Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132108
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda incoada por el señor Walter Darío Parzon -continuada, tras su fallecimiento durante el curso del proceso, por sus herederos Beatriz Lilian Marano y Adrián Darío Parzon- contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Aguas Bonaerenses S.A., en procura del cobro de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas de una enfermedad profesional que denunció padecer (v. pronunciamiento de fecha 1-XII-2023).
Para así decidir, y tras valorar la pericia médica efectuada en autos, el juzgador tuvo por no acreditado que la afección que padecía el actor guardara relación causal con el trabajo desarrollado para su empleador.
II. Frente a lo así resuelto, los legitimados activos dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 26-XII-2023), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de 27-XII-2023).
En su presentación, citan las normas y doctrina legal que consideran transgredidas en el fallo impugnado.
En sustancia, cuestionan la conclusión con arreglo a la cual el sentenciante descartó la existencia de nexo causal entre la minusvalía que afectaba al trabajador y las tareas cumplidas para su empleadora.
En ese orden, alegan una absurda valoración de las pruebas aportadas al proceso, especialmente el informe pericial médico.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resol. de 27-XII-2023), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 130.189, "Asenjo", resol. de 01-XI-2023), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 130.284, "Silvero", resol. de 21-VI-2023 y L. 131.129, "Suarez", resol. de 15-IV-2024).
Asimismo, luce infructuoso el planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.268, "Senger", resol. 15-II-2023).
Además, resta recordar que este Tribunal tiene dicho que la obligatoriedad de la doble instancia judicial prevista en el art. 8 apdo. 2 inc. "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos está establecida como tal exclusivamente para el proceso penal, por lo que no puede ser extendida a los litigios laborales (causas L. 114.953, "Ledesma", resol. de 7-IX-2011; L. 106.055, "Pellejero", sent. de 14-XII-2011 y L. 130.417, "Benavidez", resol. de 1-XI-2023).
III.3. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la parte impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado, tales como son, la valoración de los hechos y el supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 125.912, "Melgar", resol. de 12-II-2021; L. 125.642, "Eseiza", resol. de 4-III-2021 y L. 132.135, "Frías", resol. de 27-IX-2024).
Tampoco se advierte configurado en la especie el supuesto habilitante, toda vez que las doctrinas citadas como infringidas en el escrito recursivo, han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gomez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.761, "Ramos", resol. de 4-III-2021 y L. 127.150, "Romano", resol. de 17-IV-2023).
III.4. De igual modo, no abastece dicho cometido la denuncia de precedentes relacionados con la configuración del vicio de absurdo, pues resultan inhábiles a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo enunciado (causas L. 121.929, "Arrua", resol. de 27-II-2019; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021 y L. 131.154, "Maldonado", resol. de 15-IV-2024).
III.5. Finalmente, es dable recordar que la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, la emanada de la Corte nacional y la que deriva de la opinión de los autores, no constituye doctrina legal en los términos señalados (causas L. 126.487, "González", resol. de 8-II-2021; L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021; L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021 y L. 131.346, "Maldonado", resol. de 3-VI-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/11/2024 14:27:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/11/2024 10:23:05 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/11/2024 09:53:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:26:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:50:49 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:06:49 hs. bajo el número RR-1416-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia