Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128224
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.4. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte el fallo que corresponda.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.224, "Medina, Jesús Nicandro contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, por mayoría, rechazó la excepción de incompetencia opuesta por el Fisco provincial y asumió jurisdicción para entender en la presente causa, imponiendo las costas a la demandada (v. pronunciamiento de fecha 17-VI-2021).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11-VII-2021), el que denegado por el órgano de grado (v. resolución de fecha 11-XI-2021), fue concedido por esta Corte al resolver la queja incoada (v. presentación de 24-XI-2021 y resolución de fecha 23-V-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1.a. El señor Jesús Nicandro Medina promovió demanda contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires en procura del cobro de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, con motivo de la incapacidad que denuncia padecer como consecuencia de las enfermedades profesionales que -a su entender- tienen origen en las tareas realizadas (v. presentación de fecha 26-VI-2020).
En lo que interesa, en su libelo inicial expresó que es portador de una afección columnaria -a nivel cervical y lumbar- y várices (v. demanda, punto IV, págs. 6/7). En la documental allí adjunta, acompañó constancias de su paso por la Comisión Médica n° 11 de La Plata, que con fecha 6 de noviembre de 2019 dictaminó rechazando por inculpable la patología de várices, confirmando el dictamen de la aseguradora de riesgos del trabajo.
I.1.b. Al contestar la demanda, la representación fiscal expuso que, si bien el señor Medina dice haber realizado la denuncia por el sufrimiento tanto de lumbalgia, cervicalgia e insuficiencia venosa, lo cierto es que de la documental obrante en autos surge que sólo lo hizo respecto de la última (várices). De modo tal que -plantea- queda en evidencia que con relación a las restantes (lumbalgia y cervicalgia) que aquí reclama no ha acudido a la instancia administrativa previa y obligatoria (v. presentación electrónica de fecha 29-III-2021, punto IV).
Alegó que ello evidencia que este último reclamo deviene prematuro, puesto que no se verifican los presupuestos que habilitarían la intervención de un tribunal de justicia. En este sentido, sostuvo que el demandante debió efectuar la denuncia correspondiente (como lo hizo respecto a la insuficiencia venosa) y continuar el camino previsto en la legislación vigente, mas no acudir directamente a la vía judicial, la que no se encontraba expedita. Tal circunstancia impone -a su entender- el progreso de la defensa de incompetencia material opuesta.
I.1.c. Al responder el traslado del art. 29 de la ley 11.653 -aplicable al caso-, la parte actora solicitó el rechazo de las excepciones planteadas y la declaración de inconstitucionalidad de la ley 27.348 y del decreto 54/17 (v. presentación electrónica de fecha 26-IV-2021).
I.2. A la hora de resolver, el tribunal de grado -como anticipé- declaró, por mayoría, la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los arts. 8 inc. 3, 21 y 22 de la ley 24.557; 1, 2, 3 y 4 de la ley 27.348 y 1 de la ley 14.997. Asimismo, decretó de oficio la del art. 2, inc. "j" de la ley 15.057. En consecuencia, rechazó la excepción de incompetencia material opuesta por la parte demandada y asumió su aptitud jurisdiccional para entender en las presentes actuaciones (v. pronunciamiento de fecha 17-VI-2021).
Para así decidir, sostuvo inicialmente que resultaban temporalmente aplicables al caso las disposiciones de las leyes 27.348 y 14.997, atento la fecha en que el reclamante de autos denunció haber tomado conocimiento de la incapacidad derivada de la enfermedad denunciada, esto es, en el mes de julio de 2019.
No obstante, juzgó que dicha normativa resultaba inconstitucional, sin que lograra conmover tal decisión lo resuelto por esta Suprema Corte en el precedente L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020).
También declaró de modo oficioso la inconstitucionalidad del art. 2, inc. "j" de la ley 15.057 porque juzgó -en lo sustancial- que el plazo de caducidad allí previsto resulta contrario a las garantías constitucionales.
II. Frente a lo resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11-VII-2021), el que habiendo sido denegado por el órgano de grado (v. resolución de fecha 11-XI-2021), fue concedido por esta Suprema Corte tras hacer lugar a la queja incoada (v. presentación de 24-XI-2021 y resolución de fecha 23-V-2022).
II.1. En la pieza recursiva denuncia que la decisión del juzgador de origen se consumó con palmario apartamiento de la doctrina legal que surge de la citada causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) y posteriores (causas L. 124.309, "Delgadillo" y L. 123.792, "Szakacs", sents. de 28-V-2020), en las cuales -indica- este Superior Tribunal sentó criterio sobre la validez constitucional de la ley provincial 14.997, de adhesión a la ley nacional 27.348, convalidando el tránsito previo del trabajador por ante las comisiones médicas para los casos de contingencias contempladas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Además, según refiere, esta Suprema Corte destacó la decisiva gravitación de los arts. 2, inc. "j" y 103 de la ley provincial 15.057 para reconocer validez a dicho régimen procesal.
II.2. Por otro lado, se agravia de la declaración de inconstitucionalidad de oficio del aludido art. 2, inc. "j" de la mencionada ley 15.057, alegando que al decidir como lo hizo, el tribunal de grado, refiriéndose a la operatividad del citado precepto, teorizó sobre cuestiones que no se compadecen con las constancias de la presente causa.
III. El recurso prospera.
III.1. De manera preliminar, cabe destacar que al resolver la queja deducida por el interesado (v. escrito electrónico de fecha 24-XI-2021), este Tribunal equiparó a definitiva la decisión bajo censura -en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial- por considerar que, dado su contenido, se pronunciaba sobre cuestiones sobre las que no cabía la posibilidad de un replanteo posterior (v. resol. de fecha 23-V-2022).
III.2. Ello así, cabe señalar que, en los presentes autos, la cuestión a dirimir quedó definida por la aptitud jurisdiccional del órgano de grado para entender en el asunto a la luz de las normas aplicables; y es precisamente la solución brindada por la mayoría del tribunal de origen a la hora de desplazar su aplicación la que ahora la recurrente pone en tela de juicio.
Desde esta perspectiva, no cabe sino señalar que los agravios planteados en el recurso bajo examen hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), L. 123.792, "Szakacs", L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020) -cuya violación, conforme se desprende de la reseña efectuada, se invoca en la impugnación-; y L. 121.895, "Orellana" (sent. de 17-VI-2020), entre otras, en lo vinculado a la aplicación temporal y validez constitucional de las leyes 14.997 y 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
Lo dicho sella, sin más, la suerte favorable de esta parcela del remedio traído.
III.3. En otro orden, dados los términos en que se planteó la incompetencia material por el Fisco provincial -ceñida a que el actor, en su paso por la instancia administrativa previa, no denunció algunas dolencias (lumbalgia y cervicalgia) que sí incluyó en la demanda- es evidente que, como se señala en el recurso extraordinario, el abordaje y declaración de invalidez constitucional del plazo de caducidad previsto en el art. 2, inc. "j" de la ley 15.057 -que, por el contrario, parte de la hipótesis de que las dolencias fueron sometidas a conocimiento de las comisiones médicas, diseñando la forma en que los interesados pueden cuestionar judicialmente las conclusiones de esos organismos- devino, en el caso, inatingente.
De tal modo, y sin que corresponda ingresar en el tópico vinculado a la potestad de ejercer el control oficioso de constitucionalidad de las normas, ni tampoco evaluar el acierto sustancial de tal declaración, procede dejar sin efecto este tramo de la decisión por derivación de la doctrina de esta Suprema Corte que consigna que el tratamiento de cuestiones abstractas es impropio de la judicatura (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 7-VIII-2011; L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015; L. 117.775, "J., Q. F.", sent. de 29-III-2017 y L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021).
Y es que, como reiteradamente ha dicho este Tribunal, la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del ordenamiento jurídico (causas L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023; L. 126.540, "Rodríguez", sent. de 10-IV-2023; L. 128.423, "Carballo", sent. de 4-X-2023; L. 126.859, "Moreno", sent. de 23-XI-2023; e.o.).
III.4. Por lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad de las normas jurídicas que disponen el tránsito previo y obligatorio ante las comisiones médicas en el marco del régimen de riesgos del trabajo, cuya validez constitucional se declara, dejándose -asimismo- sin efecto lo decidido respecto del plazo de caducidad previsto en el art. 2, inc. "j" de la ley 15.057.
Los autos deberán remitirse al órgano de origen para que, con diferente integración, resuelva la defensa de incompetencia material opuesta por la accionada a la luz de los planteos efectuados por las partes.
III.5. Finalmente, y en atención al contenido del fallo del Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, cabe recordar a los magistrados votantes que conformaron la mayoría que el acatamiento de la doctrina legal por parte de los jueces responde a la necesidad de mantener -conforme una de las facetas de la télesis de la casación- la uniformidad de la jurisprudencia, viéndose frustrada tal finalidad frente a decisiones que -como la presente- se apartan del criterio sentado por esta Suprema Corte, con el consecuente dispendio de actividad jurisdiccional y tiempo para las partes litigantes que reclaman justicia (arts. 34, inc. 5 "e", 63, ley 11.653 y 15, Const. prov.). Ello no importa menoscabar su función, pues les basta -en todo caso- con dejar a salvo sus opiniones personales.
IV. En virtud de las consideraciones que anteceden, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar el pronunciamiento de grado con los alcances expuestos en el punto III.4. y, en consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, dicte el fallo que corresponda.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Comparto lo señalado por mi distinguida colega doctora Kogan en su voto, en cuanto pone de relieve que el recurrente ha logrado evidenciar que el pronunciamiento de grado viola la doctrina sentada por este Tribunal en las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020).
I.2. Luego, en lo referido a lo juzgado por el a quo acerca del plazo de caducidad previsto en el art. 2, inc. "j" de la ley 15.057, más allá de las reflexiones que pudiesen caber en orden a los argumentos que brindó para declarar de oficio la inconstitucionalidad de aquella norma y -todavía- en lo tocante a la constitucionalidad misma del precepto procesal, lo cierto es que al proceder de ese modo, arribó a conclusiones que no encuentran arraigo en el expediente, al menos en el estado en que ha arribado a esta sede casatoria. Es que de soslayarse, además, que se apartó de su propia lógica contraria a la validez del procedimiento administrativo previo ante las comisiones médicas, el tribunal laboral se expidió sobre el citado precepto legal sorteando indebidamente -como lo indica mi colega en el primer párrafo del punto III.3. de su opinión- todo examen orientado a dar respuesta a lo alegado por la accionada en relación con las afecciones columnarias denunciadas y su supuesta falta de sometimiento al mentado tránsito administrativo obligatorio.
II. Con todo, suscribo lo expuesto por la ponente en los puntos III.4., III.5. y IV de su sufragio.
Costas del recurso y de la queja a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan , votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.4. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte el fallo que corresponda.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/10/2024 11:24:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/10/2024 09:45:30 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2024 12:32:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2024 10:44:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2024 08:40:55 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 28/10/2024 10:08:29 hs. bajo el número RS-88-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia