a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo ut supra referido (causas L. 105.399, "G., S.", sent. de 14-III-2012; L. 102.278, "S., J.", sent. de 15-VIII-2012; L. 118.965, "Martínez", resol. de 25-X-2015 y L. 125.165, "Zitelli", resol. de 20-XI-2020).
III.5. Además, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.055, "Mier", resol. de 10-IV-2023).
III.6. Finalmente, cabe memorar que la eventual infracción del art. 171 de la Constitución provincial resulta impropia del recurso en tratamiento (causas L. 107.349, "Restaine", sent. de 10-VII-2011; L. 120.993, Flamenco, resol. de 20-XII-2017 y L. 124.859 "Gonzalez", resol. de 28-VIII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/04/2024 15:11:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/04/2024 10:13:45 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2024 13:02:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 19:04:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2024 08:20:51 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/04/2024 12:16:31 hs. bajo el número RR-319-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia