Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131077
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por la señora Lorena Paola Gutiérrez en representación de su hija D.E. y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo con motivo del fallecimiento del señor Jonatan Daniel Espinoza (quien fuera padre de la menor) producido como consecuencia de una enfermedad contraída en el ámbito laboral. Impuso las costas a la accionada. También juzgó que esta última obró con temeridad y malicia, por lo que correspondía aplicar la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. pronunciamiento de 14-XII-2022).
II. Contra dicha decisión, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 1-II-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 27-VI-2023), habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen de 4-III-2024).
En su presentación, cita las normas que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
En sustancia, se agravia de la imposición de la sanción por temeridad y malicia prevista en el art. 275 de la ley 20.744. Alega, en ese orden, que en el caso no se configuraron los presupuestos de aplicación de la norma. Sostiene que la conducta de la accionada –contrariamente a lo afirmado por el juzgador- no ha sido obstruccionista, dilatoria ni dañosa, para que pudiera dar sustento a la condena.
Finalmente, controvierte la imposición de las costas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe señalar que el análisis de los presupuestos vinculados a la conducta obstruccionista o dilatoria a los que hace mención el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, remite inequívocamente al examen de cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya ponderación resulta privativa de los jueces de grado y ajenas -por regla- a esta casación, salvo denuncia y acreditación de absurdo (causas L. 112.631, "Borchi", sent. de 17-IV-2013; L. 117.358, "Isa", sent. de 26-III-2015 y L. 117.464, "Ruggeri", sent. de 20-XII-2017).
Ello exige la verificación de un error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018; L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020 y L. 121.958, "Lamuraglia", sent. de 7-IX-2023).
III.2. En el caso, el órgano judicial de grado expresó que, sin perjuicio del derrotero que se desencadenara ante la ausencia de acreditación del carácter de causahabiente de la señora Gutiérrez, la Aseguradora adoptó una actitud ausente de diligencia y contraria al principio de buena fe. En tal sentido, puntualizó que esta última no negó el fallecimiento del señor Espinoza como consecuencia de la enfermedad profesional, ni la existencia de su hija como causahabiente, sin embargo, a pesar de ello, hizo caso omiso al cumplimiento de sus obligaciones legales a fin de satisfacer el crédito en sede administrativa.
En ese marco, para el a quo la accionada actuó, teniendo conciencia de su propia sinrazón, en desmedro de los derechos de la menor, oponiendo defensas incompatibles e inconsistentes en su responde, conducta que – a criterio del juzgador- resultó temeraria y maliciosa en los términos del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, razón por la cual la condenó a pagar una vez y media la tasa que cobren los bancos oficiales para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales, desde la fecha del deceso del señor Espinoza hasta su depósito en autos.
III.2.a. Esta esencial conclusión del fallo no logra ser conmovida por la impugnante, quien no cumple con la carga de acreditar el vicio de absurdo, pues su presentación transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento, sistema que resulta insuficiente para conmover la decisión impugnada.(causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020 y L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020),
En efecto, la interesada, siguiendo el hilo de sus propias reflexiones, se desentiende del examen que realizó el órgano judicial de grado respecto de la actuación que cumplió la aseguradora demandada y que lo condujo a aplicarle esa penalidad en las concretas circunstancias del caso, reprochándole la actitud que asumió frente al preciso reclamo que constituyó el objeto de las presentes actuaciones y el incuestionable carácter de causahabiente que reviste la hija del trabajador fallecido, sin perjuicio de la eventual legitimación de su madre para accionar por su propio derecho, y en ese contexto, juzgó constitutiva de la conducta penalizada por el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
De ese modo, el recurso no logra aportar elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019; L. 120.802, "Mandagaran", sent. de 28-VIII-2019 y L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023).
Cabe recordar, por lo demás, que no constituye absurdo cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 119.489, "Navarro", sent. de 21-VI-2017, L. 121.265, "Ojeda", sent. de 6-X-2020 y L. 122.160, "Reggiani", sent. de 14-III-2024), extremos que -como se explicó- la recurrente no logró demostrar.
III.2.b. En otro orden, respecto al monto determinado en razón de la condena por temeridad y malicia, el simple cotejo que realiza la impugnante de la suma que resulta de la aplicación de la sanción con relación al capital de condena, así como las imprecisas manifestaciones que aluden a su eventual desproporcionalidad no constituyen una crítica hábil para acreditar que el sentenciante se hubiera apartado de lo regulado en el ya citado art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.3. Por último, en relación al cuestionamiento vinculado a la condena en costas, cabe recordar que su imposición, distribución, así como su eximición es, como regla, una facultad privativa de los jueces de grado y -como tal- no revisable en casación, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 120.185, "Rezzónico", sent. de 19-IX-2018; L. 121.299, "Bernoi", sent. de 29-IV-2020 y L. 126.528, "Aieta", resol. de 7-III-2022), vicio que, en esta parcela del escrito recursivo, no denuncia la recurrente y que determina, sin más, la desestimación de la crítica.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/07/2024 13:22:06 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/07/2024 14:36:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:46:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2024 21:56:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2024 09:00:12 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/08/2024 11:30:20 hs. bajo el número RR-914-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia