Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132259
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Necochea hizo lugar a la demanda promovida por el señor Javier Oscar Biondo y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de prestaciones derivadas de la ley 24.557, juzgando aplicable al caso las disposiciones del decreto 669/19 (v. veredicto de fecha 7-II-2024 y sentencia de fecha 23-II-2024).
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 12-III-2024), el que fue concedido por el tribunal de grado (v. resol. del 15-III-2024).
En su presentación se agravia de la decisión del tribunal de grado con arreglo a la cual se estableció el ingreso base mensual aplicando retroactivamente el decreto 669/19. Alega también, la infracción al principio de congruencia, a cuyo fin menciona los precedentes que entiende transgredidos en la materia.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el monto obtenido como resultado de la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de las prestaciones que ordenó el a quo y el pretendido por la recurrente- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso- (causas L. 120.946, "Haal", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020 y L. 129.060, "Almada", resol. de 30-V-2023).
III.2. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021 y L. 130.197, "Quintana", resol. de 7-IX-2023).
III.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto de los cuestionamientos que porta el recurso dirigidos a objetar la aplicación del decreto 669/19, desde que la doctrina legal invocada por la recurrente en apoyo de su pretensión ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020; L. 107.939, "Melgar", sent. de 12-II-2021 y L. 131.179, "Cardozo", resol. de 20-VIII-2024).
III.4. Por otra parte, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco en el que se examina la vía extraordinaria en tratamiento (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.276, "Casco", resol. de 29-XI-2022 y L. 130.320, "Díaz", resol. de 7-IX-2023).
III.5. Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 128.586, "Arana", resol. de 15-VI-2022; L. 128.521, "Bruzzo", resol. de 29-VI-2022 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.4.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021; L. 129.382, "Moura", resol. de 22-XI-2022 y L. 127.329, "Niz", resol. de 8-V-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/10/2024 13:10:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/10/2024 12:00:07 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2024 18:24:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2024 17:17:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2024 08:48:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/10/2024 10:49:33 hs. bajo el número RR-1290-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia