Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131635
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Mariano Gustavo Morando y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias establecidas en el art. 14 apdo. 2.a. de la ley 24.557 y adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773 (v. vered. y sent. de 26-IX-2023).
Para así decidir, tras evaluar los elementos probatorios agregados a la causa, juzgó acreditada la relación de causalidad existente entre la disminución de su capacidad laboral derivada de las afecciones que padece y el desempeño de sus tareas prestadas a favor de Ingredion Argentina S.A.
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 18-X-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 26-X-2023).
En su presentación, cita las normas que considera transgredidas en el fallo impugnado.
En sustancia, se agravia de la conclusión de grado que declaró acreditada la relación de causalidad entre las dolencias incapacitantes que padece el actor y su actividad laboral. Bajo la denuncia de absurdo, cuestiona la apreciación del informe pericial médico.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene dicho esta Corte que determinar la existencia o no de relación causal o concausal entre el trabajo realizado y el daño resultante, así como valorar el material probatorio aportado al proceso constituyen el ejercicio de una atribución privativa de los jueces que integran los tribunales de trabajo, y, por ende, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo que debe ser eficazmente demostrado (causas L. 118.092, "Molina", sent. de 30-V-2018; L. 119.926, "Sívori", sent. de 10-IV-2019 y L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018; L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
La crítica se estructura sobre la base de la distinta significación que la recurrente les atribuye a los elementos probatorios de la causa, en particular, al informe pericial médico obrante en autos. Así, por conducto de su propia opinión en orden a la entidad convictiva que, a su juicio, correspondería asignarle a la referida experticia, la impugnante no consigue descalificar la labor axiológica del juzgador, pues el recurso sólo refleja una mera contraposición de criterios con el razonamiento empleado en el fallo de grado, revelando su insuficiencia para demostrar el excepcional yerro valorativo invocado (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017; L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019).
En efecto, limitándose a señalar supuestas falencias en la evaluación realizada por el sentenciante, pretende, en definitiva, hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador de grado en lo que atañe a la facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso, método inapropiado para evidenciar el grave error denunciado.
En suma, la impugnante tan sólo se limita a exponer su propio análisis acerca del modo en que debió haber sido resuelta la controversia respecto a la determinación de la minusvalía laborativa del actor, sin profundizar un concreto y eficaz ataque a las definiciones que impugna, que, en consecuencia, permanecen incólumes (causas L. 118.715, "Avanzi", sent. de 24-V-2016; L. 119.914, "A., D. A", sent. de 22-VI-2020 y L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/07/2024 13:27:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/07/2024 10:36:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/07/2024 10:44:10 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2024 10:13:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/07/2024 09:37:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/07/2024 12:57:02 hs. bajo el número RR-837-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia